“Plan de Justicia” busca finiquitar y adquirir tierras para hacer justicia a comunidades indígenas en la Sierra Tarahumara

Por Patricia Mayorga

El Plan de Justicia implementado por el gobierno federal para revisar la situación de los pueblos indígenas en el país, contempla 17 comunidades rarámuri y ódami de la Sierra Tarahumara, quienes exigen el reconocimiento de su territorio debido a que ha sido comprado por particulares o asignado o ejidos a costa de las personas indígenas que lo habitan de manera ancestral.

“Pareciera que en Chihuahua no pasó la Revolución Mexicana”, indicó Hugo Aguilar Ortíz, coordinador general de Derechos Indígenas en el Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas, que impulsa el Plan Justicia, en entrevista durante la última reunión en la entidad.

Sin embargo, reconoció que el gran reto es el combate a la tala. La titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores, reconoció el año pasado que hay lavado de madera en Chihuahua y otras entidades, que tienen clasificadas como foco rojo.

“La injusticia sobre la tierra acarrea más injusticia. Al momento que se titulan las tierras a favor de personas que no son los legítimos propietarios, los propietarios ancestrales, esa nueva persona sea un ejido, sea una empresa o un particular, tiene formalmente el derecho de obtener permisos de aprovechamiento forestal. La Semarnat tiene que dar esos permisos porque acreditan ser los propietarios”, explicó Hugo Aguilar para exponer el problema de lavado de madera.

Detrás de esa propiedad, dijo, hay una injusticia contra los pueblos rarámuri y ódami, en el caso de las comunidades que acompañan.

Aguilar dio a conocer que hay “un montón” de permisos otorgados a quienes se ostentan como propietarios, sin ser los propietarios ancestrales.

“Y por otro lado, un conjunto de tala ilegal. Ahí entiendo que se está estableciendo una estrategia con involucramiento de cuerpos de seguridad y las instituciones que están facultadas para inspeccionar, para combatir la tala ilegal. El presidente tiene un gran proyecto de reforestar, un millón de hectáreas en su sexenio y por otro lado, si no se para la tala, prácticamente quedamos en números rojos. O si bien nos va, en equilibrio en cantidad de hectáreas reforestarlas contra las hectáreas acabadas por la tala ilegal”, añadió.

El funcionario federal indicó que como parte del Plan de Justicia tendrán una reunión con la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, para revisar esa situación. También se contemplan reuniones con los sectores agrario y ambiental, porque esperan consolidar soluciones.

LA ACUMULACIÓN DE DESPOJOS

Aguilar Ortíz detalló que las comunidades indígenas, en este caso las de la Tarahumara, no se vieron beneficiadas con la reforma al artículo 27 de la constitución del 1917 y por lo tanto, no tienen documentos de propiedad sobre sus tierras ancestrales.

“Por el contrario, sobre sus propias tierras ancestrales fueron dotados ejidos, la mayoría integrados por chabochis (mestizos) y también fueron titulados a favor de particulares.

En plena época contemporánea, prácticamente significa que son encomiendas, porque es los títulos de las tierras están a favor de terceros e incluyen dentro de los territorios a la gente que habita ahí, en este caso los pueblos indígenas”, detalló Aguilar.

El impulsor del Plan Justicia dio a conocer que enfrentan un reto grande porque se trata de reparar el agravio histórico cometido en contra de las comunidades indígenas hace más de un siglo.

“(En Chihuahua) conocimos antecedentes que tuvieron lugar en la época de Porfirio Díaz, y es una situación recurrente en esa época negra para los pueblos indígenas”, agregó.

Hugo Aguilar explicó que el andamiaje jurídico que tiene México en materia agraria, es complicado en la lucha de las comunidades indígena y esto se suma al funcionariado público que ha tenido un pensamiento formalista.

“Sólo se quiere apegar a la ley ordinaria a la ley ordinaria, a la ley reglamentaria. Por fortuna, lo que nos puede abrir un rayo de esperanza es que México ha suscrito un conjunto de tratados sobre derechos de los pueblos indígenas y la nueva Constitución que también se reformó en 2001, acogió nuevos conceptos sobre el derecho al territorio”, abundó el coordinador del Plan Justicia.

Ese contexto jurídico en materia de derechos de los pueblos indígenas, indicó, abre la posibilidad de implementar un método de interpretación que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que se llama control de constitucionalidad y convencionalidad. De esta manera, las comunidades pueden acceder al rescate de “lo poco que le queda su propiedad ancestral”.

En el Plan Justicia, el proceso es documentar primero la historia de despojo, que en el caso de Chihuahua ya concluyeron con 17 comunidades con suficiente documentación para avanzar y poner los casos en las dependencias federales que correspondan para llegar a soluciones y/o acuerdos.

En la mesa de Plan Justicia con las comunidades también participa la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que representa Martha Patricia Macías Calderón, directora de Concertación Agraria, dedicada a atender conflictos sociales en el medio rural.

La funcionaria dio a conocer en entrevista después de una reunión con las comunidades en la ciudad de Chihuahua, que el común denominador en las comunidades rarámuri y ódami (las que forman parte hasta ahora del Plan de Justicia) es la venta del territorio “con todo y los rarámuri”, pero sin tomarlos en cuenta.

Macías Calderón informó que lo que busca la dependencia y el gobierno federal, es regresarles o hacerles justicia con el reconocimiento de su territorio a través de los medios idóneos.

“Buscamos hacer justicia sin pisotear derechos. Es construir la vía de atención a través de los medios idóneos. En Chihuahua tuvimos la primera reunión en junio (de 2022). Fue escucharlos y después fue aterrizar en papel lo que se recabó de documentación. Ahora (en diciembre) trajimos el informe de cómo se releja para seguir trabajando.

