Por Andrea Cárdenas*
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido contundente al señalar que el derecho a la educación no se agota en el acceso al aula, sino que exige de manera prioritaria que las escuelas sean espacios seguros, protegidos y libres de cualquier forma de violencia. A la par, el trabajo valiente de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) en casos emblemáticos como el del preescolar Marcelino Champagnat ha puesto sobre la mesa una verdad muy clara: cuando las instituciones fallan en cuidar a las niñeces, el deber del Estado es romper el silencio que impone la burocracia a través de canales de escucha, protección inmediata y la garantía de no repetición.
Las escuelas tienen la obligación legal y moral de garantizar entornos donde la integridad de cada estudiante esté a salvo. Sin embargo, lo ocurrido en una secundaria de Acámbaro, Guanajuato, rompió de frente con este principio. Un grupo de estudiantes tuvo que recurrir a su celular para documentar las agresiones de un profesor; hechos que consistieron en besar, morder y simular actos sexuales contra alumnos hombres en pleno salón de clases, y que tras las investigaciones de las autoridades fueron tipificados y determinados oficialmente como abuso sexual.
Gracias a la valentía de las y los jóvenes al grabar y compartir este material, el agresor pudo ser separado de su cargo e investigado. No obstante, la postura gubernamental dejó al descubierto un discurso contradictorio.
La gobernadora la gobernadora Libia Dennise García declaró públicamente:
“Yo nada más quiero invitar a los padres de familia. Nos ayuda muchísimo cuando nos comparten estos videos donde haya algún mal actuar, alguna falta de ética de cualquier funcionario público, en este caso de un maestro. De inmediato tomamos cartas en el asunto, hoy fue citado en la delegación y fue rescindido, ya no estará frente a un aula y se está investigando […] para nosotros es muy importante que los padres sepan que los estamos escuchando […] invitar a los padres de familia que si hay algún mal actuar nos lo hagan saber, no necesita haber algún video, en este caso lo hubo pero no es necesario […] ante cualquier situación nosotros estamos muy atentos”.
Aunque se reconoció la utilidad del material para actuar con inmediatez, al mismo tiempo se insistió en que “el video no era necesario”, un matiz que cobra especial relevancia mientras a nivel local y federal avanzan foros e iniciativas legislativas destinadas a regular o prohibir de forma tajante el uso de celulares y dispositivos móviles en las escuelas.
Hablar de abuso sexual escolar duele, y por eso hay que hacerlo con un respeto profundo que jamás instrumentalice la experiencia de las víctimas. En este caso particular, es indispensable analizar un indicador de género crucial: para los hombres jóvenes, nombrar y denunciar la violencia sexual resulta extraordinariamente difícil.
Históricamente, las normas sociales de masculinidad imponen una enorme estigmatización sobre los hombres víctimas de abuso; al romper el silencio, con frecuencia enfrentan la descredibilidad, el juicio social y el cuestionamiento directo de su virilidad o de su orientación sexual. Como bien señalan diversas investigaciones sobre victimización masculina y género, los estereotipos patriarcales imponen la idea errónea de que un varón no puede ser vulnerado sexualmente o que debía “haberse defendido”, lo que duplica el aislamiento y el temor al rechazo social. Frente a este muro de estigma y duda, la grabación digital funcionó como un respaldo irrebatible para proteger su testimonio sin exponerles a la invalidez de su palabra.
En las estructuras adultas acostumbradas a autoprotegerse, la voz de un estudiante casi nunca pesa lo mismo que la de un profesor. El trabajo de la ODI y el aprendizaje en el caso Marcelino Champagnat han demostrado que desde el Estado se ha logrado reconocer el valor fundamental de las disculpas públicas como un paso clave hacia la reparación del daño; sin embargo, a más de un año de este acto histórico, la falta de concreción de los demás compromisos asumidos revela lo complejo que sigue siendo pasar del gesto institucional a la restitución plena de los derechos. Por ello, desestimar la evidencia digital equivale a ignorar las barreras reales a las que se enfrentan las niñeces y adolescencias para ser escuchadas.
Reconocemos en la presidenta Claudia Sheinbaum una sensibilidad e interés genuino por la salud mental y el bienestar de las niñeces y juventudes, como lo demuestra la estrategia nacional “El ABC de las emociones”, una iniciativa diseñada precisamente para atender la salud mental rompiendo tabúes para que pedir ayuda sea visto como un acto de autocuidado y valentía.
Precisamente por esta visión —que impulsa que las emociones y la dignidad importan— este gobierno tiene la oportunidad histórica de dar el siguiente paso: trascender el valor simbólico de las disculpas hacia el cumplimiento integral de los compromisos de reparación, entendiendo que las herramientas digitales en las aulas no deben verse con sospecha, sino como una alianza indispensable para proteger a las juventudes y evitar que el silencio vuelva a amparar a un agresor.
Pensar que las y los jóvenes sólo usan el celular para “distraerse” o “perder el tiempo” responde a una mirada adultocéntrica que desconoce sus formas de habitar el mundo. Para las adolescencias contemporáneas, el teléfono móvil es parte de su vida cotidiana: a través de él se cuidan, se organizan, construyen red y, cuando los canales institucionales tradicionales fallan o generan desconfianza, la cámara se convierte en su principal herramienta de autodefensa para registrar la verdad y pedir auxilio.
Prohibir los teléfonos no va a hacer que el abuso sexual desaparezca de los planteles; por el contrario, corre el riesgo de dejar a las niñeces y adolescencias más desprotegidas y sin recursos para hacer valer su voz. El verdadero reto no es apagar las pantallas ni patologizar la tecnología, sino reconocer la agencia, la fuerza y el derecho de las adolescencias a vivir libres de violencia. Un gobierno cercano, humano y comprometido como el actual tiene la oportunidad histórica de construir escuelas verdaderamente seguras donde las herramientas digitales no se vean con sospecha, sino como una alianza indispensable para que nunca más el silencio proteja a un agresor.
*Andrea Cárdenas es psicóloga comunitaria, perita en violencias y violaciones a derechos humanos e Investigadora. Se especializa en procesos psicosociales y forenses con niñeces, juventudes y sus redes de cuidado en contextos de migración, militarización, desplazamiento forzado y narcotráfico, a través de políticas de cuidado, metodologías artísticas, colaborativas y lúdicas para la reconstrucción del tejido social
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