Los testimonios del sexto día del juicio por terrorismo reconstuyeron el ataque a la pizzería Little Caesars y la investigación del asesinato de cuatro trabajadores de una radiodifusora en una plaza comercial. La Fiscalía insiste en que la violencia del 11 de agosto de 2022 fue ordenada desde el Cereso para generar caos e impedir el traslado de un líder criminal.
Por Miguel Silerio / La Verdad Juárez
Ciudad Juárez.— A las 19:15 horas del 11 de agosto de 2022, durante la ola violencia desatada en Ciudad Juarez en el llamado jueves negro, el agente de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) Juan Sandoval Alvarado recibió por radio la instrucción de abandonar el Cereso estatal número 3 y dirigirse a una nueva escena del crimen: el ataque armado contra varias personas al exterior de una sucursal de la pizzería Little Caesars sobre la avenida Ejército Nacional.
Su patrulla estaba atrapada entre la multitud que rodeaba el penal, por lo que abordó otra unidad oficial y emprendió un recorrido por la Barranco Azul, hasta la avenida Tecnológico. Durante el trayecto, dijo ante el Tribunal, “las calles estaban desoladas”.
El relato del agente formó parte de la sexta audiencia del juicio oral que lleva la Fiscalía General de la República (FGR) contra Jorge Antonio C. B. y Juan Carlos V., acusados del delito de terrorismo por su presunta participación en los hechos del 11 de agosto de 2022, que dejó 11 personas asesinadas y ataques armados e incendios contra vehículos y negocios en distintos puntos de Ciudad Juárez.
Aunque el proceso se centra en el incendio de un camión de transporte público en el fraccionamiento Riberas del Bravo etapa VIII, la fiscalía federal sostiene que ese ataque formó parte de una serie de acciones coordinadas que “provocaron terror, perturbaron la paz social y representaron una amenaza a la seguridad”. Según la acusación, Juan Carlos V. habría instigado a otras personas a incendiar la unidad, mientras que Jorge Antonio C. B. presuntamente lanzó dos bombas molotov contra el camión.
Durante la audiencia, el Ministerio Público Federal (integrado por los fiscales Daniel Bohórquez Calvo, Frida María Cruz Salinas y Ángel Armando Hernández Toribio) informó que, hasta el inicio de la diligencia de este miércoles habían sido citados 53 testigos y que para esta jornada estaban programados otros diez, de los cuales siete estaban presentes.
La defensa de Jorge Antonio C. B. está a cargo de la abogada Priscila Ramírez Delgado, mientras que Juan Carlos V. es representado por Francisco Rafael Menes Meraz.
Ante la jueza Victoria Alejandra Espinoza Alaniz, Sandoval reconstruyó las horas posteriores al motín registrado en el Cereso 3, del que, dijo, inicialmente solo sabían que había personas fallecidas al interior.
Conforme avanzó la tarde, comenzaron a recibir de manera ininterrumpida reportes por radio sobre detonaciones de arma de fuego, incendios de camiones, bloqueos de vialidades y otros hechos violentos que también circulaban en redes sociales.
“No nos dábamos abasto en esa fecha”, declaró el agente al describir cómo las corporaciones de seguridad fueron rebasadas por la magnitud de los ataques.
Durante su testimonio, Sandoval también describió las diligencias realizadas en la escena del crimen tras el ataque contra la sucursal de Little Caesars.
Explicó que, a su llegada, los cuatro lesionados ya habían sido trasladados por personal de la Cruz Roja al Hospital General Regional No. 66 del IMSS, mientras que en el lugar permanecían los cuerpos de cuatro trabajadores de una radiodifusora local, junto a la unidad desde la que realizaban una transmisión en vivo.
El agente relató que fue necesario esperar alrededor de 35 minutos la llegada de la perito Fabiola Hernández Hernández, quien se encontraba procesando otra escena del crimen relacionada con hechos violentos de esa misma jornada.
Durante ese tiempo comenzaron a arribar familiares y compañeros de las víctimas, quienes exigían información sobre lo ocurrido y buscaban recuperar el equipo de transmisión que había quedado en el sitio.
