Desaparecer toda prueba: la fiscalía de Nayarit destruye evidencias (y ahonda dudas)

 

Una fosa de cuatro metros, hecha con máquinas, ¿quién es capaz de tenerlas o utilizarlas? Un gran hueco como forma de ocultar. La llamada “fosa de los 21” escondía cuerpos de personas desaparecidas forzadamente pero también prendas que revelan mucho de la oscuridad que vive Nayarit. Ropa manchada, jirones de telas, cables, esposas y un tolete, posibles rastros de delitos de lesa humanidad que fueron destruidos sin elementos claros ante la sospecha de la participación de policías.

Por Karina Cancino

Aristegui Noticias 

I. La pulsera

Era una pulserita azul de la que solo quedaron hilos rotos enlodados y envueltos en cal. Sin la mano que la portaba. Para extraerla de un gran hueco de oscuridad donde el color siempre es noche, hombres cubiertos por trajes blancos, con palos y herramientas desgajaron la tierra. Una madre la pide, una madre la quiere, una madre la reclama.

Era una pulserita azul de la que ya no queda rastro.

Pertenecía a Nicanor Alejandro López Jara, un estudiante de gastronomía que en 2017 había sido víctima de desaparición forzada, un caso en el que se investiga la posible participación de policías estatales. Aún así, la fiscalía del estado de Nayarit destruyó la pulsera junto con el pantalón de mezclilla y el bóxer que Alejandro llevaba puestos.

Y no solo de él, destruyó la ropa y los objetos de otras 20 personas desenterradas en una fosa clandestina de cuatro metros fabricada con retroexcavadoras, a pocos minutos del aeropuerto de Tepic. La llaman “la fosa de los 21” por el número de víctimas encontradas en su interior y es, hasta ahora, la más profunda de Nayarit. 

La Fiscalía del Estado entregó las prendas de Alejandro a personal especializado en manejo de residuos sólidos peligrosos (RPBI) para su destrucción “por presentar fuente de infección que pone en riesgo la salud pública”, confirma un oficio de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de la Fiscalía General de la República fechado el 21 de octubre del 2022. Yayori Villasana, la actual fiscal de búsqueda local, firma el escrito FEIDDF-EIL-E6-253/2022, aunque no señala qué las hacía tan peligrosas. 

Otro documento oficial da más pistas pero sin datos claros. Día: miércoles, año: 2019, destrucción de todas las prendas –todas– que “causaron rezago” (no explica qué es causar rezago). El segundo oficio enlista ropa y objetos, incluido el brasier de una mujer, está firmado por el entonces encargado de la Bodega de Evidencias, Walter López Briseño, y enviado al actual subfiscal de Nayarit, Rodrigo Benítez, que por esos días era director general de investigación ministerial. 

Textual, señala: “Los indicios que corresponden a prendas de vestir de los cadáveres, comprendidas en 2019, fueron entregados a personal especializado en manejo de residuos peligrosos (RPBI) para SER DESTRUIDAS EL DÍA MIÉRCOLES DIECIOCHO (sic) DEL AÑO EN CURSO, esto con la intención de crear espacio para que se lleve a cabo un correcto resguardo del año 2020, y para prevenir que se cree una fuente de infección en las instalaciones y ponga en riesgo la salud pública y del personal adscrito a esta Bodega de Indicios y Evidencias”, en el aviso no se señala el mes, no se podrá tener certeza.

La realidad es que todo lo que se encuentra en cualquier tumba podría ser un foco de infección, dice la antropóloga forense Isabel Beltrán Gil, del Grupo de Investigación en Antropología Social y Forense (GIASF). 

“El propio cuerpo ya es un foco de infección. Si siguiéramos con esta lógica, al cuerpo también habría que destruirlo en lugar de conservarlo porque estaría generando el riesgo de infectar a las personas que están alrededor”, dice la especialista. 

Además el artículo 128 de la Ley General en Materia de Desaparición de personas en México dice que no se puede disponer ni destruir las prendas, los restos o cadáveres de personas no identificadas y en caso de que hayan sido reconocidas, las familias pueden reclamar todo, a menos que exista una medida sanitaria justificada. Otro ordenamiento que evitaría la destrucción de evidencias es el Código Federal de Procedimientos Penales, así lo dicen sus artículos 181 y 182. 

