Alumnos y exalumnos del exfiscal que encabezó las investigaciones por corrupción contra el exgobernador César Duarte, mostraron su apoyo en una reunión que duró hasta la media noche. Denuncian que el exfuncionario se encuentra encerrado en condiciones inhumanas y que la jueza que lleva el caso se niega a entregar el mismo a las autoridades federales, a pesar de que existe una orden de mayor jerarquía para eso.
Texto y fotografías de Óscar Rosales
Chihuahua.- Un grupo de alumnos y exalumnos del exfiscal anticorrupción, Francisco González Arredondo, acusado y detenido por el delito de tortura psicológica, realizó una vigilia en la explanada de la Ciudad Judicial durante la noche del pasado jueves 26, con la intención de visibilizar las irregularidades del proceso penal y exigir que se garanticen los derechos del antiguo funcionario.
En la vigilia que comenzó alrededor de las ocho de la noche, el grupo de estudiantes y egresados denunció que la prisión preventiva como medida cautelar contra Francisco González no tiene sustento legal ni justificación del ministerio público. Aseguran que se trata de “una pena anticipada” que forma parte de una venganza política de la administración de Maru Campos, dado que el exfiscal fue quien dirigió las investigaciones que condujeron a la detención de varios funcionarios por la “nómina secreta” de César Duarte y apuntaron a la actual gobernadora por haber recibido sobornos.
También se proyectaron algunos videos en apoyo al exfiscal, con varias personas diciendo “Hoy yo soy Francisco González Arredondo”, entre ellas el exgobernador panista Javier Corral Jurado y funcionarios de su administración.
Briana Díaz, exalumna de Francisco, explicó que el exfiscal está completamente aislado en una celda de nueve metros cuadrados, en condiciones inhumanas, en el Centro de Readaptación Social #1 (CERESO) de Aquiles Serdán, el mismo lugar donde se encuentra preso el exgobernador Duarte.
“Tiene únicamente oportunidad de recibir visitas dos veces por semana, en una hora. Únicamente puede ver a sus defensores y a familiares directos. Se le niega que tenga comunicación con cualquier otra persona que no sea familiar o defensor. No puede salir a patios, no tiene actividades recreativas, no tiene compañero de celda, se encuentra completamente aislado en una en una celda de castigo”, detalló Briana.
Los y las manifestantes también pegaron varias cartulinas en la Torre Norte de la Ciudad Judicial con mensajes que señalan al tribunal como “Duartista” y la designación de Hortensia García Rodríguez, jueza estatal actualmente a cargo del caso, como una orden de la presidenta del Poder Judicial, Myriam Hernández, quien testificó a favor de Duarte durante su proceso de extradición en Estados Unidos.
A inicios de enero, la Fiscalía General de la República (FGR) ejerció su facultad de atracción para asumir la acción penal contra el acusado. De acuerdo a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, la autoridad federal es quien originalmente puede conocer y procesar el caso, pero que también le cede esta facultad a la Fiscalía General del Estado (FGE), explicó Briana Díaz.
Sin embargo, al tratarse de un caso de relevancia para la federación, el juez Vladimir Véjar Gómez solicitó a la jueza Hortensia García que se declare incompetente para la acción penal y canalice el caso a un juez federal. De la misma forma, se ordenó a la FGE que entregue la carpeta de investigación a la FGR.
Según Díaz, la carpeta de investigación ya fue entregada, pero que a pesar de esto, la jueza Hortensia se niega a reconocer su incompetencia sin justificación alguna. Debido a esta situación, ahora un juez de mayor jerarquía tiene que ser el que determine quien se hará cargo del caso.
“Aún y cuando debería de plasmar sobre todas las cosas la protección a los derechos humanos de nuestro maestro, la realidad es que estos temas que nos parecen más como cuestiones burocráticas, nos impiden y le impiden a la defensa del maestro que se lleva a cabo una audiencia de revisión de medidas cautelares, pues sabemos que la que la autoridad estatal se va a negar a toda costa”, declaró la exalumna.
La justificación de las autoridades para tener en prisión preventiva a Francisco Arredondo es que él, al haber sido fiscal por muchos años, tiene contacto con personas dentro de la Fiscalía y que por ello podía manipular la evidencia, sin embargo, la defensa presentó como testigos a varios trabajadores del mismo órgano público y aseguraron que en ningún momento el exfiscal se acercó a ellos, explicó Briana Díaz.
El grupo estudiantil teme que la estrategia tomada por las autoridades estatales sea utilizada únicamente con fines de dilatar el caso, y así extender lo más posible la estancia de Arredondo tras las rejas.
La próxima audiencia del caso se llevará a cabo el jueves nueve de febrero, sin embargo, se desconoce como procederá la jueza Hortensia sin un órgano acusador.
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