Sandoval señaló que el levantamiento de los cuerpos se realizó con rapidez para evitar una mayor exposición de las víctimas y debido a la creciente tensión en el lugar. Explicó que el acordonamiento de la escena resultó complicado porque las calles estaban prácticamente vacías y la posición en la que quedaron los cuerpos dificultaba delimitar el perímetro.
También recordó la desesperación y los gritos de los familiares, así como la insistencia de los compañeros de las víctimas para manipular el equipo con el que seguía activa la transmisión. Según dijo, inicialmente algunos pensaron que se trataba de una broma, hasta que llegaron al lugar y confirmaron que el ataque era real.
Como parte de las diligencias periciales, el agente informó que fueron levantados los cuerpos de las víctimas y que en la escena se localizaron 73 casquillos percutidos correspondientes a armas largas. Añadió que la perito documentó cada una de las lesiones que presentaban los cuerpos antes de que fueran trasladados por el Servicio Médico Forense.
Asimismo, participaron en el aseguramiento de un Chevrolet Sonic, un Chrysler, una motocicleta, la camioneta de la radiodifusora, una placa perteneciente a una Dodge Durango y las grabaciones de las cámaras de seguridad de la pizzería, indicios que posteriormente fueron puestos a disposición del Ministerio Público.
Sostienen que el caos fue ordenado desde el Cereso
El testigo Jesús Armando Portillo Medina, quien actualmente forma parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, pero que entre 2018 y principios de 2025 se desempeñó como agente de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), dijo que durante el Jueves Negro integraba el Centro de Inteligencia y Análisis Criminal, una unidad especializada en brindar apoyo a las investigaciones de delitos de alto impacto, como homicidio, secuestro y extorsión.
Portillo relató que entre la una y las dos de la tarde del 11 de agosto de 2022 recibió la instrucción de ingresar al Cereso estatal número 3 para apoyar en el control del motín, y, una vez contenida la emergencia, se le encomendó identificar a los responsables de la violencia, que ya se extendía a distintos puntos de Ciudad Juárez con incendios de camiones, ataques a negocios y asesinatos de civiles.
Según su testimonio, la línea de investigación que desarrolló la unidad de inteligencia partió del análisis de videos de vigilancia obtenidos del interior del penal.
Esas grabaciones, explicó, mostraban que el enfrentamiento aparentemente inició por un conflicto entre personas privadas de la libertad de las áreas 2 y 5 relacionado con un partido de futbol, pero precisó que uno de los grupos ya portaba armas de fuego al momento del enfrentamiento, por lo que, opinó, había una intención previa distinta.
El agente dijo que, a partir de videos y de la información compartida posteriormente en la Mesa de Seguridad, las autoridades concluyeron que los ataques fueron ordenados desde el interior del Cereso con el objetivo específico de impedir el traslado de un líder criminal recluido en ese centro penitenciario.
“La orden fue generar caos en la ciudad para desviar la atención, que nos sacaran del Cereso (a los agentes) y evitar el traslado de su líder criminal”, declaró ante el tribunal.
Portillo identificó a ese líder como Ernesto Piñón de la Cruz, alias “El Neto”, a quien describió como dirigente de Los Mexicles y de la Organización Criminal Independiente Mexicle (OCIM), a la que definió como el “brazo armado” del grupo.
Según su relato, Piñón de la Cruz salió acompañado por integrantes de su grupo para dialogar con internos de otra área del penal y luego la situación derivó en el intercambio de disparos que dio origen al motín.
En relación con el ataque contra la sucursal de Little Caesars, Portillo explicó que su unidad analizó videos entregados por el representante legal de la empresa, en las que se aprecia el arribo de una camioneta GMC y una Dodge Durango, de las que descendieron varios hombres armados que “comenzaron a disparar a diestra y siniestra”.
El Ministerio Público Federal pidió incorporar al juicio imágenes obtenidas de esos videos de vigilancia mediante impresiones de pantalla, a lo que la defensa se opuso bajo el argumento de que ese material no había sido incorporado como medio de prueba en el auto de apertura a juicio, una objeción que ya había planteado en audiencias anteriores.
