La familia de Gloria Alejandra, joven asesinada en 2020, señala que no se han considerado todos los agravantes en torno al caso y exige que se eleve la condena de su feminicida, Guillermo Hernández, policía estatal en activo durante el sexenio de Javier Corral, ya que solo recibió la pena mínima.
Texto y fotografías por Raúl F. Pérez Lira
“Uno simplemente quiere hacer su día y por la indiferencia de muchos de nosotros, hasta que nos pasa, hasta que vinimos aquí lamentando, con todo nuestro ser, con cada célula, la partida trágica de un miembro de nuestra familia, nos vamos a solidarizar”, dijo Olga Urtuzuástegui, madre de Gloria Alejandra, una joven psicóloga de 29 años de edad que en 2020 fue asesinada por un policía estatal de Chihuahua.
En la Cruz de Clavos, el memorial a las víctimas de feminicidio del estado, frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, Olga exigió justicia por su hija el pasado miércoles 22 de marzo.
“Yo creo que desafortunadamente esta familia se suma a esta lucha para siempre, porque la indiferencia, así como yo la tuve, la tienen las autoridades”, continuó.
Su feminicida, Guillermo Hernández, era policía del estado en activo y en su momento también fue escolta de Emilio García, secretario de seguridad pública estatal durante el gobierno de Javier Corral.
Tres años después, Hernández fue condenado a 30 años de prisión, la pena mínima para el delito del feminicidio, y a reparar el daño de su crímen. En una conferencia de prensa y con el apoyo de la asociación civil Justicia Para Nuestras Hijas (JPNH), la familia de Gloria anunció que apelarán la sentencia, pues consideran que la pena debió ser mayor y que no se tomaron en cuenta agravantes.
“Le declaran feminicida, ¿para qué?”, se preguntó Olga ante los medios de comunicación, “¿para decirle que tiene una buena conducta en juicio, que lo quieren reinsertar a la sociedad lo antes posible? Eso oí yo, y eso me la arrebató de nuevo, y eso es indignante, pero vamos a tocar las puertas que haya que tocar, pero vamos a derribar las que haya que derribar, porque vamos a ser oídos”.
Norma Ledezma, fundadora y coordinadora de JPNH, consideró que los jueces a cargo del fallo no tomaron en cuenta agravantes como que el feminicida era servidor público en activo, tenía entrenamiento en armas, cometió el crimen con su arma de cargo y era superior a ella en cuerpo y fuerza.
De acuerdo con Ledezma, la defensa de Hernández argumentó que el disparo fue un accidente, pero después de este tiro que impactó en el rostro de Gloria Alejandra, el imputado la arrolló dos veces con su camioneta antes de huir. Pero al haber sido escolta de un funcionario público de alto rango, Hernández debió de contar con entrenamiento en primeros auxilios, explicó Ledezma, y en vez de asistirla decidió asegurarse de que ella perdiera la vida y después huir.
“Esos agravantes no los vieron. La abandonó y no le dio auxilio”, dijo Ledezma. “Si toca en una sala donde el magistrado resuelva con una perspectiva de género, va a aumentar la condena”.
JPNH condena ola de violencia contra las mujeres
Al menos seis mujeres, entre ellas una mujer embarazada, fueron encontradas sin vida entre los días 15 y 16 de marzo en la capital del estado y en Ciudad Juárez, hechos que fueron denunciados por JPNH.
La organización recalcó además la estigmatización alrededor de estos casos, pues desde un principio se relacionó a las víctimas, en su mayoría mujeres jóvenes, “con el crimen organizado sin conocer el contexto de fondo”.
“En Justicia Para Nuestras Hijas no defendemos ni excusamos los hechos ilícitos pero nada justifica que se les arrebate la vida a tantas personas por supuestos nexos con el crimen organizado”, declaró la organización en un comunicado de prensa.
JPNH explicó que estos hechos violentos son un reflejo de la “ausencia de procuración de justicia, pues al no ejercerse una acción legal en contra de quienes delinquen, los grupos criminales actúan en contra de sus adversarios” y exigieron a los tres niveles de gobierno que combata a la impunidad que intensifica la violencia”.
De acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE), entre enero y febrero de este año, han asesinado a 38 mujeres, pero solo seis de estos casos fueron clasificados como feminicidios.
En lo que respecta a marzo, hasta el día 16, se han registrado once asesinatos femeninos, pero ninguno ha sido tipificado como feminicidio.
Por su parte, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM) declaró que estos hechos serán investigados hasta agotar todas las líneas posibles y teniendo en cuenta perspectiva de género.
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