El día 27 de octubre de 2022, Rosa María Jara Montes, madre de Alejandro, acudió a la delegación de la FGR en Nayarit a la cita más importante de su vida: recibir lo que quedaba del cuerpo de su hijo después de cinco años, cinco meses y cinco días desaparecido. Le entregaron la osamenta en un féretro, ya sin un pie y sin la mano izquierda. No le entregaron la ropa que vestía ni la pulsera. 

“Estoy muy triste, muy indignada, muy molesta con las autoridades, sobre todo con la Fiscalía del Estado”, dice Rosa María, vestida completamente de negro afuera del edificio de paredes blancas en Tepic. “Han destruido completamente todos los indicios que se encontraron en esa fosa, las prendas de mi hijo y las que pertenecieron a otros jóvenes”.

Cuando pidió las prendas por primera vez, le preguntaron para qué las quería: “Y creo que sin ser grosera le dije que me pertenecían, que era lo último con lo que vi a mi hijo”.

Rosa María le regaló a Alejandro la pulsera. Había otras dos iguales: una en la mano de su hijo Jair y otra en la de ella. Las llevaron a bendecir en una misa del último Año Nuevo juntos, con velas, rosarios y otros objetos.

Los hilachos de la pulsera azul, un pantalón de mezclilla y un bóxer son más que cosas para Rosa María: son evidencias que conducen a los asesinos de su hijo y de otras víctimas rescatadas de esa enorme fosa fabricada con retroexcavadoras, conexiones eléctricas y lámparas para alumbrar la profundidad de la tierra. Los objetos guardan información sobre lo que sucedió, la forma de morir, y sirven para unir líneas de investigación: ¿quién mató, quién torturó y quién desapareció?

Las prendas ayudan a construir hipótesis de identificación, dice la antropóloga Beltrán. Las autoridades deben procesarlas, sacarles fotografías, conservarlas y guardarlas porque no dejan de ser una prueba, podrían presentar algún tipo de evidencia, como material biológico, ADN, sangre o información sobre la mecánica y causa del fallecimiento. “Si llevaba esa prenda puesta cuando le dispararon, lleva esas marcas de proyectil, se puede ver si hay pólvora o establecer la distancia a la que le dispararon. Si hay un apuñalamiento, quedan marcas en la ropa”. Beltrán sabe de esto porque ha trabajado en recuperación e identificación de restos humanos en casos de desaparición forzada. 

En resumen, las ropas no son la única evidencia para descubrir la verdad pero sirven para resolver un caso.

Cuando los forenses se metieron a “la Fosa de los 21” dividieron la tumba en 21 partes y enumeraron cada una de ellas: exhumación uno, exhumación dos y así sucesivamente. Ahí encontraron esposas, cables de electricidad y un tolete, señalan documentos judiciales.

En la exhumación 12 hallaron un objeto formado por dos aros metálicos, unidos entre sí por una cadena, que sujeta ambos antebrazos: en la fotografía de la cadena de custodia se ve claramente que son esposas. En la exhumación 16 encontraron “un palo más grueso por un extremo y otro más delgado, de material sin definir, color negro, unido a las vértebras cervicales por medio de una tela”: un tolete amarrado a una tela para hacer presión sobre el cuello. En la exhumación 18 había un cable rojo alrededor de las vértebras donde alguna vez hubo un cuello.

“Esas esposas tenían un número que nos puede llevar a dar con la verdad, había un cuerpo con un bat, fue destruido. Tengo pruebas de la participación de policías. Había un chaleco, un pasamontañas. Había una camisa con el logo de la fiscalía del Estado. Todo eso ha sido destruido. Está claro que alguien quiere obstruir la justicia”, afirma Rosa María Jara Montes. 

Y sus dudas abren muchas preguntas. ¿Por qué destruyeron las prendas?, ¿de qué estaban contaminadas?, ¿por qué representaban un riesgo sanitario? ¿Por qué? Se solicitó una entrevista con las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Nayarit pero no hubo respuesta.

