La reforma ya publicada en el Periódico Oficial del Estado afecta una serie de derechos a poblaciones vulnerables, condenan organizaciones. Entre esas afectaciones, desde el Congreso redujeron el número de municipios en donde los partidos políticos estaban obligados a postular personas indígenas para las regidurías, y eliminaron el distrito 22, integrado por municipios con alta presencia indígena, como el obligatorio para tener candidaturas de pueblos originarios.
Leo Barro / Raíchali
Chihuahua – En una jornada de movilización y pronunciamiento público, diversas organizaciones civiles, colectivos y personas defensoras de derechos humanos se reunieron para manifestar su rechazo a la reforma electoral aprobada por el Congreso del Estado de Chihuahua, publicada el pasado 30 de junio de 2026 en el Periódico Oficial del Estado.
La nueva legislación, advierten, representa un retroceso histórico en la garantía de los derechos político-electorales de grupos que durante décadas han sido excluidos, discriminados y subrepresentados en los espacios de toma de decisiones.
El posicionamiento conjunto, firmado por representantes de pueblos y comunidades indígenas, mujeres, personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual y activistas por la elección directa de regidurías, denuncia que la reforma no se trata de un simple cambio de reglas electorales, sino de una modificación que reduce mecanismos de protección previamente alcanzados tras años de organización, litigio estratégico, exigencia social y construcción institucional.
“No estamos defendiendo medidas abstractas. Estamos defendiendo mecanismos que ya demostraron que pueden transformar la integración de los espacios de representación política y abrir las puertas a personas y comunidades históricamente excluidas”, señala el documento.
Frente a esta reforma detallaron del despliegue de una estrategia jurídica integral. Ante el Tribunal Estatal Electoral se han presentado 30 Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales: 19 de pueblos y comunidades indígenas, 7 de mujeres, 3 de diversidad sexual y 1 de personas con discapacidad. Además, se han promovido cuatro incidentes de inejecución de la sentencia que obligaba al Congreso a legislar la elección directa de regidurías.
Ante el Congreso del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos también se presentaron solicitudes para promover acciones de inconstitucionalidad. “Continuaremos promoviendo y acompañando los recursos jurídicos, electorales y de derechos humanos que resulten necesarios frente a la aplicación de esta reforma, hasta agotar las vías disponibles para defender los derechos políticos de la ciudadanía chihuahuense”, asegura el posicionamiento.
Pueblos indígenas: de 34 a 13 municipios y la desaparición del distrito 22
Edith Díaz Aguirre, maestra de educación indígena originaria del municipio de Guachochi, fue una de las voces que alzó con mayor claridad el reclamo de los pueblos originarios.
Desde el frente de la movilización, explicó que la reforma viola el principio de progresividad de los derechos humanos, consagrado en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que obliga a las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos sin retroceder en los niveles de protección ya alcanzados.
“Anteriormente, mediante acciones afirmativas, habíamos logrado la inclusión y participación de personas indígenas en 34 municipios y en la diputación del distrito 22. Con la nueva ley electoral, se reduce a solo 13 municipios y, lamentablemente, se nos quita el distrito 22 como distrito indígena. Eso es un retroceso muy grave”, denunció.
La reforma modificó el artículo 104 de la Ley Electoral y en ese se indica que los partidos deberán postular una fórmula de personas indígenas por alguno de los 22 distritos electorales locales, y una fórmula más en las candidaturas de representación proporcional. Con eso desaparece la obligatoriedad de hacer la postulación en el distrito 22.
Díaz Aguirre explicó que el distrito 22 abarca todos los municipios que concentran a pueblos y comunidades indígenas, pero que ahora, bajo los nuevos lineamientos del Instituto Estatal Electoral (IEE), quedaría reducido a una fracción de su territorio original y a criterio de los partidos políticos en cuál distrito postula a indígenas.
“Los municipios de Batopilas, Guadalupe y Calvo, Guachochi, Morelos y Balleza son algunos de los afectados. Pero hay otros municipios muy grandes donde también hay población indígena y que, según los argumentos del instituto, no alcanzan el porcentaje del 40% que exigen, aunque sabemos que sí cuentan con población originaria”, agregó.
