Eugenio salió de su comunidad hace tres años, cuando su familia y su comunidad La Sierrita, del municipio de Guadalupe y Calvo, luego de resistir ante la violencia durante más de un año. Perdieron sus propiedades y ahora resisten desde el asfalto de la ciudad de Delicias, en condiciones de hacinamiento y ahora, con el dolor de haber perdido a uno de los suyos, a Eugenio Chaparro.
Por Leo Barro/Raíchali
DELICIAS, Chihuahua. Lo que debía ser un espacio de contención y recuperación para superar el alcoholismo se convirtió en la escena de un crimen que ha conmocionado a la comunidad ódami desplazada en Delicias: Eugenio Chaparro, de 29 años, originario de la comunidad La Sierrita, municipio de Guadalupe y Calvo, y víctima de desplazamiento forzado desde hace tres años, falleció en circunstancias violentas dentro del centro de rehabilitación “Resiliencia Nueva Esperanza”, ubicado en la colonia Altavista, al sur de la ciudad de Delicias
Aunque en un principio el centro informó a la familia que la muerte había sido por un infarto, la necropsia reveló la verdad: Eugenio murió por golpes contundentes en la cabeza. Las autoridades investigan como un homicidio culposo, aunque las circunstancias apuntan a una agresión directa en la que habrían participado al menos dos personas.
El joven participó en mayo del año pasado en el encuentro estatal de víctimas de desplazamiento forzado interno, en la ciudad de Chihuahua.
Un esfuerzo familiar para salvar a un hijo
La historia de Eugenio es también la historia de una familia que lucha por sobrevivir en medio de la precariedad. J. Ch, padre del joven y líder de la comunidad desplazada en Delicias, tomó la decisión de internar a su hijo después de varios intentos fallidos en otros centros de rehabilitación.
“José me comentó que su hijo tenía un problema grave de alcoholismo y que su salud ya se estaba complicando. Quería llevarlo a un lugar donde estuviera más cerrado, donde no pudiera salirse hasta que se recuperara bien”, relató Gabino Gómez, acompañante de la comunidad por el Centro de Derechos Humanos de la Mujer (Cedehm).
El centro “Resiliencia Nueva Esperanza” fue la opción elegida. Sin embargo, desde el primer día, la familia enfrentó una barrera económica difícil de sortear: el centro cobraba 500 pesos semanales por el internamiento, con una proyección de cuatro meses de estancia. Para una familia de trabajadores eventuales del campo, que vive al día con lo que obtienen como jornaleros agrícolas, ese monto representaba un esfuerzo descomunal.
“Estábamos haciendo una campaña para reunir el dinero. No es cualquier cosa para ellos. Son personas que no tienen ingresos fijos y que ya cargan con el peso del desplazamiento”, explicó Gómez.
La llamada que cambió todo
Apenas unos días después del ingreso de Eugenio al centro de rehabilitación, J. Ch. recibió una llamada telefónica que ninguna madre o padre debería recibir. La llamara era para informarles que su hijo había fallecido.
“Esa llamada no tiene descripción. Es un dolor que no se puede explicar”, relató Gabino Gómez al reconstruir el momento.
J. Ch. se trasladó de inmediato al centro de rehabilitación. Al llegar, se encontró con un escenario que aumentó su desconfianza: ya estaban presentes autoridades municipales, policías estatales y personal del Servicio Médico Forense. Sin embargo, a pesar de su insistencia, no le permitieron ver el cuerpo de su hijo. Los agentes forenses se llevaron el cadáver sin dar mayores explicaciones.
“Ni siquiera lo dejaron ver. Le dijeron que esperara, que el forense iba a determinar la causa. Pero nunca le dijeron la verdad desde el principio”, denunció Gabino Gómez.
La necropsia revela la violencia
Fue hasta después de los análisis forenses que la familia conoció la verdad: Eugenio no murió por un paro cardíaco. La causa real fue un traumatismo craneoencefálico producido por golpes en la cabeza.
El dictamen oficial apunta a un homicidio culposo, aunque las circunstancias del hecho —dentro de un centro cerrado, con personal a cargo y sin testigos claros— han llevado a la familia y a las organizaciones defensoras a exigir una investigación más profunda.
“¿Cómo es posible que un joven de 29 años, que estaba en un proceso de rehabilitación, muera a golpes? No hay justificación. Esas personas que lo golpearon, sea cual sea la razón, cometieron un acto salvaje”, el defensor de derechos humanos.
Según el testimonio recabado, al menos dos personas participaron en la agresión. Hasta el momento, no se ha confirmado su identidad ni su relación con el centro, aunque la familia y los acompañantes exigen que se deslinden responsabilidades no sólo para los agresores directos, sino para los dueños y el personal del centro, que permitieron que la violencia ocurriera en sus instalaciones.
