“No sé cuántos niños tienen que morir para que puedan entender que no es fácil explicar una situación cuando una mamá está en un hospital y sin entender español”: Leonel Barro Julián
Por Carlos Fierro/Raíchali
El acceso a la salud y a la justicia son los principales retos para las instituciones públicas y hasta ahora, debido a que las personas que requieren de esos servicios tienen derecho a conocer plenamente los diagnósticos y los expedientes que tienen que ver con sus casos. Hasta ahora hay grandes huecos en el sistema de salud por la falta de intérpretes de idiomas de pueblos originarios.
La falta de intérpretes ha provocado grandes injusticias de personas de pueblos originarios, que han permanecido en prisión durante años sin juicios justos o siendo inocentes y ha cobrado muertes de niñas, niños y personas adultas que han sido víctimas del sistema de salud.
Intérpretes rarámuri y ódami participaron en la panel Ser intérprete indígena en la justicia: retos, experiencias y aprendizajes, organizado en el marco del Día Internacional de los Pueblos Originarios realizaron el Foto Diálogo y análisis del servicio de interpretación y traducción de lenguas indígenas, esto a cargo del Programa Interdisciplinario de Atención al Indígena (PIAI) en el salón sacramento del palacio de gobierno en Chihuahua, el pasado jueves 27 de agosto.
En el evento, primero fueron certificados como traductores e intérpretes a un grupo de 22 personas del pueblo rarámuri y 2 del pueblo ódami, por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI). Aún no hay intérpretes certificados de los pueblos o’oba o pima ni warjijó.
El objetivo del Diálogo y análisis fue debatir sobre los derechos, retos, cultura y políticas públicas que impactan a los pueblos originarios y a los servicios de las personas traductoras e intérpretes de lenguas originarias.
En coordinación con el INALI, la mesa de justicia del PIAI concluyó el curso de certificación de 24 personas traductoras e intérpretes, que realizaron de diciembre de 2025 a enero de 2026, con la asistencia de las personas traductoras e intérpretes a la ciudad de México y dos semanas de manera virtual y presencial en Chihuahua.
Las actividades del Diálogo iniciaron con la videoconferencia magistral Juntos hacemos comunidad: organización y profesionalización de traductores e intérpretes en lenguas indígenas, impartida por Edith Matías Juan, licenciada zapoteca originaria de Villa Díaz Ortíz, Oaxaca, hablante de la lengua zapoteca en la variante del Valle del Norte Centra.
Su ponencia la centró en el trabajo colectivo como la vía fundamental para fortalecer el ejercicio profesional y dignificar una labor crucial para la vida para los pueblos originarios..
“Tiene derecho a tener un intérprete, sin importar su nivel de castellano”, advirtió la abogada al referirse a las personas de pueblos originarios.
Refirió que hay casos en los que los servidores de distintas dependencias y empresarios, han utilizado ese método para un proceso rápido en juicios, en temas médicos, hasta en expropiación y aprobación de proyectos y megaproyectos.
Durante la apertura, los organizadores destacaron que el foro busca ser un espacio de aprendizaje, inspiración y diálogo, pero sobre todo un punto de partida para consolidar nuevas alianzas y acciones concretas.
Los ejes de análisis del encuentro abordaron la realidad de ejercer la interpretación de los pueblos originarios en el ámbito de la justicia, la urgencia de una organización colectiva y los retos actuales para que la administración pública atienda de manera plena a los hablantes en sus lenguas originarias.
Con el objetivo de analizar el panorama actual, las áreas de oportunidad y las propuestas para fortalecer los servicios públicos con pertinencia cultural, se puso en marcha la mesa de diálogo titulada Interpretación en lenguas indígenas: desafíos actuales y caminos para potenciar los servicios públicos“, para escuchar las experiencias de los ponentes en sus diferentes áreas de colaboración.
Retos y realidades del intérprete indígena en las cortes de EE. UU: La experiencia del pueblo ódami
José Ángel Rivera, abogado, abogado defensor de derechos humanos y miembro de la comunidad tepehuana del norte (ódami) en Chihuahua, compartió las complejidades que enfrentan los migrantes indígenas al enfrentarse al sistema penal estadounidense y el papel crucial de la interpretación lingüística y cultural para garantizar un acceso efectivo a la justicia.
