Ray Ricardez / LadoB
Se estima que 9.4 millones de mujeres en México han sufrido alguna agresión a través de medios digitales, según el Módulo sobre Ciberacoso (Mociba) del Inegi 2019, retomado por el reciente informe de Luchadoras. Y estas denuncias, incluso con su alto porcentaje de ineficacia, son sólo la punta del iceberg de un proceso largo, costoso y lleno de obstáculos.
“Ya no hay excusa [para no sancionar la difusión de imágenes sin consentimiento de la persona por medio de Internet]”, dijo Olimpia Coral Melo a los gobiernos estatales y federal durante la presentación de la investigación “Justicia en Trámite, el limbo de las investigaciones sobre violencia digital en México”, realizada por la colectiva feminista Luchadoras.
Este informe da cifras a nivel nacional de cómo, aunque desde 2012 en distintos estados se han reformado leyes y códigos civiles para castigar la violencia digital, ocho años después sigue sin asegurarse la justicia para las víctimas de este tipo de delitos.
Coral Melo considera que es paliativo una tipificación del delito, por ejemplo, mientras las mujeres siguen llevando procesos jurídicos revictimizantes, y aseguró que este informe servirá para exigir que se lleven a cabo no únicamente reformas, sino políticas públicas de implementación de conciencia en torno a la violencia digital.
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