Con el voto de diputados del PAN, PRI, MC y PT, el Congreso de Chihuahua eliminó además la obligación del gabinete estatal de entregar informes, entre otras modificaciones criticadas por la oposición.
Por Itzel Ramírez / La Verdad Juárez
El PAN en el Congreso de Chihuahua, junto a sus aliados de PRI, MC y PT, reformó la constitución para permitir que la gobernadora, María Eugenia Campos Galván, se ausente del estado sin informar al legislativo, además de que se borró la obligación del gabinete de entregar informes, entre otras modificaciones criticadas por la oposición.
El lunes 20, cuando se publicó el orden del día, no se contemplaba entre los asuntos la votación del dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales sobre esta reforma constitucional.
Fue hasta la mañana del martes, un par de horas antes de la sesión, cuando la Mesa Directiva determinó incluir la presentación y votación ante el pleno de los cambios constitucionales, una decisión que fue señalada por el grupo parlamentario de Morena.
Cuauhtémoc Estrada, coordinador de Morena en el Congreso, dijo que la presentación del dictamen resultaba una acción “irrespetuosa” y “violatoria de acuerdos parlamentarios”.
Ello debido a que desde 2022 se establecieron las normas para analizar la reforma integral de la Constitución del Estado de Chihuahua; dentro de los acuerdos, expuso Estrada, estaba que cualquier iniciativa de alcance constitucional presentada después de enero de este año sería discutida con posterioridad.
“Hoy por motivos desconocidos, al menos para muchos de nosotros y de la sociedad chihuahuense, de buenas a primeras, con una gran prisa, se presenta una iniciativa de reforma constitucional. A todas y todos los compañeros diputados de esta asamblea legislativa, les pregunto: ¿qué urgencia advierten ustedes de la iniciativa?”, soltó el coordinador.
Sin que hubiera respuesta de legislador alguno, la mayoría aprobó los cambios a los cuatro artículos: 91, 93, 94 y 96 de la constitución. En todos los casos, la bancada de Morena presentó reservas, que fueron rechazadas.
En primer orden, la reforma al artículo 91 borra la obligación de que quien ocupe la gubernatura dé aviso al Congreso y al Tribunal Superior de Justicia de su salida del territorio estatal si es por un periodo de 21 días o menos.
Si la reforma es aprobada por la mayoría de los ayuntamientos, la gobernadora Maru Campos podrá salir de la entidad sin informar de ello ni al poder legislativo ni al judicial, cuando se trate de una ausencia de 21 días o menos.
Al respecto, el diputado Gustavo de la Rosa, dijo que esta prerrogativa es mayor a la que tiene el presidente de la República, que ante cualquier ausencia de entre uno y siete días debe avisar al Senado.
“¿Para qué se quería el poder, para convertir al gobernador o a la gobernadora en un agente de negocios, en un agente de viajes, cuando que a Chihuahua vienen solos los empresarios? Ese no es el trabajo de una gobernadora”, soltó De la Rosa.
En el artículo 93 se estableció la obligación de destinar por lo menos un tres por ciento de los ingresos de libre disposición al presupuesto participativo, que deberá usarse para inversión pública productiva.
La oposición criticó que el porcentaje sea del tres por ciento cuando a nivel municipal es del cinco por ciento.
“¿Por qué del tres por ciento, se lo han preguntado compañeras y compañeros diputados?, todos nosotros sabemos que de los presupuestos municipales el mínimo a destinar para proyectos de presupuesto participativo es el cinco por ciento de los ingresos de libre disposición, luego, ¿por qué establecer un porcentaje menor, por qué ser regresivos en lugar de progresivos en los derechos fundamentales?”, dijo Estrada.
El tercer cambio fue en el artículo 94, que ahora deberá establecer que en los nombramientos de titulares de dependencias y entidades de la administración pública federal, en subsecretarías, coordinaciones, direcciones y en la integración de los órganos autónomos se deberá observar el principio de paridad de género.
Morena fustigó que la administración municipal no haya sido incluida en la reforma, lo que deja fuera a las mujeres de ese orden de gobierno.
Finalmente, el artículo 96 fue reformado para que ni el secretario general de Gobierno, el fiscal general, los secretarios ni los coordinadores presenten al Congreso un informe escrito del estado que guardan las instituciones a su cargo.
Únicamente se dejó la posibilidad de que puedan ser llamados a cuentas por conducto de la Secretaría General de Gobierno cuando así lo decida el legislativo.
Entre las justificaciones para este cambio, el diputado José Alfredo Chávez Madrid, el iniciador de la propuesta, adujo que los informes de los secretarios implicarían doble trabajo.
“…se estima excesivo e ineficiente el tener que brindar este informe global, ya que el armado de este, es resultado de la conjunción de la información proporcionada por cada titular y estos mismos datos son, a su vez, la base para estructurar el informe que entrega el Ejecutivo al Congreso el primer día del segundo periodo ordinario, así pues se realizaría doble trabajo, tanto de las dependencias como del mismo Congreso al analizar los mismos resultados, dos veces, ello también implica el distraer de sus funciones a las citadas personas servidoras públicas”, indica la iniciativa aprobada.
Ahora la reforma será sometida a consideración de los 67 municipios del estado; en caso de que la mayoría lo avale, los cambios serán publicados en el Periódico Oficial del Estado para su entrada en vigor.
Este contenido fue realizado por La Verdad Juárez, integrante de la Alianza de Medios de Periodistas de a Pie. Para ver la publicación original, has clic aquí.
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