El abogado ódami trabaja como intérprete de la Corte de San Diego, California, en la Defensoría Federal de los Estados Unidos, en donde ha atendido juicios en su mayoría por videollamadas, lo que representa un reto enorme para hacer valer los derechos de los que cruzan “al otro lado”.
“A mí me contactaron en 2021 y fue ahí donde inicié mi servicio como intérprete, prácticamente sin experiencia previa en ese entorno, pero fuimos aprendiendo en el camino” destaca Rivas, quien fue el primero en intervenir en la ponencia Ser indígena en la justicia: retos, experiencias y aprendizajes.
“Con el paso de los años fuimos armando glosarios y herramientas para mejorar el servicio en cada una de las etapas procesales: desde la primera comparecencia, la audiencia de detención, la audiencia preliminar, hasta las entrevistas condenatorias. Es decir, brindamos asistencia a la persona desde el momento en que es detenida en Estados Unidos hasta que se dicta su sentencia”, mencionó José Ángel Rivas ante las más de 50 invitados en su mayoría personas de pueblos originarios.
El defensor ódami destaca cómo en los juzgados americanos ya cuentan con un glosario o herramientas que mejoran la impartición de justicia en lengua hasta ser liberado o procesado, y enfatizó en que es un mismo intérprete quien da seguimiento desde su inicio hasta que se termine su proceso, “cosa que aqui en Chihuahua no lo hacen”.
Desde hace casi tres años, Rivas se desempeña como promotor en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), específicamente en el área de derecho y dentro de sus funciones visita los Centros de Reinserción Social (Ceresos) para dar seguimiento a los casos de la comunidad.
Al finalizar la sesión de preguntas, al ser cuestionado sobre el sentido de su labor, el Lic Changel enfatizó, que atender a su propia comunidad en situaciones de reclusión es una responsabilidad muy grande, especialmente en un país extranjero donde el desconocimiento total del inglés agrava la vulnerabilidad del detenido.
José Ángel Rivas es originario de El Cordón de la Cruz, una comunidad del municipio de Guadalupe y Calvo, desde muy joven dejó su comunidad en busca de una mejor vida, en 1998 prestó sus servicios como instructor y capacitador comunitario en el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe).
Al concluir su servicio en Conafe, se trasladó a la cabecera municipal para estudiar en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) y después cursó la carrera de Ecología en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Adquirió gran parte de su experiencia al colaborar con la organización Alianza Sierra Madre, lo que posteriormente lo impulsó a estudiar la licenciatura en Derecho en la Universidad Tres Culturas, con sede en la Ciudad de México.
El defensor concluyó con un llamado a la ética profesional de los litigantes y señaló que, aunque existen abogadas y abogados muy sensibles a la perspectiva de los pueblos originarios, aún persisten defensores que intentan llevar los procesos “a la ligera”, lo que afecta directamente los derechos fundamentales y el destino de los compañeros ódami.
Desafíos y caminos para potenciar la interpretación en lenguas indígenas
Todos los Santos Dolores Villalobos Vigil, intérprete de la lengua rarámuri y defensora contra la violencia de las mujeres, se enfocó en el acceso a los servicios de los centros de salud, ya que sigue siendo sumamente difícil para los pueblos originarios por la falta de intérpretes como el primer gran obstáculo.
La intérprete rarámuri recalcó que cuando un usuario indígena acude a una consulta o a una urgencia médica, la ausencia de personal que hable su lengua materna anula por completo la comunicación desde la entrada del hospital.
“En Creel y en San Juanito no tenemos intérpretes en los centros de salud”, denunció Villalobos Vigil.
Muchas veces estamos acostumbrados a que se nos pregunte a qué vamos, nosotros no llegamos gritando ‘vengo a consulta porque me duele el estómago’. Somos callados, llegamos y nos sentamos a esperar a ver a qué hora nos atienden o nos prestan atención, puntualizó.
Todos los Santos (conocida como Tere Villalobos) es originaria de San Ignacio de Arareco, del municipio de Bocoyna. Cuenta con una larga experiencia en el servicio público y actualmente se desempeña como intérprete y traductora intercultural adscrita a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVE) de la Fiscalía General del Estado.
