El proyecto de una carretera, propuesto por el gobierno, fue aprobado de manera exprés en Repechique, mientras que las peticiones de la misma comunidad, como mejoramiento de vivienda y tractores para trabajo agrícola, han sido ignoradas por más de un año. La misma comunidad tendrá que pagar por la carretera.
Por Patricia Mayorga y Raúl Fernando
CHIHUAHUA, Chih. Integrantes de la comunidad Bosques San Elías Repechique denunciaron la injerencia de intereses externos y la intromisión de autoridades estatales para tomar la operación de los recursos del Fideicomiso que ganaron en 2014 a favor de 33 comunidades, cuando un juez federal contra la falta de consulta para la construcción del aeropuerto regional de Creel, que afectó su territorio.
Uno de los proyectos que les quieren imponer, con la presión para que los representantes indígenas firmaran el acuerdo, es un camino que va a la comunidad, y la gobernadora María Eugenia Campos Galván advirtió breve entrevista con medios de comunicación en el municipio de Urique, que “es una carretera, no es una obra (…) es algo que nos ayuda para detonar la economía”.
Foto: Gobierno del estado
El juez Octavo de Distrito, Ignacio Cuenca Zamora, otorgó el amparo promovido por la comunidad Bosques San Elías Repechique y que beneficia a 33 comunidades en total. Como reparación del daño, el juzgador ordenó la creación de un fideicomiso por 65 millones de pesos para proyectos comunitarios que serían aprobados por dicho un Comité Técnico conformado para la operación del Fideicomiso, del que son parte 8 integrantes de la comunidad, 4 titulares y 4 suplentes.
La administración de los recursos estaría a cargo del pueblo indígena beneficiado y supervisado por el Comité Técnico. Sin embargo, con la actual administración estatal todo parece cambiar.
En un comunicado, integrantes de Bosques San Elías Repechique informaron que el 27 de noviembre pasado, sesionó el Comité Técnico del Fideicomiso Bosques San Elías Repechique, en la que los representantes del gobierno estatal ejercieron presión sobre quienes representan a la comunidad, para que firmaran los acuerdos y obtener el uso y manejo de los recursos de dicho fideicomiso.
Consultada al respecto, Diana Villalobos, directora de la organización Consultoría Técnica Comunitaria (que da acompañamiento jurídico a la comunidad Bosques San Elías Repechique), detalló que desde que el Comité del Fideicomiso aprobó los proyectos comunitarios propuestos por la comunidad, “le han dado largas para concretarlos”.
Los proyectos fueron aprobados apenas en la administración pasada, por el Comité, en donde también están integradas autoridades estatales: un representante de la Secretaría General, otro de la de Hacienda, uno de Desarrollo Municipal y el cuarto de Innovación y Desarrollo. El fideicomiso se tenía que pagar en 7 años, a partir de que se les otorgó el amparo en 2014. Los proyectos tuvieron que concretarse en 2021.
“Primero (en la actual administración) hubo una reunión en la que estuvo Enrique Rascón Carrillo (titular de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas) y ahí le preguntaron a la gente que si querían tener un camino arreglado y pues claro que quieren. Y les dicen que un buen negocio sería un centro comercial en Creel, con una casa de artesanías y de casitas para rentar hospedaje. Después hubo otra reunión donde les entregaron el costo del camino de casi 4 millones de pesos y ese costo es para el pago de la maquinaria que se supone es del gobierno del estado, el pago es alto para el chofer de la maquinaria y que ese recurso será administrado por el ayuntamiento de Bocoyna”, agregó Villalobos.
Foto: Patricia Mayorga
Posteriormente hubo otra reunión, el 23 de noviembre, donde les entregaron los documentos a los representantes de la comunidad. “Pero a la demás gente no le explicaron lo que implican ese tipo de proyectos, es decir, a los fiduciarios que ya habían acordado otros proyectos. Y por ejemplo, el camino al que se refieren, ya lo habían arreglado con mano de obra y recursos del Municipio. Ahora van a meter maquinaria que les va a rebajar casi 4 millones al fideicomiso”, señaló Diana Villalobos.
Sobre el centro comercial, les dijeron que invertirán alrededor de 27 millones de pesos, pero no les entregaron la corrida financiera y desconocen quién lo administraría. Entre el monto del camino y el centro comercial, les quitarían casi la mitad del monto del fideicomiso, en un proceso opaco y sin reglas de operación, ya que el acuerdo con el juez fue que el recurso es de la comunidad, no del gobierno, refiere la activista.
En el gobierno de Javier Corral Jurado inició una auditoría al Fideicomiso, solicitada por los mismos integrantes de la comunidad. Esa investigación concluyó durante la actual administración, sin embargo, no hubo sanciones ni consecuencias, a pesar de que la Secretaría de Hacienda determinó que sí hubo irregularidades en el manejo. Los representantes del comité no fueron removidos tampoco, agregó Diana Villalobos.
