Esta decisión del Tribunal Colegiado es relevante ya que sitúa en medio de la crisis del desplazamiento forzado interno y reconoce que el asunto va más allá de un conflicto local en Chihuahua.
Por Leo Barro / Raichali
Un Tribunal Colegiado solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atraiga el amparo interpuesto por personas desplazadas de Chihuahua en contra del Senado de la República, por actos de omisión, al no haber emitido la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno.
La solicitud fue resuelta el 16 de octubre de 2026 por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa, dentro del recurso de revisión 1970/2024, que le tocó conocer tras el sobreseimiento del amparo 640/2024 por parte del juzgado de Distrito el 28 de junio de 2024. Ese juzgado consideró que se trataba de actos exclusivamente parlamentarios y que, de resolver, se violaría el principio de separación de poderes.
El amparo fue promovido en marzo de 2024 por integrantes del colectivo de familias en condición de desplazamiento forzado de las comunidades de El Manzano y Monterde, con el apoyo de la Consultoría Técnica Comunitaria, A.C. El reclamo central es que se detuvo el proceso para emitir la Ley General en la materia, así como la violación al proceso legislativo al incumplir los plazos de su reglamento interno. Ante el sobreseimiento, los quejosos promovieron recurso de revisión con apoyo del Instituto Federal de Defensoría Pública, Delegación Chihuahua.
El impacto diferenciado en pueblos indígenas
Un informe de la Misión Civil de Observación advierte que para estos pueblos el territorio no es solo un espacio físico: es el espacio-tiempo donde se reproduce la vida material, cultural y espiritual. El desplazamiento forzado rompe vínculos comunitarios y atenta contra la cosmovisión y las prácticas que solo son posibles en el territorio propio, indica el informe.
El mismo informe documenta que las comunidades enfrentan amenazas, homicidios, desapariciones, reclutamiento forzado, despojo de bienes y ocupación de viviendas por parte de grupos armados. Además, identifica una insuficiencia estructural de la respuesta institucional: las personas desplazadas reportan dificultades para acceder a apoyos, vivienda, empleo, educación, servicios de salud y atención especializada, así como falta de continuidad en programas de asistencia .
La deuda legislativa y la apuesta por la SCJN
En el amparo promovido, el tema es la omisión de legislar en materia de desplazamiento interno forzado en violación de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y tratados internacionales, así como la omisión de legislar en materia de migración, facultad otorgada al Congreso de la Unión.
Este amparo evidencia la ausencia de un marco normativo federal, por lo que busca que el Estado cumpla sus obligaciones constitucionales y convencionales a fin de garantizar el vital mínimo a las personas en condición de desplazamiento forzado interno —comida, ropa, vivienda, salud, educación—, así como seguridad, apoyo psicosocial, acciones de prevención y soluciones duraderas, subraya Contec.
Añade que la decisión del Tribunal Colegiado reconoce que el asunto va más allá de un conflicto local en Chihuahua: impacta la política nacional de migración y derechos humanos como una problemática no atendida debidamente, entre otras cosas, por la falta de jurisprudencia y normatividad específicas.
Se espera que esta solicitud sea aceptada y pueda resolverse a favor, a fin de que el Senado emita la ley contra el desplazamiento que beneficie a las familias que han sufrido el despojo de sus territorios, de su cultura, de sus hogares y patrimonios, pero también de sus proyectos y modos de vida, de la seguridad, tranquilidad e inclusive de sus seres queridos.
