Organizaciones civiles documentaron más de 200 casos de personas desplazadas de la Sierra Tarahumara; exigen coordinación gubernamental y reconocimiento oficial del fenómeno.
Por Leo Barro/Raíchali
Cdmx – Organizaciones civiles integrantes de la Misión Civil de Observación (MCO) presentaron este martes en la Ciudad de México el “Informe sobre el desplazamiento forzado interno en Chihuahua. Resultados de la Misión Civil de Observación”, documento que revela una crisis humanitaria en la región serrana del estado, caracterizada por el uso de tácticas bélicas, la colusión de autoridades con el crimen organizado y una alarmante cifra de impunidad.
La MCO visitó en mayo pasado los municipios de Parral, Delicias y la capital del estado. Ahí se entrevistaron con cerca de 200 personas en situación de desplazamiento forzado interno (PDFI) provenientes de comunidades como Atascaderos, Coloradas de la Virgen y la Sierrita en Guadalupe y Calvo, así como de Tamazula, Durango, y San Miguel, Sinaloa.
“Territorio como nueva riqueza” y ataques con drones
Durante la conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Prodh, los panelistas detallaron las causas estructurales del fenómeno.
Saulo Loya, integrante de Tlachinollan, un Centro de Derechos Humanos de la Montaña con sede en Guerrero, explicó que el desplazamiento responde a una disputa por el control territorial en el llamado Triángulo Dorado, donde el crimen organizado busca apoderarse de los territorios para operar con total impunidad, más allá del control de recursos naturales como la madera o el agua.
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“Hay una nueva clase de economía y una nueva clase de riqueza que es el territorio mismo. Si nos apoderamos del territorio, eso nos da la posibilidad de hacer lo que queramos. Básicamente, si queremos transitar, si queremos desaparecer, si queremos abastecer, lo que sea”, señaló Loya.
Muchas personas huyeron por temores fundados al ser víctimas de estos ataques o de que los miembros jóvenes de sus familias sean reclutados de manera forzada para participar en estos grupos criminales. Cabe destacar que en este estado no existen las autodefensas comunitarias, ni armadas, las personas entrevistadas acompañadas por las organizaciones locales son víctimas de la situación de inseguridad generalizada a causa del crimen organizado: amenazas, asesinatos, reclutamiento forzado, esclavitud, despojo de territorios y cooptación de derechos básicos como el agua, salud, alimentación, protección, desarrollo libre de la personalidad, entre otros
El informe documenta un patrón de violencia sistemática que inicia con ataques focalizados contra líderes comunitarios y defensores de derechos humanos —como en los casos de Isidro Baldenegro (15 de enero de 2017) y Julián Carrillo (24 de octubre de 2018)— y escala, si la resistencia persiste, a ataques indiscriminados contra la población civil. Entre las tácticas documentadas se encuentra el uso de drones con explosivos, una técnica comparada con los conflictos bélicos internacionales.
“Somos ignorados”: el reclamo de las víctimas
La presentación del informe no sólo fue un espacio para los datos, sino también para las voces de quienes viven la crisis. Magdalena Gómez, periodista de La Jornada, cuestionó la polarización política que obstaculiza la atención:“Es verdaderamente dramático lo que nos demuestra el informe, tanto la polarización que existe con la gobernadora y el gobierno Federal… ¿exigencia la participación de esta problemática o se tendrá que esperar hasta que pasen las elecciones?”.
Gabino Gómez, activista del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), recordó la indiferencia de las autoridades:“Hace más de dos años hicimos un encuentro de familias desplazadas frente a la plaza de armas del estado de Chihuahua durante dos días… Fuimos ignorados, ninguna autoridad se acercó a nosotros. Se hizo una petición y aún no tenemos un resultado, seguimos ignorados”.
Bertha Ramírez, del Colectivo Nuevo Amanecer en Parral, denunció la precariedad de la ayuda gubernamental y las condiciones de vida en los refugios. “Efectivamente somos ignorados. Si le pregunta al gobierno de Chihuahua va a decir que sí nos ayuda, pero si le pregunta a la familia es diferente. Solo le dan una cobija y una despensa que no es suficiente y aparte los condicionan. Hay familias que siguen durmiendo en el suelo, no hay condiciones, ni una colchoneta”, manifestó.
Cifras alarmantes e impunidad
Nataniel Hernández, de la Red Todos los Derechos para Todos (TDT) destacó que los niños, niñas y adolescentes sufren vulneraciones graves en su derecho a la salud, educación y desarrollo. A nivel institucional, la Misión documentó la insuficiencia en la respuesta por parte del Estado mexicano.
Aunque hay algunas acciones aisladas por parte del municipio de Parral y del gobierno del estado, éstas no están coordinadas y atienden —de manera limitada— necesidades inmediatas. Todo esto se ve agravado por la colusión de las autoridades con los grupos delictivos y la impunidad absoluta que se vive en la región. A pesar de que hay 89 denuncias por el delito de Desplazamiento Forzado Interno, sólo existen dos sentencias condenatorias.