Foto: Redeti
El martes 10 de enero, el gobierno estatal le avisó a la comunidad que al día siguiente ingresaría la maquinaria a la comunidad para “arreglar” el camino, por eso los integrantes rarámuri denunciaron la presión e intromisión de intereses externos para hacer uso de los recursos mencionados. La maquinaria ya está instalada afuera del taller de costura que la misma comunidad construyó como parte del Fideicomiso.
“Están interviniendo en la forma de la organización de la comunidad. La comunidad es la que administra, no el mismo gobierno, no son recursos públicos sino le corresponden a la comunidad. En una reunión del Comité Técnico y los forzaron a firmar, los regañaron, porque los regañan. Y uno de ellos les dijo que firmaba bajo protesta. Los fiduciarios no saben lo que van a hacer con ese dinero”, abundó.
En el comunicado de la comunidad, advierten que las autoridades violentan las reglas de operación del Fideicomiso, para dejar fuera los proyectos presentados por la comunidad: una casa comunal, un proyecto agrícola (compra de herramientas agrícolas, tractor y equipamiento) y el mejoramiento de vivienda. Esos proyectos, insisten, fueron planeados y propuestos por la comunidad, cumpliendo los requisitos que ordena la regla de operación.
“Los integrantes de diferentes rancherías estamos en desacuerdo y solicitamos la nulidad de dichos acuerdos. Asimismo hemos dado a conocer nuestra inconformidad de los dos acuerdos realizada anteriormente a la fecha del 23 de noviembre, por el Comité Técnico del Fideicomiso Bosques San Elías Repechique, ya que están viciados y existen intereses externos. Denunciamos públicamente la omisión del Estado sobre la aplicación del recurso del fideicomiso dentro de nuestros territorios”, concluye el comunicado.
La orden para la construcción del camino ya está presupuestada por la Dirección de Infraestructura Municipal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes estatal. El nombre del proyecto oficial es Revestimento del camino E.C carretera Creel a San Rafael, kilómetro 4+350 (crucero de Sánche), con un monto de 3 millones 760 mil 129 pesos.
Del total de esa inversión, poco más de 2 millones serán para la operación de la maquinaria: diesel para maquinaria y equipo, gasolina para camioneta de servicio y motobomba, aceite de motor para maquinaria y equipo, aceite hidráulico para maquinaria, grasa, equipo de corte para cargador marca Caterpilar, equipo de corte para tractor D6 marca Caterpilar, equipo de corte para excavadora marca Caterpilar.
Otros 388 mil 585 pesos serán destinados a la compra de refacciones y reparaciones; pagarán además 451 mil 50 pesos por tiempo extra al operador y auxiliar de maquinaria del gobierno del estado, y para el velador por 123 días. Por alimentación y hospedaje de los operadores, pagarán 790 mil 500 pesos. Y por el traslado de la maquinaria, 76 mil 976 pesos.
NO HAY REGLAS DE OPERACIÓN: REPRESENTANTE DE GOBIERNO EN COMITÉ DEL FIDEICOMISO
El representante de la gobernadora en el Comité del Fideicomiso, Pavel Aguilar Raynal, dio a conocer que para los proyectos contemplados no hay reglas de operación, “no está normado para que lo administre la administración”.
Justificó que cuando crearon el Comité, en el gobierno de César Duarte, no crearon las reglas de operación, tal vez por la coyuntura social y política de aquel momento.
“Pero nunca se planteó bajo qué esquema, circunstancia, habría reglas de operación. (Por lo tanto) se tiene que aplicar la Ley General del Gasto Público, (el fideicomiso) es para el beneficio, no es la entrega del recurso”, acotó.
El funcionario aseguró que si habrá licitaciones para los proyectos, conforme a la Ley.
Foto: Redeti
Sobre la reunión en la que denunciaron integrantes de la comunidad que fueron presionados para firmar, Pavel Aguilar afirmó que estuvieron ahí y se plantearon las inconformidades que han hecho públicas.
“Eso es lo que les decía yo en una reflexión individual: Si ahorita se quiere hacer un cuarto, pues se va a hacer un cuarto en 100 pesos, pero si se quiere hacer ese mismo cuarto, este fideicomiso tiene 7 años si no me equivoco, pues ya no se va a completar con el mismo dinero, lo único que están haciendo es la depreciación de su mismo dinero”, agregó Aguilar, quien es subsecretario de la Coordinación General del Gabinete.
Sin embargo, dijo, si hay una condición observables respecto de la reunión y del Fideicomiso, la van a atender, aunque insistió que el dinero hay que aplicarlo porque se está devaluando mucho.
Pavel Aguilar explicó que quien administrará los trabajos será la dependencia que las ejecute, pero la operación de la casa de artesanías o comuna, será administrada por la comunidad.
“Es una comuna, una vez que esté le obra, se deja con ellos. La obra es de ellos, en la organización de ellos. Por ejemplo: estaban planteando que se hiciera en la comunidad, pero por obvias razones de carácter comercial, nadie va a bajar hasta Repechique, por sentido común”, indicó el funcionario estatal.