La maestra recordó que su pueblo no sólo busca el derecho a votar, sino también a ser elegidos y votados para puestos de representación electoral, porque “es ahí donde se toman las decisiones y es importante nuestra representación en estos espacios”.
Para respaldar su postura, adelantó que ya se han interpuesto diversas demandas legítimas ante el Tribunal Estatal Electoral, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y se han promovido acciones de institucionalidad que podrían llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que avalen su derecho.
Exclusión de Guazapares y el argumento del porcentaje poblacional
Javier Francisco Agüero Holguín, licenciado en derecho originario del municipio de Guazapares, respaldó el reclamo y ofreció detalles adicionales sobre el impacto territorial de la reforma.
“Actualmente estoy representando el apoyo para los pueblos y comunidades indígenas. Estamos presentando diferentes tipos de solicitudes para acciones de institucionalidad en contra de la reforma electoral, con el fin de que se derogue la reforma que se hizo este 2026, que realmente afectó mucho a los pueblos y comunidades indígenas en un retroceso marcadamente grave”, afirmó.
Agüero Holguín explicó que el distrito 22 cuenta con ocho municipios con población indígena, y que Guazapares fue excluido porque no alcanza el porcentaje que se solicita con base en los lineamientos del IEE. “Sabemos que hay municipios muy grandes que sí cuentan con población indígena, pero el argumento es que el porcentaje total no alcanza. Sin embargo, eso no refleja la realidad de nuestras comunidades”, dijo.
El abogado también lanzó una crítica directa a los diputados locales que votaron a favor de la reforma. “Los diputados están ejecutando desde atrás del escritorio. Ellos presentaron un recurso en contra de las constancias de autoadscripción porque sus partidos no se benefician con las características que se solicitan: que hablen la lengua, que sean originarios de las comunidades y que la constancia sea avalada por la asamblea. A ellos no les conviene, porque están acostumbrados a manipular la ley en beneficio propio”, denunció.
Datos que demuestran el éxito de las acciones afirmativas
El posicionamiento conjunto subraya que las acciones afirmativas no son concesiones ni privilegios, sino mecanismos necesarios para hacer efectiva la igualdad. Las organizaciones aseguraron que los datos del Instituto Estatal Electoral lo confirman. En el proceso electoral 2020-2021 se registraron 423 candidaturas indígenas. Para el proceso 2023-2024, las acciones afirmativas para pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad y personas de la diversidad sexual generaron 435 candidaturas: 226 propietarias y 209 suplentes. De ellas, 102 personas resultaron electas, entre propietarias y suplentes.
Tan sólo entre las candidaturas propietarias fueron electas 40 regidurías y 2 diputaciones indígenas; 8 regidurías de personas con discapacidad; y 4 regidurías y 1 diputación de personas de la diversidad sexual. “Detrás de cada número hay una persona que antes difícilmente habría llegado a una boleta o a un cargo de representación”, enfatiza el documento. “Costó décadas abrir esos espacios, y estos derechos no son teóricos, funcionan”.
Mujeres: la igualdad sustantiva en riesgo
Rosa María Sáenz Herrera, representante del Movimiento de Mujeres Estatal de Chihuahua, tomó la palabra para exponer la preocupación del sector femenino. “Somos integrantes del movimiento de mujeres estatal de Chihuahua. Tenemos una gran preocupación por las reformas electorales. Esta reforma se milita en la igualdad sustantiva, que es un principio constitucional y va de la mano con los derechos humanos de las mujeres”, expresó.
Denunció que la reforma reduce herramientas para garantizar la participación política de las mujeres y limita los mecanismos para combatir la violencia política de género. “Los derechos de las mujeres no pueden entender de mayorías legislativas circunstanciales. Lo más preocupante es que se limitan las facultades del Instituto Estatal Electoral para implementar acciones afirmativas y con ello garantizar la igualdad sustantiva y la paridad”, advirtió.
