Chihuahua Valentina Castro Gómez dejó su casa, su tierra, su ganado y su siembra para huir con su esposo Anselmo y uno de sus hijos, cuando un grupo armado les quemó su tienda de abarrotes, su vivienda y amenazó a todos los pobladores con asesinarlos. La situación provocó el desplazamiento masivo de la ranchería Los Ángeles y otras aledañas, que pertenecen a la comunidad Coloradas de la Virgen, en el municipio de Guadalupe y Calvo.
Por Patricia Mayorga / Raíchali
El pasado 14 de diciembre murió Valentina por complicaciones de salud. Su esposo la trasladaba a la cabecera municipal de Guadalupe y Calvo, pero murió en el camino. Ellos han pagado renta los últimos dos años, no tienen acceso a atención médica. En Baborigame, uno de los poblados principales de ese municipio, sólo hay una médica para todo el pueblo, un dispensario a cargo de una congregación religiosa y algún enfermero en una clínica, según ha constatado Raíchali con los habitantes del pueblo.
Anselmo llevaba constantemente, en su camioneta, a su esposa para consultas médicas en otros pueblos o ciudades no tan cercanos. Él pagaba los gastos porque no recibieron apoyo gubernamental. Apenas el pasado 30 de noviembre acudieron agentes del Ministerio Público y la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua (CEAVE), Norma Ledezma Ortega y su equipo, para escuchar y reconocer como víctimas a las personas desplazadas por violencia, que se refugian en Baborigame.
También acudió personal médico de la Secretaría de Salud estatal, que consultó a decenas de personas; y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), para atender las quejas contra autoridades por parte de las víctimas. Esta iniciativa se generó por las caravanas humanitarias que realizaron organizaciones de la sociedad civil del estado y nacionales, así como la Diócesis de la Tarahumara.
Ahí estuvieron Anselmo y Valentina, formados para interponer las denuncias y las quejas correspondientes.
“Ella (Valentina) había sido desplazada de Coloradas de la Virgen hace aproximadamente 2 años y 7 meses, junto con su esposo e hijo. Ese día (30 de noviembre) la entrevistó el visitador de Parral, Juan Portillo. Refirió haber presentado denuncias por robo y daños (queja de su casa). Será parte de lo que analizaremos, cuando fueron desplazados no estaba tipificado el desplazamiento forzado como delito”, dio a conocer Néstor Armendáriz, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Sin embargo, a la tipificación del delito de desplazamiento forzado en el Código Penal del Estado de Chihuahua (aprobado por el Congreso del Estado en enero pasado), le agregaron un párrafo que puede criminalizar a víctimas, según han alertado expertos en el desplazamiento forzado interno.
Víctimas vencen el miedo y acuden a denunciar e interponer quejas
En la jornada del 30 de noviembre, la CEDH recibió la queja de 13 personas, cada una representaba a los integrantes de su familia y el reclamo principal fue la falta de atención por los desplazamientos forzados y que están viviendo en casas prestadas o rentadas, por lo que solicitaron apoyo en ese sentido. La ranchería que más quejas interpuso fue Los Ángeles, de la comunidad de Coloradas de la Virgen.
De acuerdo con Néstor Armendáriz, algunos no habían presentado denuncias y eso les impedía darles la calidad de víctimas. Pero en entrevistas previas y ese mismo día, las víctimas aseguraron que sí denunciaron pero el Minsiterio Público no pasó las denuncias a la CEAVE, y la oficina en Parral de esta última, justificaba que si el MP no le pasaba los casos no podrían hacer nada, a pesar de que conocían la situación desde hace más de 2 años y medio.
Foto: Patricia Mayorga
En el área aledaña a la parroquia de Baborigame, conocida como “el convento”, se dieron cita decenas de víctimas de desplazamiento forzado de diferentes rancherías y comunidades del municipio de Guadalupe y Calvo, el que tiene mayor número de registro de personas desplazadas.
El lugar es utilizado por el pueblo indígena ódami, el que tiene más número de habitantes en ese municipio, seguido de los rarámuri. Ahí realizan los rituales, fiestas y danzas las fechas emblemáticas para las comunidades indígenas del seccional de Baborigame y otros cercanos.
La zona es parte del Triángulo Dorado, conocido así por que es el límite de Chihuahua con los estados de Sinaloa y de Durango, donde históricamente se produjeron grandes cantidades de marihuana y amapola. Pero en medio de esa región estigmatizada, habitan miles de personas indígenas que se han dedicado a cuidar el bosque, el agua y las barrancas.