Los otros proyectos que han mencionado e incluido en el Fideicomiso, se ejecutarán, aseveró Aguilar Raynal. “(Para la reunión) se citó a las dos comunidades, uno de los líderes no citó a su comunidad, el citatorio estuvo circulado en tiempo y forma para que fueran todos. Fueron todos los que están en el Comité. Una comunidad no fue porque el dirigente no los citó, pero de la otra comunidad había como 120 compañeras y compañeros”.
Foto: Gobierno del estado
La gobernadora informó que ya tienen las cartas donde les firmaron la aprobación de los proyectos, en donde indican que están de acuerdo.
Sin terminar de escuchar la pregunta en la que le preguntaron sobre la presión para firmar, respondió: “Tenemos las cartas donde nos firmaron de que estaban de acuerdo y bueno, es una carretera, no es una obra.
Es una carretera, es algo que nos ayuda a detonar la economía, es algo que nos ayuda a que ellos mismos tengan servicios, tengan empleos, tengan apoyo de la población que llega aquí al turismo y al comercio. Y bueno, si podemos tener alguna comunicación con ellos, la tendremos”.
Aseguró que los últimos dos años le han brindado a la comunidad rarámuri lo que corresponde al gobierno estatal, al municipal y al seccional.
REDETI EXIGE QUE SE RESPETE EL FIDEICOMISO BOSQUES SAN ELÍAS REPECHIQUEE
La Red de Defensa del Territorio Indígena en la Sierra Tarahumara (Redeti) exigió respeto al derecho da decidir que tiene la comunidad, respecto del Fideicomiso.
“La Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas (Coepi) es la encargada de garantizar el derecho a la consulta indígena y de velar porque se respeten sus decisiones; los intereses de los pueblos indígenas deben ser su prioridad. La reparación del camino con maquinaria y la construcción de un centro comercial en Creel no son necesidades expresadas por la comunidad. Por el contrario, los proyectos presentados por integrantes de la comunidad en base a las reglas de operación fueron la construcción de un salón comunitario en la localidad de Repechique, el mejoramiento de vivienda, así como la compra de dos tractores e insumos para la agricultura. Estos proyectos llevan esperando un año para su aprobación”, señalaron en un comunicado.
Detallaron que se debe anteponer la garantía de los derechos al territorio, salud, educación, medio ambiente, seguridad, economía y las necesidades que contempla el Plan de Desarrollo Nátiga Busuré, resultado del trabajo de diez comunidades indígenas con apoyo de Consultoría Técnica Comunitaria A.C. (Contec), el cual se dio a conocer al gobierno del Estado en julio de 2022.
La Redeti está conformada por Alianza Sierra Madre A.C. (ASMAC), Awé Tibúame A.C., el Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas A.C. (Cecaddhi) Consultoría Técnica Comunitaria A.C. (Contec) y las comunidades indígenas que acompañan en la defensa de su territorio y recursos naturales: Bosques de San Elías Repechique, Arroyo del Pajarito, municipio de Guachochi; Bawinocachi, municipio de Bocoyna; Coloradas de la Virgen y Mala Noche, ambas del municipio de Guadalupe y Calvo; así como las comunidades de Huitosachi y Mogótavo, del municipio de Urique, del estado de Chihuahua, en México.
Foto: Raúl Fernando
Apenas el mes pasado, el Juzgado Primero de Distrito en el estado de Chihuahua resolvió que la Fiscalía General del Estado cometió un acto de ilegalidad al asegurar el taller de costura Bowe Najativo de la comunidad de Bosques San Elías Repechique, que es parte de los proyectos del Fideicomiso. El pasado 13 de agosto de 2020, agentes ministeriales despojaron del taller alrededor de 50 integrantes de la comunidad y los detuvieron por el delito de despojo.
La comunidad y específicamente la responsable rarámuri del taller de costura, Teresa González Parra, fue demandada por el empresario Fernando Cuesta Miledi, quien asegura ser el dueño del terreno donde se construyó el taller.
El juez determinó que no existió delito y por lo tanto, la FGE vulneró los derechos de la comunidad porque el aseguramiento se realizó sin la autorización previa del juez de Control, como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Foto: Raúl Fernando
El fideicomiso es producto del fallo del juez federal en 2014, de acuerdo con el expediente 244/2014. En la sentencia, Cuenca Zamora reconoció la posesión ancestral del territorio de la comunidad Bosques San Elías Repechique, con base en planos y peritajes que detallan los límites de la comunidad.
El Fideicomiso fue solicitado por la comunidad indígena a favor de 33 rancherías afectadas por la construcción del aeropuerto, ya que obstruyeron aguajes, centros ceremoniales, el camino que utilizaban para caminar a Creel para atención médica y otros servicios, y dañaron su bosque con la tala inmoderada.
El Congreso del Estado aprobó dicho Fideicomiso más de dos años después y fue liberado hasta el 2017, en el gobierno de Javier Corral Jurado, cuando se conformó el Comité Técnico que lo regula.
En 2019 les entregaron 1 millón 300 mil pesos. Construyeron el salón de usos múltiples que no ha funcionado por una división interna de la comunidad, ya que una parte solicitó la auditoría mencionada, a la Secretaría de la Función Pública para transparentar el proyecto.
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