La campaña coincide con datos de Conagua que muestran que 41 de los 61 acuíferos de Chihuahua registran déficit de disponibilidad
Karla Quintana / Raíchali
Imagen de portada realizada con IA / Cortesía del colectivo Chihuahua Intifada
En el estado de Chihuahua hay 61 acuíferos, de los cuales 41 registran disponibilidad media anual negativa, es decir, el volumen de extracción supera la disponibilidad del recurso, mientras que únicamente 20 mantienen disponibilidad positiva. El problema mayor es el modelo agroindustrial sin control.
Así lo establece el colectivo Chihuahua Intifada al lanzar una campaña en redes sociales en la que cuestiona las causas de la crisis hídrica en el estado y plantea que la escasez de agua no puede explicarse únicamente por la sequía, sino por un modelo de extracción y aprovechamiento que, aseguran, ha favorecido actividades de alto consumo durante décadas.
En una serie de videos difundidos en sus plataformas digitales, el colectivo sostiene que el discurso público ha responsabilizado principalmente a la población del ahorro doméstico del agua, mientras que el mayor volumen del recurso se destina a actividades productivas.
“Mientras una familia cuenta los minutos de agua que llegan a su casa, otros cuentan hectáreas. Mientras una colonia espera el tandeo, otros perforan más profundo. Mientras usted cierra la llave, millones de metros cúbicos salen del subsuelo para sostener un modelo que consume mucho, concentra beneficios y reparte escasez”, señala uno de los videos.
El colectivo argumenta que Chihuahua siempre ha sido un estado de clima árido y que la diferencia entre sequía y escasez hídrica resulta fundamental para comprender la problemática.
“La sequía es un fenómeno meteorológico temporal. La escasez hídrica es un desequilibrio entre lo que nos llueve y lo que consume el modelo agroindustrial que tenemos. Cuando confundimos ambas cosas, convertimos un problema político en una desgracia inevitable”, afirman.
Entre los acuíferos con mayor déficit se encuentran Los Juncos (-523.3 hectómetros cúbicos anuales), Laguna de Santa María (-319.5), Laguna de Tarabillas (-263.4), Laguna de Hormigas (-222.3), Laguna La Vieja (-196.2), Jiménez-Camargo (-167.4), Meoqui-Delicias (-167.1) y Buenaventura (-121.4).
Para el colectivo, esta situación es consecuencia de un modelo que durante décadas impulsó la expansión agrícola mediante la extracción de agua subterránea. “Durante décadas se impulsó la idea de hacer florecer el desierto. El resultado fue un crecimiento agrícola desmedido e insostenible.”
Uno de los principales argumentos de la campaña es el incremento de cultivos considerados de alta demanda hídrica.
De acuerdo con cifras de la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera correspondientes al ciclo agrícola 2025, Chihuahua registró 104 mil 759.39 hectáreas sembradas de nogal, de las cuales 79 mil 878.39 hectáreas fueron cosechadas.
En el caso de la alfalfa verde, el estado reportó 94 mil 522 hectáreas sembradas y cosechadas.
El colectivo sostiene que estos cultivos representan una presión importante sobre los acuíferos y afirma que 100 hectáreas de nogal consumen un volumen de agua equivalente al utilizado por 10 mil viviendas de tres habitantes durante un año, mientras que 100 hectáreas de alfalfa equivalen al consumo anual de 13 mil viviendas con el mismo número de habitantes.
Asimismo, señala que gran parte de esta producción se destina a mercados externos.
“Exportar alfalfa, ganado, nuez u otros productos cultivados con agua subterránea equivalen a sacar del desierto millones de metros cúbicos de agua. La ganancia es de pocos, pero la sed es de todos.”
Otro de los ejes de la campaña es el impacto social del modelo agrícola.
El colectivo afirma que, con base en cifras oficiales, la actividad que consume cerca del 90 % del recurso hídrico genera alrededor del 8 % del empleo estatal. Además, sostiene que solo el 13 % de las personas empleadas en actividades agrícolas cuenta con seguridad social y que el ingreso promedio del sector es menor al de la industria.
“Se consume muchísimo, pero se distribuye muy poco. Entonces debemos preguntar: ¿quién recibe los beneficios?, ¿quién absorbe el costo de los acuíferos abatidos?, ¿quién obtiene la ganancia y quién hereda el desierto?”, plantean.
El colectivo también sostiene que la discusión no debe limitarse a una confrontación entre la población urbana y el sector rural, pues considera que pequeños productores también enfrentan los efectos del abatimiento de los mantos acuíferos.
“La línea divisoria está entre un modelo que protege el derecho humano y otro que protege primero la rentabilidad de unos cuantos.”
En la parte final de la campaña, Chihuahua Intifada hace un llamado a replantear la gestión del agua en el estado mediante políticas públicas sustentadas en evidencia científica, mayor vigilancia sobre la extracción del recurso y decisiones que prioricen el derecho humano al agua.
Además, rechaza la posibilidad de establecer convenios con gobiernos extranjeros para implementar tecnologías relacionadas con la gestión hídrica, al considerar que no resuelven las causas estructurales de la crisis.
“El agua no es mercancía, es territorio, comunidad y vida. Defendamos el futuro hídrico de Chihuahua.”
