Beatriz García_/ Amapola Periodismo
Chilpancingo.- El miércoles pasado Rufina Benítez Crispín, de 78 años, murió. El diagnóstico, una complicación en los pulmones, pero principalmente fue la depresión que le causó no poder regresar a su casa, después de que hace tres años unas personas armadas, la sacaran junto a otros 1,000 pobladores más, de sus casas en la Sierra de Guerrero.
Rufina era originaria de Campo de Aviación, municipio de Leonardo Bravo. Era parte de las familias que el 11 de noviembre del 2018 se desplazó ante el temor de ser desaparecidos o asesinados por la llegada de personas armadas a su comunidad, quienes ahora deben ocupar sus casas.
El caso de Rufina y el de otros desplazados los tiene documentados el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), organización que les ha acompañado en su desplazamiento y en sus acciones y gestiones ante los gobiernos para que les den seguridad.
Rufina fue parte de los cientos de desplazados de la violencia en Leonardo Bravo y Zitlala que el 17 de febrero del 2019 se plantaron fuera de Palacio Nacional en la Ciudad de México, para exigir garantías de un retorno seguro a sus casas. Después de 38 días se retiró junto a sus compañeros, luego de firmar una minuta de acuerdos con el subsecretario de Derechos Humanos Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, que siguen pendientes.
“Poco a poco la señora Rufina fue cayendo en depresión a consecuencia de no poder regresar a su pueblo. Le dio una infección en los pulmones, su salud empeoró hasta que murió con la esperanza de regresar a su comunidad, sumándose a otras personas más que han corrido la misma suerte”, se lee en un texto que difundió Centro Morelos.
A las familias desplazadas les han prometido en varias ocasiones apoyos y ayuda, primero, para subsistir el tiempo fuera de sus casas, y segundo, que regresarán pronto; hasta fechas les han programado, y siguen en los mismos lugares donde se refugiaron.
Cuando los integrantes del Centro Morelos pidieron apoyo para los gastos funerarios de Rufina, la directora de la Comisión de Atención a Víctimas, María de los Ángeles Haces, dijo que para otorgar el apoyo era necesario demostrar que la muerte era a causa del mismo evento de violencia que le provocó el desplazamiento.
El argumento, supuestamente, lo basan en la Ley General de Víctimas, es decir, que la atención sólo es para las familias de víctimas de desaparición.
Para los defensores de derechos humanos del organismo es sabido que la depresión debilita las defensas, como en el caso de Rufina, y que cualquier enfermedad resulta mortal, que entonces, las autoridades siguen violentando sus derechos humanos.
Rufina no es la única desplazada que ha muerto. La información registrada por el organismo defensor de derechos humanos es que ya son cinco personas fallecidas, cuatro mujeres y un hombre. Dos de ellas murieron por Covid-19.
Además dos mujeres sufrieron un aborto, una a los ocho meses de embarazo y otra a los tres meses.
Durante esta pandemia, en total, 25 desplazados dieron positivo a la Covi-19, y el organismo gestionó atención médica.
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