II. El Diablo en los cañaverales 

La mañana del 7 de febrero de 2023, en una corte de Brooklyn el ex fiscal de Nayarit, Édgar Veytia, era otro. Lejos de su habitual apariencia temible, mirada acechante y bigote tupido, allá en Estados Unidos se veía disminuido, con las cejas arqueadas ya canosas y el blanco de los años en prisión coloreando su cabeza.

Quien fuera por más de cuatro años el hombre duro de la seguridad del estado costero, se sentó a testificar frente al jurado que declaró culpable de narcotráfico al exsecretario de seguridad pública de México, Genaro García Luna. 

La fiscal Saritha Komatireddy, vestida de traje oscuro, le preguntó a Veytia:

– ¿Dónde vive? 

– En MDC Brooklyn, Nueva York.

– ¿Esto es una prisión?

– Sí, es una prisión. 

– ¿Cuánto tiempo ha estado en prisión en los Estados Unidos? 

– He estado en prisión en los Estados Unidos por aproximadamente seis años.

El exfiscal de Nayarit fue detenido el 27 de marzo de 2017 en San Diego, California, señalado por narcotráfico cuando todavía era funcionario en el gobierno de Roberto Sandoval (2011-2017). Édgar Veytia tiene doble nacionalidad y viajaba frecuentemente con su familia para administrar sus negocios y propiedades. Antes de convertirse en fiscal había sido subprocurador del Estado, director de tránsito y secretario de seguridad de Tepic, también con Roberto Sandoval (preso en una cárcel federal mexicana por presunto lavado de dinero,ejercicio indebido de funciones, peculado y delitos electorales). Sandoval ha estado bajo la mira del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por supuestos vínculos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación. 

Sandoval y Veytia eran amigos, compadres y siempre trabajaron juntos. 

En sus años de poder a Veytia le decían “El Diablo” porque se atrevía a todo y era bueno para los negocios. Recibió una sentencia de 20 años de prisión, cinco años de libertad supervisada y una multa de 1 millón de dólares en Estados Unidos. En Nayarit dejó una estela de delitos: más de un millar de personas a quienes robó, secuestró, mató, torturó, desapareció y extorsionó. Es probable que no exista una persona en Nayarit que no tenga algún recuerdo sobre Veytia. 

Lejos de Tepic, durante la audiencia que se extendió durante horas en Nueva York, el ex fiscal reconoció por primera vez, de manera pública, que asesinó y torturó a personas a quienes en teoría debió procurar su seguridad.

–En general, fiscal general Veytia, ¿en cuántos asesinatos ha estado involucrado? –le siguió preguntando la fiscal Komatireddy.

–Soy responsable de 10 o más.

–¿Ha estado involucrado en la tortura de alguien?

–Sí

–¿Estuvo involucrado en el secuestro de gente?

–Sí

–¿Y esconder pruebas? 

– Sí. 

Veytia dijo bajo juramento que había estado involucrado en 30 o 40 casos de tortura y que él mismo había usado pistolas de descarga eléctrica (taser) para martirizar.

Ese era El Diablo. Cuando quedó preso las personas que se consideraban sus víctimas lanzaron un suspiro de alivio pero no se acabaron los horrores, para otras el infierno apenas comenzaba. 

Nicarnor Alejandro, el hijo de Rosa María, fue desaparecido el 22 de junio de 2017, tres meses después de la detención del ex fiscal Veytia. Esa noche hubo una desaparición masiva en Tepic y la mayoría eran jóvenes: muchachos reunidos en fiestas o plazas; saliendo de su trabajo, de camino a su casa o durmiendo en su propio hogar. En una ciudad con menos de 500 mil habitantes, el suceso dejó la marca de un día sombrío, tanto que el 22 de junio se ha convertido en una triste efeméride local. Cada año, esa fecha, los colectivos de madres buscadoras se reúnen para marchar y conmemorar a sus desaparecidos.

En 2017 las desapariciones prendieron las alarmas: de tener un promedio de 16 casos por año, aumentaron a 206 denuncias en doce meses. 