Decenas de ellas, ódami y rarámuri, llegaron temprano a la cita del 30 de noviembre. Unas insistieron en que se les reconozca como víctimas de desplazamiento forzado, porque han durado hasta tres o cuatro días sin comida para sus familias. Una gran cantidad son niñas y niños.
El municipio de Guadalupe y Calvo reporta oficialmente 572 personas desplazadas por violencia, de una base de datos de 896, sin contar el subregistro que no contempla la Fiscalía General del Estado. De las 572, son 185 entre cero y 11 años; adolescentes entre 12 y 17 años son 72; jóvenes entre 18 y 29 años reportan 137; otras 125 entre 30 y 49, así como 33 adultos mayores y 10 sin edad identificada.
Las cifras fueron obtenidas de la FGE, a través de la Plataforma de Transparencia de diciembre, que no contiene por lo menos 70 personas de la comunidad La Sierrita, entre otras.
Las dependencias instalaron mesas en la explanada del “convento”: la CEAVE colocó mesas con cuatro personas que registraron a las víctimas; la CEDH tenía otras tres personas recibiendo quejas; una de la filas más largas fue la de Salud y las y los agentes del Ministerio Público cambiaron la mesa hacia el interior porque tenían frío.
Foto: Patricia Mayorga
Con el Ministerio Público acudieron personas que han perdido hasta 6 familiares. A una de ellas le aseguraron que ya había prescrito el delito, por lo que caminaron hacia la mesa de la CEDH para interponer la queja.
Una adolescente ser amó de valor y acudió con su mamá para preguntar sobre su caso de violación que las obligó a huir junto con la gente de su comunidad hace dos años, pero tampoco tuvo respuesta favorable. La víctima fue secuestrada por un grupo delictivo y liberada después de que la violaron, con la advertencia de que se fuera con su familia. Hubo otro caso similar esas mismas fechas, en 2021. La agente del Ministerio Público sólo le dijo que está en investigación. Fue todo.
Foto: Patricia Mayorga
En aquel patio convergieron víctimas de desplazamiento la comunidad de Coloradas de la Virgen (Los Ángeles, Sitánachi, Puerto Amarillo), de Los Alisos, Cordón de la Cruz, Llano Grande, entre otras rancherías.
Al finalizar la jornada, alrededor de las 3 de la tarde, las personas regresaron con la esperanza de que, esta vez, sí sean atendidas y el gobierno les apoye a aligerar la vida que ahora enfrentan fuera de su tierra, donde consumían lo que producían, pero ahora deben pagar renta, alimentos básicos y hasta por leña.
El desplazamiento de Los Ángeles, Puerto Amarillo y Sitánachi, de Coloradas de la Virgen
Era septiembre de 2021, el nuevo gobierno estatal aún no tomaba protesta. Valentina y Anselmo se hacían cargo de una tienda y cerca de ésta se encontraba la pequeña escuela de la región, que estaba a cargo de una maestra. Los sicarios también quemaron las instalaciones educativas y robaron la camioneta de la docente, quien huyó hacia Guachochi primero para interponer la denuncia correspondiente y posteriormente se fue a otra entidad.
También amenazaron a familias de las rancherías aledañas de Sitánachi y Puerto Amarillo, en donde aseinaron a Raúl Chávez Palma, un hombre de 45 años, cuya familia también salió desplazada.
Valentina Castro llegó a vivir a Baborigame con su esposo, donde vieron transformarse su vida. Ella tuvo una depresión profunda y su salud se deterioró. A pesar de su condición, luchó para que el resto de la gente desplazada que huyó con ellos (alrededor de 70 personas, niñas y niños incluidos), recibieran el reconocimiento como víctimas.
La denuncia que interpusieron Anselmo y Valentina los hizo visibles como víctimas, pero no al resto de las rancherías desplazadas. El agente del Ministerio Público de Baborigame, seccional del municipio de Guadalupe y Calvo, no reportó a todas las víctimas, mientras que en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua (CEAVE) les indicaron durante dos años que Coloradas de la Virgen ya estaba atendida. Se referían a las víctimas desplazadas desde 2018, cuando asesinaron al defensor indígena Julián Carrillo Martínez.
Las complicaciones que tuvo Valentina fueron por presión alta y fallas en la circulación. El estrés y la tenacidad para que las autoridades apoyaran a toda su gente, de Los Ángeles, deterioró rápido su cuerpo.
Anselmo la cuidaba y el 14 de diciembre pasado, salieron hacia la cabecera municipal de Guadalupe y Calvo en su camioneta. A la altura del rancho Los Sapos, la mujer dejó de respirar. Su esposo llegó con ella hasta el hospital, localizado a más de dos horas de Baborigame, pero ya no tenía vida. Todos los gastos corrieron a cargo de Anselmo.
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