Entre los puntos más críticos, señaló que la nueva ley establece un periodo de investigación de apenas 20 días para casos de violencia política contra las mujeres, prorrogable únicamente cinco días más, y fija un plazo de prescripción de un año para imponer sanciones, lo que calificó como “restricciones inaceptables que debilitan la protección de las mujeres en la arena política”.
Personas con discapacidad: un derecho conquistado que no debe ser reducido
De parte del movimiento de personas con discapacidad permanente del estado de Chihuahua, una de las asistentes enfatizó: “El año 2024 ha sido un parteaguas para todas las personas con discapacidad porque logramos hacer valer, por medio del Tribunal Estatal Electoral, nuestro derecho a las acciones afirmativas. No deberían existir, es incongruente que tengamos que pelear por el derecho de participación. Es un derecho de voto y es un derecho de todos los seres humanos”, declaró.
El reclamo se enfocó en que la reforma elimina las postulaciones diferenciadas para personas con discapacidad y de la diversidad sexual, obligando ahora a ambas poblaciones a compartir una misma acción afirmativa equivalente apenas al 2% de las regidurías que los partidos registren en todo el estado. “Eso reduce las garantías previamente existentes y puede obligar a poblaciones históricamente excluidas a competir entre sí por espacios de representación””, explicó.”.
Elección directa de regidurías: otro derecho eliminado
Nayo Rodríguez, integrante de la colectiva que impulsaba la elección directa de regidurías, denunció que la reforma derogó el transitorio que garantizaba esa figura para el proceso electoral de 2027. “En 2020, supuestamente íbamos a tener el próximo año una elección directa. También fuimos afectados por esta reforma al momento que decidieron derogar el transitorio”, afirmó.
Rodríguez explicó que la elección directa habría permitido a la ciudadanía elegir directamente a sus representantes en colonias, barrios y comunidades, en lugar de que las dirigencias partidistas mantuvieran el control sobre la integración de las planillas. “Los partidos políticos, específicamente esta canalla de partidos que votaron por esta reforma, decidieron que no querían compartir el poder. No quieren que haya una representación más amplia”, denunció.
Hizo un llamado a otros estados que siguen el mismo patrón de retroceso, como Jalisco, Querétaro y Guerrero. “Esta ponzoña de partidos está cercenando los derechos de grupos vulnerables a la representación, solo con el motivo de acaparar lugares políticos”, sentenció.
A pesar de la gravedad del momento, Rodríguez encontró un lado positivo: “Hemos logrado unir a todas las personas que estamos aquí presentes: pueblos indígenas, personas con discapacidad, mujeres y quienes buscamos la elección directa de regidurías. Estamos haciendo frente con el mero propósito de pedir que se derogue inmediatamente esta reforma”.
Un llamado final: “Ningún derecho menos”
El pronunciamiento cerró con este mensaje: “Las acciones afirmativas no son privilegios. Son mecanismos para hacer efectiva la igualdad. La representación política no es una concesión de los partidos. Es un derecho. Los derechos conquistados no se negocian ni se reducen. Se garantizan y se amplían”.
“La protección de los derechos nunca ha sido un obstáculo. Una democracia no puede construirse quitando derechos que ya habían sido conquistados. Los avances alcanzados deben ser el piso desde el cual seguir construyendo una democracia verdaderamente representativa, no el techo que determine hasta dónde pueden llegar nuestros derechos”, concluye el documento.
Con estas palabras, los colectivos hicieron un llamado a la ciudadanía, a las autoridades y a los partidos políticos a derogar las disposiciones regresivas contenidas en la reforma electoral publicada el 30 de junio de 2026. “En Chihuahua, ningún derecho menos. Ninguna representación menos”, sentenciaron.
Los manifestantes adelantaron que continuarán movilizándose y utilizarán todas las herramientas jurídicas y políticas disponibles hasta lograr la derogación de la reforma y la restitución plena de los derechos que hoy, denuncian, pretenden ser restringidos.
