La organización cuestionó la propuesta impulsada por la diputada Edna Xóchitl Contreras Herrera y respaldada por el PAN; advierte posibles efectos sobre la libertad de expresión, el arte, el periodismo y la libertad de conciencia.
Por Karla Quintana/Raíchali
La Alianza por la Defensa del Estado Laico (ADELA) alertó sobre una iniciativa impulsada por la diputada Edna Xóchitl Contreras Herrera, con respaldo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), que propone adicionar un artículo 197 Bis al Código Penal del Estado de Chihuahua y crear un capítulo en la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en materia de incitación pública al odio y a la violencia.
En un posicionamiento, ADELA manifestó su preocupación por lo que considera un intento de establecer “garantías y protección especiales para ciertas congregaciones religiosas”.
De acuerdo con la organización, la iniciativa surgió a partir de los hechos ocurridos en Ciudad Juárez, donde un grupo de personas católicas habría provocado daños a propiedad privada en la que se exhibía una muestra visual y artística con imágenes religiosas.
Las personas que participaron en las agresiones, señala ADELA, argumentaron que la exposición había agravado aquello que consideran sagrado y que constituía un llamado a la hostilidad contra quienes comparten esa fe.
Ante esta situación, la alianza pidió a las y los legisladores revisar el “Plan de Acción de Rabat”, una herramienta desarrollada en el marco de Naciones Unidas para abordar la incitación al odio y la violencia sin restringir de manera indebida la libertad de expresión.
ADELA sostiene que uno de los principios centrales de este marco es que la protección estatal debe estar dirigida a las personas y no a los dogmas religiosos. La organización advierte que las legislaciones que penalizan los sentimientos religiosos o aquello considerado una vulneración de lo sagrado pueden utilizarse para restringir expresiones de minorías, disidencias políticas y trabajos intelectuales o artísticos.
La alianza también cuestionó que una legislación de este tipo pueda tener consecuencias sobre el periodismo, el arte y la cultura, al generar, según su posicionamiento, un efecto inhibitorio y favorecer la autocensura en museos, galerías, universidades, medios de comunicación y otros espacios públicos y privados.
ADELA señaló que, de aprobarse la propuesta, Chihuahua podría incorporarse al grupo de países y territorios que mantienen disposiciones legales relacionadas con la penalización de la blasfemia o la difamación de las religiones.
La organización cita datos del Pew Research Center y de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF), según los cuales aproximadamente 79 de 198 países y territorios contemplan este tipo de delitos en sus legislaciones.
A partir de ello, ADELA advierte que una legislación de esta naturaleza podría tener efectos sobre personas no creyentes, ateas, agnósticas y seculares, así como sobre integrantes de minorías religiosas.
También señala el riesgo de que se produzcan restricciones al debate público y una mayor confrontación institucional hacia quienes no forman parte de la religión considerada hegemónica.
En el pronunciamiento sostienen que la propuesta también resulta contradictoria con la actuación del Congreso de Chihuahua en otros temas relacionados con derechos humanos.
En particular, cuestionó que el PAN respalde una iniciativa que, desde su perspectiva, otorgaría una protección diferenciada a grupos católicos, mientras que sectores de ese mismo partido han cuestionado acciones afirmativas dirigidas a mujeres y personas de la diversidad sexo-genérica.
ADELA también criticó el uso de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación para impulsar la propuesta. Como antecedente, señaló que el propio Congreso estatal habría incurrido en prácticas discriminatorias hacia la diversidad sexual, y mencionó como ejemplo la negativa histórica a legislar sobre el matrimonio igualitario por motivos religiosos e ideológicos.
Frente a la discusión de la iniciativa, ADELA demandó un proceso legislativo abierto en el que participen distintos sectores de la sociedad.
La defensa del régimen laico debe entenderse como una garantía democrática para proteger la libertad de culto, de pensamiento y de conciencia, así como la convivencia entre personas con distintas creencias y posiciones, detalla el pronunciamiento.
ADELA advirtió que permanecerá atenta al proceso legislativo y anunció que buscará participar en el debate sobre la propuesta.
El posicionamiento está suscrito por ADELA, Asamblea Marea Verde Chihuahua, Colectivo La Gota, Comité de la Diversidad Sexual de Chihuahua, Derechos Humanos, Comunidades Laicas, A.C., Morres Autónomes Cuauhtémoc, Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses A.C., Colectivo Epistémico de Teoría Crítica de Chihuahua, Centro de la Diversidad y los Derechos Sexuales A.C., Omeyocan, Psicoterapia, Sexología y Desarrollo, S.C., y Socialis A.C.
