En la diligencia judicial estaba prevista la presentación de nuevos cargos en contra de tres funcionarios del INM y uno de los migrantes acusados del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, sin embargo se aplazó por casi un año debido al cambio de abogados defensores de dos de ellos; el juez explicó que esa era la fecha disponible más próxima
Por Redacción de La Verdad Juárez
La audiencia inicial para formular nuevos cargos legales a tres funcionarios federales y a un migrante venezolano considerados presuntos responsables del incendio registrado en la estancia del Instituto Nacional de Migración (INM) la noche del 27 de marzo del 2023 se difirió hasta el 6 de abril del 2026.
Este aplazamiento se debió a que dos de los acusados revocaron a sus abogados y nombraron nuevos representantes legales quienes desconocen la totalidad de los 89 tomos que conforman la carpeta de investigación sobre la tragedia migrante en la que murieron 40 hombres extranjeros y otros 27 quedaron con lesiones de por vida.
La diligencia que estaba prevista este jueves 22 de mayo era en contra de Daniel G.Y., quien se desempeñaba como representante local de la oficina Noroeste del INM; Rodolfo C. de la T., y Gloria Liliana R.G., ambos eran agentes federales migratorios; y el venezonalo Jeison Daniel C.R.
El Ministerio Público (MP) de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes (UIDPM) de la Fiscalía General de la República (FGR) pretendía presentar una nueva acusación por los mismos hechos ocurridos el 27 de marzo del 2023, en esta ocasión por los delitos de daños y ejercicio indebido del servicio público que a decir del MP también se configuran en la misma tragedia.
El 30 de marzo de 2023, a estas cuatro personas se les formularon cargos por los ilícitos de homicidio y lesiones en perjuicio de 40 migrantes y 27 sobrevivientes, en la causa 216/23.
La causa que se pretendía iniciar este jueves es otra, corresponde al número 593/2023.
Sin embargo, el juez federal Víctor Manlio Hernández Calderón, dijo que estaba obligado a velar por los derechos de los acusados y debido a que los nuevos abogados de Rodolfo no conocían toda la carpeta, determinó que no se podía formular la nueva acusación.
Este jueves la audiencia inició con la presentación de todos los intervinientes.
Primero dieron sus nombres los tres agentes del MP de la UIDPM. Luego la asesora jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVE), Itzel Mirella San Pedro, quien estaba en la Ciudad de México y se conectó a través de una videoconferencia y representación de las víctimas que no están incluidas en la asesoría de las organizaciones civiles.
Enseguida la apoderada legal y el abogado de ocho víctimas sobrevivientes y nueve núcleos familiares de personas fallecidas, Blanca Navarrete y Marzo Zavala, respectivamente.
Rechaza acusado a defensor privado, pide uno de oficio
Después se presentaron los acusados y sus abogados. En su turno, Jeison Daniel le pidió al juez que le asignara un abogado de oficio indicando que ya no quiere ser representado por Jorge Vázquez Campbell y Rafael Omar Loya.
Casi al finalizar la diligencia, una de las agentes del MP le pidió al juez que ordenara a los litigantes que estaban dejando la representación, que devolvieran todos registros de investigación. A lo que el resolutor respondió que no era procedente la petición.
Tanto Jeison Daniel como el otro venezolano, Carlos Eduardo C.R. que también está acusado de haber iniciado el incendio como una acción de protesta por las condiciones en que se encontraban encerrados en la estancia del INM, tienen una doble personalidad en las primeras causas penales que se iniciaron en contra de ellos, están considerados como presuntos responsables y también como víctimas.
Los abogados particulares ahora revocados recibieron y resguardan el cheque enviado por el Gobierno Federal por concepto de reparación del daño a favor de Jeison Daniel; mientras que la CEAV resguarda el documento emitido a favor de Carlos Eduardo, indican datos extraoficiales.
En la misma diligencia, el juez ordenó que se emitiera un oficio a la Defensoría Pública Federal para que se asigne un abogado a Jeison Daniel. En su turno Rodolfo C. de la T., nombró como sus abogados a Xicoténcatl Caballero Chávez, María del Socorro Chávez Velázquez y a Christian Yamani Soto. Este acusado ha cambiado en unas cuatro ocasiones de representantes legales.
El juez les preguntó a los litigantes si habían podido entrevistarse en privado con Rodolfo y si se habían “impuesto de la carpeta de investigación”. Los abogados respondieron que el material les fue entregado el lunes 19 de mayo y no pudieron terminar la revisión.
Sin que nadie solicitara el diferimiento de la diligencia, el juez Hernández Calderón determinó no permitir la formulación y le pidió al secretario de la sala que fijara una nueva fecha.
“Conozco el desafortunado asunto… ninguna (audiencia) ha durado menos de 10 a 12 horas”, dijo el juzgador tras pedirle al secretario que le diera una fecha donde la disponibilidad fuera de al menos 10 horas.
Al escucharse que la diligencia quedaba programada para el 6 de abril de 2026 a las 9:15 de la mañana, al unísono se oyó una exclamación de asombro por parte de las personas del área del público, familiares de los detenidos, abogados y reporteros.
El juez explicó que esa era la fecha disponible más próxima.
“La carga (de trabajo) nos lleva a irnos hasta la fila, es la fecha más próxima aunque parezca increíble, es lo agendado”, explicó el juez al público sorprendido.
En diciembre del 2024 el MP también intentó formular cargos legales contra los mismos sospechosos por el delito de daños, pero tampoco pudo hacerlo, en aquella ocasión porque faltaba una notificación judicial y por la inasistencia de los abogados de una persona acusada y de parte de las víctimas. En esa ocasión la diligencia fue diferida sin fecha precisa.
Por estos hechos 11 personas se encuentran sujetas a proceso penal, ocho de los cuales son funcionarios del INM, entre ellos Francisco Garduño Yáñez, ahora excomisionado del INM. Él libró la cárcel desde la formulación de cargos y actualmente el proceso en su contra está congelado.
Solo permanecen en prisión tres acusados que se desempeñaban como funcionarios del INM al momento del incendio. Los agentes federales migratorios Rodolfo C. de la T.; y Gloria Liliana R. G., acusados por los delitos de homicidio y lesiones. También a Salvador G.G., quien fungía como titular de la Oficina de Representación del INM en Chihuahua, por los delitos de ejercicio ilícito de la función pública, homicidio y lesiones.
Así como dos migrantes originarios de Venezuela, Jeison D. C.R., y Carlos Eduardo C.R; y el guardia de seguridad privada, Alan Omar P.V.
Quienes han ganado amparos que les modificó la medida cautelar y por ello enfrentan el proceso penal en libertad son Eduardo A.M., quien se desempeñaba como jefe de Recursos Materiales del Instituto, y salió de la cárcel el 13 de abril de 2024; Daniel G.Y., el 13 de junio de 2024, y quien este jueves 22 de mayo se presentó a la diligencia de forma voluntaria; Juan Carlos M.C., quien era el coordinador del Grupo Beta, salió del Cereso 3 de Ciudad Juárez el pasado 19 de agosto. Los tres pagaron fianzas millonarias.
Está prófugo Antonio M.D., quien fungía como director de Control y Vigilancia del INM. Él fue vinculado a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público, el 25 de abril de 2023.
***
Este contenido fue originalmente publicado por La Verdad Juárez, integrante de TERRITORIAL – Alianza de Medios. Aquí puedes ver su publicación.
