El desplazamiento forzado, homicidios, zonas silenciadas y la invasión de terrenos ocupados ancestralmente por comunidades indígenas, entre otros factores, colocan a la Sierra Tarahumara y sus pobladores en una condición vulnerable constante.
Esa situación busca ser revertida mediante la visibilización de cada uno de esos problemas mediante una serie de foros virtuales, a realizarse desde este martes 6 de abril hasta el martes 1° de junio.
Durante esos se intentará llegar a quienes contienden por el Gobierno del Estado en el proceso electoral iniciado el domingo 4 de abril y que tendrá como máxima fecha el 6 de junio, día de la votación.
Se deben visibilizar los problemas que aquejan a la sierra y exigir que esa región se considere de atención prioritaria para el Estado Mexicano, a fin de lograr presupuestos públicos y políticas encaminadas a respetar los derechos humanos de los pueblos originarios, planteó Juan Loera, asesor de Consultoría Técnica Comunitaria AC, una de las agrupaciones que idearon los foros.
Otras de las organizaciones involucradas son el Centro de Educación y Capacitación en Derechos Humanos e Indígenas (Cecadhi), Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), Centro de Atención a la Mujer Trabajadora (CAMT), Salud Comunitaria, Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac) y Red por la Participación Ciudadana.
Los foros serán realizados los martes de cada semana a las 5:30 de la tarde vía la plataforma de facebook de Contec.
Se trata de tener un diálogo entre la autoridad y los pobladores de la sierra, que en muchos casos están desplazados y necesitan conocer las condiciones existentes para poder retornar a sus viviendas, precisó Diana Villalobos, directora de Contec.
El primer foro será este martes 6 de abril con el tema “Armonización Legislativa en materia indígena”, para el cual buscan que integrantes del Congreso del Estado y de la Dirección de Educación Indígena ofrezcan un panorama de las normas que puedan ser en beneficio de los habitantes indígenas.
El segundo foro será el 13 de abril acerca de “Servicios de Salud y Violencia”; para el martes 20 será “Violencia y afectaciones al medio ambiente”, el 27 “Seguridad y justicia”, el martes 4 de mayo “Educación y violencia en la Tarahumara”, el 11 “Violencia de Género”, el martes 18 de mayo “Defensores de Derechos Humanos y violencia en la Tarahumara” y el martes 1° de junio el tema será “Desplazamiento forzado”.
En todos esos esperan acercamiento con autoridades como Fiscalía y Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Semarnat, Comisión Estatal de Pueblos Indígenas, Comisión Estatal de Atención a Víctimas y algunas otras dependencias más para evidenciar los problemas que se mantienen en la sierra.
Entre esos foros habrá uno el martes 25 de mayo con invitación a los contendientes a la gubernatura, para presentarles algunas exigencias a fin de que puedan aplicar políticas públicas que respeten a las comunidades.
En 2018 se hizo un diagnóstico y no pasó nada; la situación está igual o peor: Contec
Estos no son los primeros foros que impulsa la sociedad civil organizada para visibilizar los problemas de la zona serrana. En 2018 presentaron un diagnóstico basado en los años 2006-2017 del que no hubo respuesta de los gobiernos.
Así lo evidenció Diana Villalobos, directora de Contec, al considerar que la autoridad no ha atendido las áreas que desde la propia comunidad indígena se ven como prioritarias. “La situación está igual o peor. Se ha agravado”, dijo.
En Chihuahua se consideran municipios serranos a Balleza, Batopilas, Bocoyna, Carichí, Cusihuiriachi, Chínipas, Gómez Farías, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Guerrero, Huejotitán, Maguarichi, Madera, Matachí, Morelos, Moris, Nonoava, Ocampo, El Tule, Temósachic, Urique y Uruachi.
Los municipios de la investigación son considerados “focos rojos” por la polarización del fenómeno del narcotráfico y la violencia criminal, algunos de ellos colindantes con los estados de Durango y Sinaloa, los que junto con Chihuahua, forman el llamado Triángulo Dorado, sitio que históricamente representa la cuna del narcotráfico a nivel nacional.
En las conclusiones del estudio se establece que existe un sesgo discriminatorio en la aplicación de políticas públicas sin garantizar los derechos de la población.
También se precisa que la llamada “guerra contra las drogas”, impulsada por el panista Felipe Calderón y que se mantiene a la fecha, representa un costo económico elevado cada año, con un aumento en la pobreza y marginación de la zona serrana y alza en los homicidios.
“Se demuestra que el Estado Mexicano abandonó a su suerte a quienes viven en zonas en donde no existen oportunidades de trabajo y de ingresos diferentes a la de la siembra de estupefacientes y han quedado por años expuestas a las acciones de los agentes policiacos y militares del Estado, y a los intereses de los grandes cárteles de la droga, que controlan el mercado de heroína en el país”, señala el documento, el cual además subraya que ese combate ha resultado un fracaso.
El diagnóstico informa que no existe un sistema político, social, medioambiental, económico, de impartición de justicia y cultural que en su conjunto brinde a la población serrana condiciones de supervivencia, medios de vida y dignidad. Los planes de desarrollo contienen visiones progresistas e inclusivas, pero éstas no se ven reflejadas en la realidad de los habitantes serranos.
“Los pueblos indígenas en México siguen siendo objeto de discriminación estructural, sistemática, institucional y social; así como de inseguridad y violencia”.
De igual forma afirma que en la zona serrana, no se cumple con la calidad de la educación, no existe infraestructura suficiente, los profesores que acuden a las escuelas lejanas toman el lunes y el viernes para viajar a sus casas y en ocasiones enfrentan problemas de inseguridad.
Constatan también que existe una urbanización inducida tanto por los programas asistenciales, como por los propios proyectos de inversión en cualquiera de los ramos: turístico, minero o forestal.
En algunos municipios se observa que se da en mayor o menor medida el mercado de tierras para viviendas, cabañas y hoteles, y por lo tanto hay una mayor demanda de los servicios de sanidad, agua y electricidad.
“Consideramos discriminatoria la actuación y presencia diferenciada por parte del Estado que favorece la instalación de empresas, el otorgamiento de aprovechamientos forestales, en contrapartida de la falta de estrategia certera en el combate al crimen organizado, siendo omiso en la garantía a la población y comunidades el ejercicio de sus derechos”.
El diagnóstico puede ser consultado aquí.
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