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Sin embargo, estas no han sido cumplimentadas de manera íntegra, por lo que las personas responsables del DFI siguen operando con normalidad y sin enfrentar las consecuencias de su actuar delictivo.
Aunque hay distintos instrumentos internacionales, nacionales y locales que regulan el fenómeno del DFI, la Misión encontró que la legislación aplicable en el estado de Chihuahua carece de un enfoque integral, ya que se centra en una atención fragmentada e insuficiente de ciertas necesidades de las personas víctimas de desplazamiento forzado, porque las etiqueta como “grupo vulnerable”.
Además, se constató que no hay involucramiento por parte de la federación en estas regiones. El hecho de que los perpetradores continúen en la impunidad es una muestra clara de la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia.
También el senador y exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, presente en el evento, en cuyo mandato aumentó el desplazamiento forzado, destacó la gravedad de la cifra de impunidad: “A pesar de que hay 89 denuncias por el delito de DFI, sólo existen dos sentencias condenatorias. Sin embargo, estas no han sido cumplimentadas de manera íntegra, por lo que las personas responsables del Desplazamiento Forzado Interno, siguen operando con normalidad y sin enfrentar las consecuencias de su actuar delictivo”.
Posteriormente posteó en sus redes sociales la postura planteada en el documento que señala es necesario un mecanismo interinstitucional permanente en que participen los tres niveles de gobierno, un plan integral de atención y protección con soluciones de largo plazo en el que se establezca un enfoque diferenciado en materia de prevención y reparación, un mecanismo de seguimiento puntual de compromisos y por supuesto, la atención a las causas, la pobreza y falta de oportunidades, pero también la impunidad, pues hay muchas denuncias y pocas sentencias, además de que éstas no se cumplimentan.
“La politización de este fenómeno, como en materia de seguridad, no tiene cabida. Es necesario que el Gobierno del Estado de Chihuahua asuma su responsabilidad frente a esta problemática, pero también el gobierno federal voltee su mirada a este problema, lo reconozca en toda su dimensión, acompañe a las víctimas y con toda decisión y colaboración, ambos se coordinen y lo atiendan”, aseveró en su perfil de Facebook.
A pesar de que ha habido iniciativos para tipificar el desplazamiento forzado a nivel federal que han congelado, el legislador chihuahuense indicó que el reconocimiento oficial de este tipo de desplazamiento es impostergable (…) también el Poder Legislativo, a nivel local y federal, tenemos la enorme responsabilidad de legislar objetivamente no sólo el delito de reclutamiento forzado, dijo, sino una Ley General de Desplazamiento Forzado Interno y una suficiente asignación de recursos materiales, humanos y económicos para su atención.
Yareli Rivera, de Serapaz, detalló que la Misión identificó cinco causas principales del desplazamiento, entre ellas la disputa territorial, el control de recursos naturales, el reclutamiento forzado de jóvenes, el ejercicio directo de la violencia y la colusión de las autoridades con los grupos delictivos.
Recomendaciones y llamado a la Federación
Las organizaciones destacaron que ninguna de las autoridades tiene un plan para atender las causas estructurales del desplazamiento forzado y generar condiciones de seguridad para que las personas puedan volver a sus comunidades, con permanencia segura.
Esto, dijo Yareli Rivera, integrante de Serapaz, lamentablemente se verá cada vez más agravado si el estado persiste en la lógica de tratar de invisibilizar el fenómeno y maquillar el registro de casos de DFI porque no hay cifras oficiales. Se constató un aumento significativo de eventos de DFI en Chihuahua durante los últimos años. De acuerdo con estimaciones de organizaciones civiles y fuentes periodísticas, el número de personas desplazadas se habría triplicado entre 2021 y 2025, se refleja una tendencia creciente que evidencia la insuficiencia de las medidas institucionales para prevenir y atender este fenómeno.
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El estado de Chihuahua, junto con Michoacán y Sinaloa, es uno de los tres estados del país que concentran la mayor cantidad de personas desplazadas, en 2025 se registraron al menos 4,492 personas desplazadas
Ante la falta de un registro oficial y una política pública integral, la MCO recomendó la instalación de una mesa interinstitucional permanente, la creación de un registro estatal público de personas desplazadas y la necesidad de que la Federación se involucre para impulsar una Ley General de Desplazamiento Forzado Interno. El informe será presentado formalmente ante la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.
La MCO está conformada por las organizaciones: Alianza Sierra Madre (ASMAC), Centro de los Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), Consultoría Técnica Comunitaria (CONTEC), Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (COSYDDHAC), Colectivo Nuevo Amanecer, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT), Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, con el acompañamiento de las Brigadas Internacionales de Paz México (PBI) y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