Esta vez, la jueza Victoria Alejandra Espinoza Alaniz advirtió al defensor Francisco Rafael Menes Meraz que insistir en argumentos que ya había resulto podría interpretarse como un intento de “coartarla” o “condicionarla” en sus decisiones.
Finalmente, la juzgadora permitió la proyección del material ofrecido por la fiscalía. Sin embargo, las imágenes (impresas en papel a blanco y negro) apenas permitían distinguir siluetas de vehículos y personas, sin que se pudieran apreciar detalles.
Portillo explicó que a partir de esas grabaciones y de imágenes obtenidas de cámaras de vigilancia de particulares, fue posible seguir el recorrido de ambos vehículos por Camino Viejo a San José hasta un domicilio donde, según dijo, se confirmó que los agresores entraron y posteriormente regresaron después del ataque.
Ese inmueble fue cateado, aunque en su interior únicamente localizaron una boleta de calificaciones y documentación relacionada con la familia de quien presuntamente rentaba la vivienda. El agente reconoció que él no ingresó durante la diligencia, aunque estuvo en el lugar.
El testigo aseguró que las investigaciones permitieron identificar al presunto líder de la célula que perpetró el ataque contra la pizzería como una persona de apellidos Domínguez Medrano. No obstante, reconoció que desconoce su nombre completo, que no fue detenido mientras él estaba en la corporación y que desde su salida de la AEI, a principios de 2025, no volvió a conocer avances sobre esa investigación.
Cuestionado por la defensa sobre cómo se habría transmitido desde el penal la supuesta orden para ejecutar los ataques en distintos puntos de la ciudad, Portillo admitió no tener respuesta.
Tampoco pudo explicar de qué manera Ernesto Piñón de la Cruz habría tenido conocimiento de un eventual traslado, al señalar que, hasta donde sabía, las personas privadas de la libertad no son notificadas previamente cuando serán reubicadas.
En un intento por contextualizar su hipótesis, el agente refirió investigación distinta relacionada con una masacre ocurrida en 2021, en la que murieron tres adultos y dos menores de edad y en la que, dijo, participaron integrantes de Los Mexicles.
Sin profundizar “por respeto a las víctimas”, señaló que entre los detenidos de aquel caso se encontraban personas identificadas como Dámaso y Pompín, quienes posteriormente aparecieron en los videos del motín del 11 de agosto de 2022 acompañando a “El Neto”. También mencionó el aseguramiento, en aquella investigación, de una camioneta Ford Ranger verde conducida por Cristian Alejandro Piñón de la Cruz, hermano del líder criminal.
La defensa insistió en conocer la relación entre ese expediente y los hechos juzgados en la causa penal 8/2023, pero el testigo respondió que desconocía a qué carpeta de investigación pertenecían esos antecedentes y se limitó a señalar el vínculo familiar entre el conductor del vehículo y El Neto.
El interrogatorio concluyó con otro momento de tensión cuando el defensor Francisco Rafael Menes Meraz cuestionó reiteradamente la capacidad del agente para recordar nombres, fechas, nombres de integrantes de grupos criminales y números de carpetas de investigación.
El intercambio resultó en un llamado de atención por parte de la jueza Espinoza Alaniz, quien le pidió conducirse con respeto y abstenerse de hacer gestos de burla durante el interrogatorio.
El abogado respondió acusando una supuesta animadversión de la juzgadora hacia su persona, un desencuentro que se ha repetido de manera constante durante las seis jornadas que ha durado el juicio.
Una investigación sin responsables identificados
El Ministerio Público también llamó a comparecer a Roberto Muruato Puebla, agente de la FGE que estuvo a cargo de la integración de la carpeta de investigación 25380-22, abierta por el ataque armado de la avenida Ejército Nacional.
Ante el tribunal, Muruato reconstruyó algunas de las primeras diligencias ministeriales realizadas tras el ataque y relató cómo, un día después de los hechos, dos sobrevivientes acudieron voluntariamente a presentar su denuncia.
