La “reforma ambiental radical” propuesta por Salvemos los Cerros de Chihuahua busca cambiar las leyes del estado en favor del derecho al medio ambiente sano y no del interés económico. Esta puede ser votada hasta el 31 de marzo en el sitio web del Instituto Estatal Electoral.
Texto y fotografías por Raúl F. Pérez Lira
“Como el Río Chuvíscar, hay varias vertientes y afluentes que nutren y dan forma y dirección a nuestra propuesta, que a su vez, tiene también distintos objetivos”, dijo en entrevista Luis Rivera, vocero del colectivo Salvemos los Cerros de Chihuahua, “Existe el mito de que las leyes son una especie de condena divina, pero al criticar eso y proponer la posibilidad de que las personas puedan elegir sus propias leyes, queremos cambiar la consciencia y la ideología de la población”.
A través de una consulta pública —organizada por el Instituto Estatal Electoral (IEE)— el colectivo Salvemos los Cerros de Chihuahua busca que la población se pronuncie respecto a modificar seis leyes que regulan la política ambiental del estado.
Entre las leyes que se busca modificar está la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua para facilitar el acceso a la información por parte de la ciudadanía y para garantizar que cualquier persona pueda realizar una denuncia en materia ambiental.
En otras ocasiones, recursos legales interpuestos por Salvemos los Cerros de Chihuahua han sido desechados ya que no se ha considerado que legalmente tengan un “interés legítimo” sobre el territorio. La reforma cambiaría esto y aseguraría que cualquier persona tiene el interés legítimo de proteger el medio ambiente en el que vive.
“Un argumento de la autoridad es que los habitantes no tenemos interés legítimo si no somos propietarios del área natural en cuestión”, explicó Rivera. “Tenemos el caso del primer amparo contra la gasolinera del Cerro Grande, que pese a que duró años, al final fue desechado por la falta de interés legítimo”.
Otra de las leyes que sería modificada es la Ley de aguas del Estado de Chihuahua, a la cual se agrega el siguiente párrafo en su artículo primero:
“El derecho de acceso al agua potable de la población de Chihuahua está por encima del derecho de acceso al agua de la industria, la agricultura y cualquier otra actividad económica. Será siempre una prioridad el abasto de agua potable en calidad y cantidad suficientes sobre todo para los sectores más vulnerables de la sociedad. Se reconoce también el derecho de acceder a ecosistemas con agua limpia y en suficiencia, como lo son ríos, sierras, valles y otros, pues el equilibrio ecológico depende del agua en los ecosistemas”.
El colectivo Salvemos los Cerros de Chihuahua ya había intentado cambiar esta ley de aguas por otros medios, sin que hayan tenido éxito aún. En 2022 ingresaron una propuesta de reforma a esta ley por medio del diputado Benjamín Carrera (de Morena), pero esta permanece en “la congeladora” del poder legislativo y no ha sido votada en la cámara de diputados.
Por esta razón es que el colectivo busca que la población se pronuncie al respecto en la consulta pública. Existe otro proceso de participación conocido como “Iniciativa ciudadana”, mediante el cual cualquier persona podría solicitar directamente al congreso modificar las leyes señaladas, pero el colectivo consideró que en este caso querían dirigirse a la sociedad en general y no a los diputados.
“Ese proceso es únicamente al interior del Congreso del Estado y no existe ninguna garantía de que los diputados deban considerar las iniciativas ciudadanas… y donde además, no hay una difusión adecuada de las discusiones, temas e iniciativas que se presentan en el Congreso”, explicó el colectivo en un comunicado.
Así, consideran que la consulta pública es como una “prueba” para ver si las autoridades realmente escuchan las necesidades de la gente de Chihuahua y sus preocupaciones ambientales.
“En caso de que no sean capaces de estar a la altura de los tiempos, la sociedad civil tendrá herramientas para juzgar su actuación y si representan o no a la ciudadanía”, dice el comunicado.
Otras modificaciones puestas a consulta son: hacer énfasis en la protección del hábitat de la vida silvestre, no sólo de la fauna; erradicar el enfoque extractivista de la explotación forestal; prohibir la destrucción de cerros, arroyos y ríos para poder garantizar un desarrollo urbano sustentable; que los municipios estén obligados a declarar áreas naturales protegidas.
“La ciudadanía tenemos la capacidad de elegir las leyes que nos gobiernan”
El colectivo ya ha impulsado otros ejercicios de democracia participativa a través de la Ley de Participación Ciudadana, los cuales consideraron muestras de una democracia “más directa, más incluyente, más deliberativa”.
En 2019, fueron la primera organización en convocar la primera audiencia pública a nivel municipal, en la cual se solicitó a la entonces presidenta municipal y ahora gobernadora, María Eugenia Campos, a proteger el Cerro Grande ante la construcción de una gasolinera en sus faldas.
Tres años después, en 2022, solicitaron la primer consulta pública a nivel estatal para preguntar a la ciudadanía si estaban de acuerdo en declarar la Sierra Nombre de Dios —localizada en su sentido más amplio en los municipios de Chihuahua, Aldama y Rosales— como monumento natural del estado. En esa ocasión, 4,409 personas votaron a favor de su protección, mientras que sólo 108 votaron en contra.
Sin embargo, ninguno de estos ejercicios son considerados vinculantes. Es decir, los resultados no obligan a las autoridades a cambiar las leyes ni a proteger el medio ambiente. Después de la consulta, sigue sin haber alguna iniciativa o proceso para declarar la Sierra Nombre de Dios como Área Natural Protegida.
Aún así, Rivera consideró que dicha consulta tuvo un balance positivo, ya que la sociedad puso en práctica los mecanismos de participación ciudadana para evaluar sus alcances y sus límites, se abrió el diálogo sobre la importancia de las áreas naturales, y se evidenció un “triunfo ideológico de la aceptación del cuidado y amor por el territorio”.
En esta ocasión, la consulta pública ambiental se realizó junto con otra respecto a la inversión realizada por el gobierno del estado en la “Plataforma Centinela”, la obra insignia de la gobernadora María Eugenia Campos en materia de seguridad. Rivera consideró que este hecho “opacó” y “distorsionó” la reforma ambiental. Además, dijo, no tuvo “ni una fracción de la difusión y apoyo” que sí tuvo la consulta sobre la Sierra Nombre de Dios.
La consulta pública “Reforma a las 6 leyes del medio ambiente” estará disponible en la página web del IEE y en los módulos establecidos hasta el día 31 de marzo de 2023. Pueden emitir su opinión personas desde los seis años de edad siempre y cuando residan en el estado de Chihuahua.
Para votar, dirígete al siguiente enlace: https://www.ieechihuahua.org.mx/_consultas_publicas_vigentes
Para ver más detalles acerca de las modificaciones propuestas a las 6 leyes ambientales, consulta el siguiente documento: https://ieechihuahua.org.mx/sistema/archivos/interno/paginas/2023/cp_ambiental/Contenido%20de%20los%20art%C3%ADculos%20TEMA%20AMBIENTAL2023.pdf
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