Juzgado reconoce ilegalidad en clausura de taller de costura de Bosques San Elías Repechique

Por Patricia Mayorga

El Juzgado Primero de Distrito en el estado de Chihuahua resolvió que la Fiscalía General del Estado cometió un acto de ilegalidad al asegurar el taller de costura Bowe Najativo de la comunidad de Bosques San Elías Repechique, del municipio de Bocoyna, ocurrido el 13 de agosto de 2020.

La comunidad y específicamente la responsable rarámuri del taller de costura, Teresa González Parra, fue demandada por el empresario Fernando Cuesta Miledi, quien asegura ser el dueño del terreno donde se construyó el taller.

Se buscó la versión del empresario después de conocer la resolución del juzgado y su respuesta fue: “Si tuviéramos alguna noticia, se lo haremos saber”.

El Juzgado federal emitió la sentencia el pasado 26 de diciembre, un año con cuatro meses después de la detención de unos 50 integrantes de la comunidad por agentes ministeriales del estado, durante el gobierno de Javier Corral Jurado.

El juez determinó que no existió delito y por lo tanto, la FGE vulneró los derechos de la comunidad porque el aseguramiento se realizó sin la autorización previa del juez de Control, como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, informó la organización Consultoría Técnica Comunitaria (Contec).

“Es evidente la criminalizacón que realiza la Fiscalía General del Estado, Zona Occidente, en el ejido Creel, en contra de la comunidad Bosques San Elías Repechique”, indicó Contec en un comunicado.

La comunidad rarámuri ha recorrido un camino de lucha por décadas para que se reconozca su territorio ancestral: han ganado un amparo contra la falta de consulta por la construcción del aeropuerto regional en Creel y logró la suspensión de éste (expediente 244/2014); evitaron el paso del gaseoducto El Encino-Topolobampo por su territorio y han mantenido una lucha constante contra la tala que realizan en los bosques donde han vivido y han escrito su historia.

El taller de costura comunitario es un logro de esa lucha. En abril de 2014 ganaron el amparo contra la falta de consulta del aeropuerto. El juez Octavo de Distrito, Ignacio Cuenca Zamora, les otorgó la suspensión que paralizó la construcción durante más de dos años. Además ordenó la creación de un Fideicomiso por 65 millones de pesos como reparación de daños contra la comunidad (expediente 244/2014).

ANTECEDENTES DEL CONFLICTO DEL TALLER DE COSTURA

En la sentencia, Cuenca Zamora reconoció la posesión ancestral del territorio de la comunidad Bosques San Elías Repechique, con base en planos y peritajes que detallan los límites de la comunidad.

El Fideicomiso fue solicitado por la comunidad indígena a favor de 33 rancherías afectadas por la construcción del aeropuerto, ya que obstruyeron aguajes, centros ceremoniales, el camino que utilizaban para caminar a Creel para atención médica y otros servicios, y dañaron su bosque con la tala inmoderada.

El Congreso del Estado aprobó dicho Fideicomiso más de dos años después y fue liberado hasta el 2017, en el gobierno de Javier Corral Jurado, cuando se conformó el Comité Técnico que lo regula.

Con el dinero del Fideicomiso se pagarían una serie de proyectos comunitarios, como lo ordenó el juez. El plan fue aprobado primero por la asamblea de la comunidad y posteriormente por el Comité Técnico que lo conforman cuatro secretarías del gobierno estatal: la Secretaría General, Hacienda, Desarrollo Municipal, Innovación y Desarrollo. También forman parte cuatro representantes de la comunidad.

El Fideicomiso se pagaría en siete años a partir de la sentencia, es decir, debió concretarse el año pasado, pero no sucedió.

El Plan propuesto por la asamblea rarámuri y aprobado por el Comité Técnico incluye un salón de usos múltiples, una huerto de manzanas para beneficio comunitario y otros proyectos que tienen como fin la reforestación del bosque dañado y la restauración de los ojos de agua y veredas. El taller de costura es parte de ese Plan para dar trabajo a las mujeres rarámuri.

En 2019 les entregaron 1 millón 300 mil pesos. Construyeron el salón de usos múltiples que no ha funcionado por una división interna de la comunidad, ya que una parte solicitó una auditoría da la Secretaría de la Función Pública para transparentar el proyecto, pero hasta ahora se desconocen los resultados.

El año pasado, agentes ministeriales clausuraron varias veces el taller por petición de Fernando Cuesta. El 13 de agosto de 2021, un grupo de ministeriales irrumpió el lugar para detener a la responsable del proyecto pero quienes estaban presentes, alrededor de 50 personas entre hombres, mujeres y niños, respondieron: “Todos somos Teresa”.

Y los agentes les advirtieron que les detendrían a todas y todos. Sin dudarlo, comenzaron a caminar hasta el poblado de Creel, donde se ubican las instalaciones del Ministerio Público de la Zona Occidente. Ahí esperaron por horas pero no llegó el agente del Ministerio Público. Finalmente les pidieron que regresaran a la comunidad. Después de unos meses, gracias a una suspensión provisional, la comunidad pudo continuar con el proyecto y hace una semana ganaron el amparo.

Cuando intentaron detener a la comunidad, Fernando Cuesta dijo en entrevista que su familia tiene el derecho ancestral de ese predio llamado Pino Gordo, porque su tío Salomón Miledi Pérez los adquirió en 1961 y lo heredó a sus sobrinos, incluido él.

Otros predios que se adjudica la familia Cuesta y que también pelea la comunidad rarámuri, son El Águila y El Venado, que adquirió en la misma época su papá, Gerardo Cuesta.

BOSQUES SAN ELÍAS REPECHIQUE EN PLAN DE JUSTICIA

Teresa González dio a conocer que la comunidad Bosques San Elías Repechique es parte del Plan Justicia implementado por el gobierno federal, que busca hacer justicia a las comunidades indígenas en el país y reconocerles su derecho ancestral.

Entrevistada al terminar la última reunión de Plan Justicia en Chihuahua, en diciembre Teresa González contó que diferentes comunidades viajaron a la capital para dar seguimiento sobre sus respectivas problemáticas, ante las autoridades federales.

“Hemos luchado por muchos años atrás. Como están funcionarios de México en este proyecto, queremos encontrar alguna solución porque ya habíamos hecho la petición para que hagan algo y parece que sí, que puede haber algo de solución”, dijo González.

Al Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas (INPI), que también es parte del Plan de Justicia, le pidieron que hagan lo posible para que se les reconozca su derecho ancestral. “Es que no hemos visto que los particulares (que se asumen como dueños de sus tierras) tengan casa o alguna otra cosa en la comunidad indígena. Tenemos ahí muchas décadas, ahí nacieron los abuelos y ahí hemos vivido todo el tiempo”, agregó la coordinadora del taller de costura.

Recordó que el juez federal ya reconoció su derecho ancestral, cuando ordenó la creación del Fideicomiso.
Y denunció que tampoco han resuelto el problema forestal en su territorio, porque están talando muchos árboles sin que les hayan mostrado los permisos por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

“Todavía no pueden darnos la escritura, falta esperar. Dicen (las autoridades federales) que si hay avance, que ellos van a citar a particulares para ver qué solución puede haber. Va a ser por medio de finiquito parece, para que particulares estén conformes”, concluyó Teresa González.

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