El Diablo se había ido pero sus empleados y policías siguieron siendo los mismos dentro de la institución y afuera en las calles de Nayarit.

Policías como sombras. Los de Veytia eran irreconocibles: con pasamontañas, guantes, cascos y lentes ocultaban su identidad y humanidad. Era imposible señalarlos cuando por las calles iban apuntando a las personas causando terror, mucho menos cuando eran señalados de llevarse a las personas por la fuerza, que en su argot era “levantar gente”. Usaban camionetas sin placas y sin registro. Esa invisibilidad les permitía hacer y deshacer  como delincuentes. Al mismo tiempo, la fiscalía en lo público se tomaba fotos con familias a las que les regalaba despensas en eventos masivos o con niños recibiendo sus juguetes en Navidad.

La seguridad en Nayarit se organizaba en un mando único. Con esos policías pero también con civiles y personajes públicos del estado se tejió la red criminal. Uno de ellos es Carlos Saldate, ex diputado local, ex líder transportista y señalado como mano derecha del exfiscal Veytia: el 14 de febrero de 2023 fue sentenciado a 35 años de prisión apenas por el secuestro agravado –en coautoría con Veytia– de una persona, y tiene otros cuatro casos similares a espera de juicio. 

Sobre esto, el vocero de la Promotora de la Comisión de la Verdad, Rodrigo González Barrios, recomendó a las familias buscadoras que denuncien a Saldate para que sea investigado por desaparición forzada o para que diga a dónde están los desaparecidos. “Evidentemente la fiscalía era el infierno porque ahí se decidía a quién desaparecían, a quién torturaban o a quién mataban”, dice el activista que recibió más de 2 mil señalamientos en contra del exfiscal y el ex gobernador por tortura, secuestro, extorsión y otros delitos. Solo en cinco casos se inició un proceso legal.

Tan grave ha sido el accionar de las policías al mando de Veytia que la ONU tiene los ojos puestos en Nayarit. El Comité contra la Desaparición Forzada recomendó al Estado Mexicano –el 25 de agosto de 2020– la protección para familiares de personas desaparecidas, defensores de derechos humanos, y hacer todo lo posible por encontrarles con vida. Organizaciones como IDHEAS y Justicia Transicional México asesoran legalmente a algunas familias y vigilan que se cumplan las recomendaciones de Naciones Unidas.

Por la desaparición y asesinato de Alejandro hasta ahora sólo hay un joven detenido: un estudiante de Seguridad Pública en la Universidad Tecnológica que era su mejor amigo. En poco tiempo será el juicio, que se llevará a cabo sin revisar las marcas en los objetos y en las ropas porque ya no existen. 

III. La fosa de los 21

Un valle. Un cinturón de montañas que lo rodean. Entre rastrojos se alzan dos columnas de ladrillo que contrastan con el azul del cielo, simulan una puerta que se abre y devora cuerpos, pero son la señal que indica dónde está la fosa. En medio de la nada. Las cañas se vuelven blancas, las trozan, los campesinos las apilan pero vuelven a aparecer. Dos zafras pasan mientras los 21 cuerpos permanecen bajo la tierra, cuerpos convertidos en abono para la cosecha de caña de azúcar. 

La Saucera es un predio en el ejido El Pantanal del municipio de Xalisco, a unos 7 kilómetros de Tepic. Apenas 11 familias campesinas viven ahí. Los cerros se ven alejados, pero muy cerca está el aeropuerto. En abril de 2019, un montículo de tierra revuelta despertó la curiosidad de un campesino que alertó anónimamente al Colectivo Familias Unidas por Nayarit. Así inició el gran desentierro. 

Durante nueve días –del 15 al 24 de abril– peritos enfundados en trajes tyvek, entraron en la tierra para ir extrayendo cada indicio, cada esqueleto, cada hueso de las 21 personas apiladas por sus perpetradores, una sobre otra, dispuestas en hileras separadas por lonas. En 2018, el mismo grupo había encontrado a dos personas en el mismo predio pero la búsqueda se detuvo cuando la fiscalía de Nayarit dijo que era una fosa séptica.