“Todavía no fijamos alternativas en algunos casos porque justamente es que ellos validen lo que ya trabajamos en campo. La información que ellos nos dieron ya la plasmamos y venimos a decirles: ‘esto es lo que resultó de la información que nos dieron y la que nosotros recabamos. Ya una vez validado, seguimos construyendo. Estamos en los diagnósticos de pasar a la forma idónea de atención”, abundó la funcionaria de Sedatu.

Hugo Aguilar recordó que el mayor número de despojos de los pueblos indígenas ocurrió en el gobierno de Porfirio Díaz, cuando el Poder Ejecutivo tenía la facultad casi absoluta para decidir sobre sus tierras y éstas se asignaron a particulares y empresas deslindadoras, incluidas las empresas extranjeras.

“Uno de los motores de la Revolución Mexicana fue el tema de la tierra y en el artículo 27 constitucional se estableció la posibilidad de anular una serie de actos de esta naturaleza que se cometieron con Porfirio Díaz. Ahora estamos trabajando en varios planes de justicia”, reforzó el funcionario.

Como ejemplo, mencionó el avance que han tenido con la tribu yaqui en el estado de Sonora, en donde el expresidente Díaz empleó más del 50 por ciento del Ejército mexicano para combatirlos y correrlos de su territorio para apoderarse de éste.

“En el Valle de El Yaqui se dio esas tierras a compañías deslindadoras, se les dio la idea de que las pusieran al riego y como pago se le dio una enorme cantidad de tierras. La empresa se declaró en quiebra y un banco del Estado se apoderó de las tierras, las repartió y las convirtió en pequeñas propiedades que es el Valle de El Yaqui, ciudad Obregón”, explicó.

El coordinador de Derechos Indígenas del gobierno federal, dio a conocer que ya restituyeron 30 mil hectáreas a los yaquis y se les está devolviendo también los volúmenes de agua, aunque reconoció que no se podrá resarcir todo el daño causado porque son más de 100 años de acumulación de agravios.

El Plan de Justicia, indicó, le apuesta a que ya no sigan el despojo, que en muchos casos ha implicado hacer inversión pública para indemnizar o adquirir las tierras para devolverlas a los pueblos

POR LO MENOS 17 COMUNIDADES EN CHIHUAHUA, DENTRO DE PLAN JUSTICIA

Para los planeas en cada entidad, han implementado dos etapas: la construcción del plan que implica hacer un diagnóstico para conocer cuál es el problema y posteriormente implementación del plan.

En Chihuahua concluyeron la primera etapa al finalizar el año 2022, que contempla 17 comunidades como inicio. El paso siguiente es la implementación de los mecanismos de solución, precisó Hugo Aguilar.

“En junio que estuvimos por acá (por Chihuahua) se planteó el tema del territorio y medio ambiente. Fueron más de 17 casos, aún nos quedan otros pendientes. Pero hay un equipo de Sedatu y del INPI, que está trabajando permanentemente y espero que pronto se determine esta parte del diagnóstico.

Entre otras comunidades serranas, Mala Noche del municipio de Guadalupe y Calvo, es parte del Plan Justicia, que desde 2010 presentó ante la Sedatu la solicitud para que le entregaran el terreno nacional de 3 mil hectáreas sobre el que está asentada la comunidad.

Diana Villalobos, directora de la organización Consultoría Técnica Comunitaria (Contec), que da acompañamiento legal a la Mala Noche y otras comunidades indígenas, explicó que después de 12 años y como fruto de las caravanas de justicia que han realizado en la Ciudad de México ante diferentes instancias, lograron que las autoridades fueran a ver a las familias de la comunidad y verificaran que en realidad viven ahí.

“Hicieron el recorrido, hicieron un acta y todo el proceso que se necesita para que se decrete un terreno nacional. Ya lo hicieron, lo que faltaba era la declaratoria de terreno nacional. Ahora lo que les informan es que ya está la declaratoria, aunque no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación. En lugar de 3 mil 500 hectáreas que es la superficie que necesitaban, son poco más de 3 mil, son 500 menos porque se empalma con Cinco Llagas, también del municipio de Guadalupe y Calvo.

Villalobos detalló que las autoridades federales le han explicado a la comunidad que si quieren pelear tienen que iniciar un juicio, por lo que las personas que representan a la comunidad en el Plan de Justicia acordaron platicar en su asamblea sobre las otras 500 hectáreas, para tomar una decisión.

“El registro va a ser como comunidad indígena y tiene que haber un censo de persona mayores de edad, que son a quienes se les va a titular, estaban contentos de que hubiera avanzado porque es una propuesta más firme”, dijo Diana Villalobos sobre Mala Noche.

Los representantes de esa comunidad tendrán que informar sobre el tema en una asamblea, para que toda la comunidad diga si aceptan ese acuerdo o no. Una vez que decidan, lo que sigue es que entreguen su acta y la figura de la comunidad que se les va a entregar.

Con la aprobación del plan, cada caso será canalizado a las respectivas dependencias a las que les corresponda dar solución a las diferentes problemáticas de las comunidades acogidas en el Plan Justicia.

En el país son 200 comunidades las que forman parte del proyecto federal, pero continuarán con más. “Es innovador el Plan de Justicia, antes las comunidades planeaban sus problemas y se atendían en comodidad de las oficinas. Ahora también dialogamos con las autoridades tradicionales”, aseguró el funcionario.

TE PUEDE INTERESAR: Juzgado reconoce ilegalidad en clausura de taller de costura de Bosques San Elías Repechique