Por Patricia Mayorga
Un grupo de alrededor de 50 familias desolazadas des hace dos años, por la violencia en los municipios de Moris y Uruachi, se plantaron de manera indefinida en un fraccionamiento que pertenecía a Pensiones Civiles del Estado en la ciudad de Cuauhtémoc, para exigir su derecho a la vivienda, después de haber perdido sus propiedades.
Víctor Quintana Silveyra, director de Comisión de Solidaridad y Defensa de Derechos Humanos (Cosydshac), dió a conocer que las familias desplazadas de manera forzada, solicitaron el apoyo de esa organización, porque la Comisión Estatal de la Vivienda, Suelo e Infraestructura del Estado de Chihuahua (Coesvi) en lugar de hacer trámites con las víctimas de desplazamiento, vendió los inmuebles a precios muy bajos a una constructora privada.
Las personas manifestantes anunciaron que se quedarán en el fraccionamiento hasta que las autoridades les den una solución.
En el inicio del plantón estuvo presente en calidad de observador, el visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Eddy Fernández Mancinas, quien dio a conocer al medio Reporte Cuauhtémoc, que hasta ahora tienen una expediente por el caso de desplazamiento forzado interno en Moris y Uruachi, cuyo proceso avanza.
El visitador informó que ya recibieron la respuesta del ayuntamiento de Moris y apenas hace dos semanas, solicitaron información a Uruachi, por lo que están en espera de la respuesta.
Los siguientes días citarán de nuevo a las personas desplazadas de Moris para darles a conocer la notificación de las autoridades. Y estarán pendientes de que se respeten sus derechos.
Sin embargo, indicó que la exigencia de las viviendas del fraccionamiento que tomaron, deberá resolverse por la via legal, ya que pertenecía a Pensiones Civiles del Estado y la Coesvi fue la instancia que se encargó de la compra-venta a la empresa privada. Las personas desplazadas señalan que hubo irregularidades en ese procedimiento.
“Somos varias docenas de familias campesinas e indígenas provenientes del municipio de Moris y de Uruachi. Desde hace más de dos años hemos sido desplazadas por la violencia a ciudad Cuauhtémoc. Nos despojaron de nuestras viviendas, nuestro ganado, nuestras siembras, nuestros muebles, nuestras herramientas, todo con lo que nos ganábamos honestamente la vida,, denuncian en un comunicado como Comité de personas y familias desplazadas.
Dan a conocer que lo poco que les quedó en su tierra, lo incendiaron o saquearon.
Y es que entre mayo y junio del año pasado, se acrecentó la violencia en Moris y Uruachi, cuando un grupo identificado como Los Salazar, del cartel de Sinaloa, atacó a la población con explosivos lanzados con drones, de acuerdo con denuncias que presentaron ante la Fiscalía General del Estado y distintas instancias federales.
“Nos venimos sólo con lo que traíamos puesto y llegamos a esta ciudad a pagar rentas muy altas, por lo que nos hacinamos varias familias en una casa, a buscar trabajo y escuela para nuestras hijas e hijos y muchas necesidades más que allá no teníamos o las satisfacíamos modestamente”, agrega el comunicado de las familias.
La vivienda es la necesidad más urgente de quienes se desplazan, así se lo han denunciado a los tres órdenes de gobierno, pero no ha habido ewouestay.
“No viendo otras posibilidades de adquirirla, en el mes de febrero pasado nos posesionamos de las viviendas desocupadas desde hace más de 15 años del fraccionamiento de Pensiones Civiles del Estado. Lo hicimos de buena fe, con la intención de pagarlas al gobierno del estado.
“Sin embargo, tuvimos que salirnos porque fuimos amenazados y amedrentados por la policía. Desde entonces hemos acudido a todas las autoridades municipales, estatales y federales para demandar que cubran nuestro derecho a la vivienda. Hacen como nos escuchan, pero no nos resuelven el problema”, agregan en el comunicado.
Se han acercado en diversas ocasiones a la Coesvi y a las autoridades municipales. Incluso, en agosto acudió una comitiva del gobierno federal para exigir su derecho.
A la Coesvi y a las autoridades municipales les pidieron que les entregarán las casas del fraccionamiento de Pensiones en venga, pero no respondieron.
“Luego nos enteramos de que en el mes de junio, Coesvi subastó dicho fraccionamiento y resultó ganadora la empresa Inmobiliaria AGH”, denunciaron.
En ese contexto, decidieron posesionarse de las viviendas de dicho fraccionamiento y al mismo tiempo presentaron al Comité de Enajenaciones, Depuración y Comodatos de la Coesvi, una demanda para que se revierta o anule la subasta de las viviendas de dicho conjunto basados en los siguientes agravios:
“La autoridad responsable vulneró nuestro derecho a la vivienda, al preferir vender las viviendas del fraccionamiento de Pensiones a una empresa inmobiliaria particular para que haga negocio con ellas en lugar de destinarlas a familias que necesitan de ella.
“Coesvi violó nuestro derecho de petición pues nunca nos contestó por escrito a nuestra solicitud de compra de las viviendas ni publicó en los principales medios de comunicación de Cuauhtémoc la convocatoria a la subasta del fraccionamiento de Pensiones.
“Coesvi descartó de manera injustificada y unilateral subastar el fraccionamiento mediante la compra-venta a crédito individual a asegurados de pensiones y no asegurados y decidió vender el fraccionamiento completo a una empresa dedicada al lucro, contra lo que señala el Anexo II de las bases de la subasta.
“Coesvi también violó el convenio porque cambió lo pactado en las bases de la subasta al vender el fraccionamiento no al contado, sino a crédito, con un pago inicial de 4.5 millones de pesos y 40.5 millones a pagar en un año.
“Coesvi también violó la Ley de Bienes del Estado de Chihuahua y la Ley de Vivienda al vender el fraccionamiento completo sin someterlo a la autorización del Congreso del Estado.
“La empresa ganadora de la subasta, con la complacencia y omisión de las autoridades no cumplió con las obligaciones contraídas en las bases de venta de la subasta, por ejemplo, ‘…tiene prohibido ejecutar actos de posesión material, obras, modificaciones o acciones legales sobre el inmueble hasta la firma de la escritura pública’. Por el contrario, hizo obras como instalar una cerca, hacer propaganda sobre las viviendas, etc”
Denunciaron además, “el gran negocio” entre la Coesvi y la inmobiliaria AHG, que adquirió el fraccionamiento de Pensiones porque pagó 4.5 millones de pesos de enganche para luego pagar, en un año, el total de los 45 millones 623 mil pesos.
“Dividida esa cantidad entre las 165 viviendas que se adquirieron el costo por vivienda es de 276 mil 503.57 pesos. Sin embargo, el precio al que la inmobiliaria venderá cada vivienda oscila entre 800 mil y un millón de pesos. ¡¡Vaya negocio que harán con los recursos del pueblo para viviendas¡¡”.
Las familias desplazadas han ocupado de manera pacífica las viviendas del fraccionamiento de Pensiones en Cuauhtémoc y manifestaron su disposición para comprarlas, de acuerdo con sus posibilidades de pago porque son personas desplazadas, con recursos limitados, pero con voluntad de cumplir su palabra.
“Estamos dispuestos al diálogo y a la negociación respetuosa”, concluye el comunicado.