A Alejandro lo desenterraron el día 22 de abril a las 16:45 horas, a tres metros de profundidad. Debajo había más cuerpos. Quedó registrado dentro de la exhumación 19.

El suelo fangoso compuesto por tierra volcánica, humus, desechos orgánicos y jal dificultó la exhumación. Había mucha cal y humedad, los forenses tuvieron que usar esponjas para absorber el agua que empapó durante dos años los cadáveres. Después de recuperar los restos, los transportaron en bolsas negras; algunas partes, como cráneos y mandíbulas, fueron colocadas en bolsas rojas, el color de residuos biológicos infecciosos.

Como dijo la antropóloga Beltrán Gil, en estas condiciones todo lo que se encuentra en una tumba podría ser un foco de infección. Incluso una pulsera. A pesar de ello las autoridades están obligadas a preservarlas y contar con las instalaciones adecuadas para eso. Lo que guarda la Bodega de Evidencia debe ser tratada bajo disposiciones del Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense que deben seguir fiscalías y procuradurías del país.

De la destrucción de prendas están enteradas las autoridades federales y estatales. 

Tres días antes de Navidad, familias se reunieron en Tepic a puerta cerrada y sin grabadoras, con funcionarios de alto cargo en búsqueda de personas desaparecidas. Ese 21 de diciembre de 2022, Rosa María aprovechó para decirle al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, que las prendas de su hijo habían sido destruídas.

La coordinadora del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda en México, Virginia Garay Cázares, contó que dos mamás de su agrupación habían pedido la ropa de sus hijos sin conseguirlo. A Manuela Cruz Vázquez, por ejemplo, en un documento le dijeron que “no es posible atender lo peticionado” debido a las investigaciones.

Además de Encinas estaban la comisionada nacional de búsqueda Karla Quintana, el gobernador Miguel Ángel Navarro, el subfiscal de Nayarit, Rodrigo Benítez, y el fiscal Petronilo Díaz Ponce Medrano. Cuando las madres comenzaron a preguntar, los fiscales les confirmaron que habían desechado las prendas: les prometieron que iban a investigar “hasta llegar a las últimas consecuencias”, que iban a sancionar a los responsables, y les pidieron confiar, cuentan Rosa María y Virginia. 

“Ya no podemos confiar en que sea cierto. Nos están diciendo que se destruyó pero que no nos preocupemos porque está todo procesado –registraron marcas, rastros de saliva, sudor, sangre, células–. ¿Cómo nos piden eso después de todo lo que ha pasado?”, dice Virginia, mamá de Bryan Eduardo, desaparecido el 6 de febrero de 2018.

La fiscalía lavó las ropas, por eso habría tardado en mostrarlas a las familias, aseguran las dos mujeres líderes de colectivos. Nació la sospecha.

IV Rosa y Nicanor 

Nicanor Alejandro López Jara tenía 25 años. Se lo llevaron del Fraccionamiento Villas del Prado en Tepic, el 22 de junio de 2017. Lo subieron a una camioneta Patriot negra. Una de las tres camionetas sin placas, que según testigos eran del tipo que utilizaba la policía antisecuestros de la Fiscalía de Nayarit. Iba con Óscar Gabriel Tovar Barajas en una motoneta Italika cuando los pararon. Intentaron huir pero no lo lograron. La misma suerte corrió, media cuadra después, otro muchacho llamado Diego Alejandro Aguilar Dorado. Los tres fueron parte de más de una decena de desapariciones esa misma noche.

Alejandro era originario de Mazatlán, Sinaloa. Había llegado junto con su madre a Tepic para estudiar Gastronomía en una escuela particular de la región con una beca. Su sueño era ser un chef reconocido y estudiar en Perú, decía que ahí estaban los mejores cocineros.

Le gustaba viajar. “Estábamos ahorrando porque queríamos ir a Perú”, dice Rosa María. “Le gustaban los XBox y cada año le regalaba juegos”. Cuando desapareció le dejó tres perros que había recogido en la calle, decía que cuando se convirtiera en un gran chef y tuviera dinero pondría un santuario para perros.

Tenía un lunar en la mejilla izquierda. Ni muy alto ni muy chaparro, de altura media. Usaba lentes con graduación. 