Según explicó, uno de ellos declaró que había llegado a la pizzería únicamente para comprar comida y, apenas descendió de su vehículo, observó que varios hombres armados con rifles de asalto descendieron de dos camionetas y comenzaron a disparar indiscriminadamente contra quienes se encontraban en el lugar.
El testigo narró que, de acuerdo con esa declaración, mientras intentaba ponerse a salvo alcanzó a escuchar que uno de los agresores gritó: “dale a ese cabrón también”, en aparente referencia a él, para luego refugiarse dentro de su automóvil, el cual recibió impactos de bala durante el ataque.
La segunda denunciante, explicó el agente, se encontraba formada en el área de autoservicio de la pizzería cuando, a través del espejo retrovisor de su vehículo, vio descender a varios hombres de una camioneta e instantes después escuchó las detonaciones, percibió un fuerte olor a pólvora y sintió cómo los proyectiles impactaban también contra su automóvil mientras permanecía atrapada en la fila.
El funcionario expuso las diligencias realizadas para la identificación de las cuatro personas asesinadas al exterior de la pizzería, a través de entrevistas con familiares y otras víctimas indirectas, entre ellas la hija de uno de los locutores que perdió la vida en el ataque.
En su testimonio relató la desesperación con la que las familias acudieron a reclamar los cuerpos, las preguntas sin respuesta sobre los motivos de la agresión y el impacto emocional que representó para ellas tener que ver las fotografías utilizadas para realizar el reconocimiento oficial de las víctimas.
Muruato reconoció que la investigación específica por el ataque contra la pizzería sigue abierta y sin personas detenidas.
Cuestionado por la defensora Priscila Ramírez Delgado sobre el estado actual de la carpeta, el agente respondió que, de acuerdo con las investigaciones, en la agresión participaron entre cuatro y seis hombres armados, que hasta el momento no han sido identificados.
Oficiales estatales relatan sus testimonios
Bertha Alicia López Montoya, agente de la Policía Ministerial actualmente adscrita a la Fiscalía Especializada de la Mujer y quien hasta hace una semana laboraba en el área de Daños y Lesiones de la Fiscalía General del Estado Zona Norte, declaró que la tarde del 11 de agosto de 2022 fue enviada a la colonia Parajes de Oriente tras recibir el reporte del incendio de un camión de pasajeros sobre la calle Bertha Escobar.
Al llegar al sitio, explicó, el fuego ya había sido extinguido por los bomberos. La unidad estaba completamente calcinada, por lo que no fue posible identificar su color ni sus placas, aunque sí el número económico 9285.
La agente señaló que recibió la escena de manos de la Policía Municipal, solicitó la intervención de Servicios Periciales y, al no localizarse indicios en el lugar, únicamente se realizó el registro fotográfico de la unidad antes de que fuera trasladada en grúa al corralón de la Fiscalía estatal.
Durante el contrainterrogatorio, reconoció que no observó personas detenidas, que desconocía quiénes habían provocado el incendio y que no tuvo participación en la investigación posterior de esos hechos.
También compareció José Luis Mendoza Macías, perito en identificación vehicular adscrito a la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado.
El especialista explicó que elaboró dictámenes dentro de la carpeta de investigación 25-334-2022 relacionados con una camioneta Dodge Ram modelo 2023 asegurada en el corralón de la dependencia.
Asimismo, indicó que recibió la instrucción de inspeccionar un autobús vinculado a la investigación, pero al momento de realizar la diligencia la unidad no se encontraba en el corralón, por lo que no fue posible efectuar el peritaje correspondiente.
La audiencia continuará este jueves con el desahogo de más pruebas testimoniales ofrecidas por el Ministerio Público Federal, en torno a la acusación por terrorismo en contra de Jorge Antonio C. B. y Juan Carlos V.
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Este contenido fue originalmente publicado en La Verdad Juárez, integrante de Territorial alianza de medios. Aquí puedes ver su publicación.