Con ella participaron en el panel, Leonel Barros Julián, licenciado en administración de empresas, reporteros e intérprete ódami; Manuel Colmán Olivas, abogado especialista en justicia penal para adolescentes y subdirector del Centro de Personas Traductoras e Intérpretes del Poder Judicial del Estado de Chihuahua y José Ángel Rivas.
¿Quién avala a las certificaciones de intérpretes y traductores?
Leonel Barro Julíán compartió su experiencia y los obstáculos que enfrenta en la actualidad, como traductor e intérprete en los distintos espacios como los centros de salud u otras instancias de gobierno donde tiene que buscar atención para las personas víctimas de desplazamiento forzado y/o personas que sólo hablan la lengua ódami.
La dificultad la encuentran en lugares donde tienen que tramitar documentos como actas de nacimiento, de defunción, algún carnet, que parecieran trámites sencillos, “pero cuando vienes de una comunidad donde estos servicio no existen y llegas a la ciudad, se crea una dinámica completamente distinta a la acostumbrada en sus comunidades de origen”.
Leonel Barro es originario de Milpillas de Arriba, del municipio de Guadalupe y Calvo. Es licenciado en Administración por el Instituto Tecnológico de Chihuahua y estudiante de maestría en Gestión Administrativa, hizo historia al convertirse en el primer ódami en el estado de Chihuahua en titularse presentando su examen profesional en su propia lengua (Tepehuano del Norte u ódami). Se desempeña como reportero de Raíchali, es creador de contenido digital, colaborador en traducción hospitalaria y en contextos de desplazamiento forzado interno y coordina el colectivo Cuatro Raíces.
“También me ha tocado asistir a hospitales, como bien decía la compañera en la conferencia anterior, el nivel de castellano que hable una persona no debería ser un impedimento para que tenga derecho a un traductor indígena. Sin embargo, en las instituciones de salud ignoro qué tipo de diagnóstico siguen utilizando para determinar si una persona habla ‘bien’ o ’mal’ el español, y con base en eso decidir si la atienden en su propia lengua”, cuestionó en su participación.
Sin dejar de lado el descontento que esto genera, Barro externó:
“Me indigna y me pregunto: ¿cuántos niños más tienen que morir para que las autoridades entiendan que no es fácil explicar una condición médica? Una madre puede estar en un hospital entendiendo sólo unas cuantas palabras en español y, por el simple hecho de decir ‘sí’, la institución asume que es bilingüe y le niega el servicio de interpretación. Es una situación lamentable”.
A esto se le suma la enorme burocracia institucional para solicitar un intérprete, los grandes obstáculos en el desplazamiento forzado es comprender la dimensión del daño psicológico, el trauma emocional y cultura, son temas que no se están atendiendo en absoluto.
El joven ódami cuestionó quién avala las certificaciones de personas intérpretes y traductores, ya que hay asambleas y comunidades que lo desconocen que están certificados, ya que quienes les dan la certificación son personas mestizas o de distintos pueblos originarios al de las personas intérpretes, en este caso, el INALI.
“Esto me ha tocado vivir de cerca en los hospitales y también en el ámbito del desplazamiento forzado interno, gran parte de la población desplazada pertenece a comunidades indígenas” menciona Leo Barro.
“Desde mi experiencia, considero que actualmente hay muchas cosas que debemos aprender y mejorar, a pesar de que se ha avanzado con la impartición de cursos y diplomados, he observado que el personal de traducción a menudo adopta una mentalidad sumamente occidentalizada porque no están trabajando desde la comunidad, desde el origen”, advirtió en su participación.
Como último acto de la conmemoración del Día Intencionalidad de los Pueblos Originarios, entregaron las constancias de certificación que el INALI expidió y quienes hicieron entrega de las constancias fueron: el Titular del INPI en Chihuahua, Victor Martinez; el sacerdote jesuita Javier El Pato Ávila Aguirre; la diputada Edith Palma; así como representantes de la Fundación del Empresariado Chihuahuense (FECHAC), de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas, del Centro de Traductores del Poder Judicial.
El evento celebró la entrega de certificaciones oficiales que reconocen formalmente los conocimientos y capacidades de los especialistas, este logro no solo representa un avance individual para los pueblos originarios, sino un paso histórico para el estado en su camino hacia la inclusión y el respeto a la diversidad cultural desde las propias lenguas de los cuatro pueblos originarios del estado.