La osamenta de Alejandro no tenía playera ni zapatos cuando lo desenterraron. Su madre dice que el día que se lo llevaron usaba unas sandalias marca Squalo color café. Cuando lo subieron a la Patriot, la gorra y una de las sandalias quedaron tiradas en el suelo, le dijeron algunos vecinos. Y le indicaron que tenía puesta una playera de basquetbol de los Lakers, amarillo con morado. Ese dato la llevó a revisar el clóset de su hijo, así confirmó que faltaba la prenda. Piensa que los asesinos se la quitaron antes de desaparecerlo. Si la encontrara, esa playera sería la única evidencia para tener alguna pista de los perpetradores, dice Rosa María. 

La fiscalía federal, que lleva el caso de Alejandro, informó que la causa de muerte había sido un traumatismo, un golpe muy fuerte en el abdomen. ¿Qué tan duro fue ese golpe?, ¿quién podría tener tanta fuerza?

Rosa María es una economista de unos cuarenta y tantos años, estatura mediana, carácter resuelto y decidido. Como a tantas madres con hijas o hijos desaparecidos, la vida le cambió de golpe. De ser una comerciante pasó de pronto a coordinar el colectivo “Por Nuestros Corazones” y aprender de fosas, informes forenses y expedientes.

Se ha enfrentado en distintas ocasiones a la fiscalía local: una vez se quejó ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos por no recibir bien la denuncia de desaparición, dilatar la investigación y no apurarse a buscar a Alejandro. Por cuenta propia encontró pistas y le dijo al ministerio público quién pudo ser la persona que ayudó a desaparecer a su hijo. Para ella, el hilo apunta a policías estatales y colaboradores de la corporación. Y no es la única que piensa así. 

En julio de 2020, Rosa María se atrevió a denunciar a un comandante de la Agencia de Investigación Criminal adscrito a la Fiscalía de personas desaparecidas, Salvador “N”, quien ya había sido señalado por familias de su colectivo como probable responsable de otra desaparición en Tepic. 

Hace unas semanas, el 20 de febrero de 2023, interpuso una querella ante la FGR por la destrucción de las prendas de su hijo y por abuso de autoridad. Al día siguiente, esta institución remitió la demanda a la fiscalía del estado de Nayarit, a la misma autoridad que desapareció las ropas y que ha negado la participación de policías.

“Ahora sí tengo temor por mí. Antes tenía temor de que desaparecieran los restos de mi hijo. A otras familias les notificaron que sus hijos habían estado en SEMEFO y por ir en contra de las autoridades, les dijeron que había solo el 40% de los restos, después solo una costilla, después que ya no existían. Si me pasa algo señalo a la Fiscalía General del Estado”, dice Rosa María mientras se acomoda los lentes, endurece su expresión y levanta la cara retando al viento.

“Ya sé dónde está y ya no tengo la incertidumbre, ya volvió mi niño. Solo quiero que me devuelvan algo que me pertenece. Las prendas son mías. Están escondiendo algo”.

V. Vestigios de impunidad

Cuando Rosa María recibió los restos de Alejandro cargaba un retrato de él. Una moldura negra mantenía bajo resguardo la imagen del joven. Mientras esperaba a que la llamaran para entregarle el féretro y llegaba la carroza, se aferraba al cuadro, tocaba el vidrio y acariciaba la fotografía. Dice que la sonrisa de su hijo en la foto es la que recordará siempre.

Los hilos de una pulserita azul y otras prendas se van destejiendo en algún lugar. Silenciando evidencias del asesinato de 21 personas. Si pudiera hablar, una pulserita azul con huellas de caña, diría de quién era la sombra que se paró al pie de la fosa para ordenar sus muertes. Las dos pulseras idénticas que quedaban, una en la mano de Rosa María y otra en la mano de su hijo menor, fueron echadas a la tierra junto con Alejandro.

“Y las pulseras decidimos ponérselas en el ataúd para que se llevará algo físico nuestro, y no sé sintiera solo, eso dijo mi Jair”.

Edición: Wendy Selene Pérez y Paula Mónaco Felipe