Ausencia de detenciones y omisiones de las autoridades
Uno de los puntos más críticos del caso es la actuación de las autoridades el día de los hechos. A pesar de que la policía municipal y estatal acudieron al lugar y levantaron el cuerpo, no detuvieron a ninguna persona en flagrancia. Esto, a pesar de que los hechos ocurrieron en un espacio cerrado y controlado por el propio centro.
“Debieron haber detenido a los responsables en ese momento. Estaban en flagrancia. Pero no lo hicieron”, denunció Gómez.
En los días siguientes, algunos medios locales publicaron que ya había dos personas detenidas. Sin embargo, Gabino Gómez desmintió esta información: “A mí me informan que no están detenidos. Dicen que están esperando una orden de aprehensión, pero eso no tiene sentido cuando los hechos son evidentes. La policía municipal solo le dijo a J. Ch. que llevara el acta de nacimiento a la fiscalía para reclamar el cuerpo. Nada más”.
La falta de una respuesta inmediata y contundente por parte de las autoridades ha generado un clima de impunidad que la familia y la comunidad desplazada consideran inaceptable.
La barrera del idioma y la falta de acompañamiento indígena
Otro aspecto que agrava la vulnerabilidad de la familia es la ausencia de un intérprete ódami. La comunidad tiene su propia lengua y el español no es la lengua materna de muchos de sus integrantes. Desde el momento de la muerte de Eugenio, la familia no contó con un intérprete que les facilitara la comprensión de los procedimientos legales, los dictámenes médicos ni las diligencias ministeriales.
“No tuvieron acceso a un traductor. Nadie les explicó en su idioma lo que estaba pasando. Les dijeron que fue infarto, pero ni siquiera les mostraron la necropsia. Se enteraron después. Eso es una violación a sus derechos”, subrayó Gómez.
Contexto: desplazamiento forzado y precariedad
La familia de Eugenio es parte de una comunidad ódami que fue desplazada forzosamente, de La Sierrita, en el municipio de Guadalupe y Calvo, hace tres años. Desde entonces, viven en ciudad Delicias en condiciones de extrema precariedad, sobreviviendo como jornaleros agrícolas eventuales, sin vivienda digna ni acceso estable a servicios básicos.
“Son personas que ya perdieron todo: su tierra, su casa, su comunidad. Y ahora pierden a un hijo en un lugar donde se suponía iba a recibir ayuda”, lamentó Gabino Gómez.
El desplazamiento forzado es una de las violaciones más graves a los derechos humanos en México, y en este caso se cruza con la negligencia institucional, la violencia en centros privados y la falta de protocolos para población indígena.
“Esperamos que la Fiscalía de Derechos Humanos atraiga la carpeta y que realmente se sepa lo que pasó. No podemos permitir que esto quede impune. Ese lugar no es un centro de rehabilitación, es un centro de tortura. Las personas que ya están sufriendo por el desplazamiento no merecen pasar por esto”, sentenció el representante del Cedehm.
Foto: Patricia Mayorga
Foto: Patricia Mayorga
Foto: Patricia Mayorga
Un caso que no debe quedar en el olvido
Eugenio Chaparro no es un número. Es un joven padre, hijo y miembro de una comunidad que ya ha enfrentado demasiadas pérdidas. Su muerte violenta, en un lugar que debía brindarle apoyo, es un reflejo de las múltiples violencias que enfrentan las poblaciones indígenas desplazadas: la pobreza, la falta de acceso a servicios de salud, la discriminación, la simulación institucional y la impunidad.
La comunidad ódami en Delicias, junto con sus acompañantes, mantiene la esperanza de que este caso sea investigado con seriedad y transparencia. Pero también saben que la justicia no llegará por sí sola. Por eso, alzan la voz para que el nombre de Eugenio no sea olvidado y para que su muerte, aunque dolorosa, sirva para exponer las fallas de un sistema que sigue fallando a los más vulnerables.
La versión oficial
La Fiscalía General del Estado informó este domingo 30 de agosto en un comunicado de prensa, que el joven de 29 años de edad falleció durante la madrugada del jueves 27 de agosto, alrededor de las 4 de la mañana, dentro del centro de rehabilitación “Resiliencia Nueva Esperanza” de la ciudad de Delicias y que hay dos detenidos.
“Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Centro en el municipio de Delicias, detuvieron a dos masculinos que aparecen como probables responsables del homicidio de Eugenio C. A”., cometido al interior del Centro de rehabilitación denominado ‘Resiliencia Nueva Esperanza’”.
En el lugar, los agentes estatales aprehendieron a Rafael A. O., de 36 años de edad, y de Cristian Eduardo H. M., de 37 años de edad, quienes fueron puestos a disposición de un juez de Control del Distrito Judicial Abraham González, quien conoció la causa penal 514/ 2026, en la audiencia de formulación de imputación por el delito de homicidio calificado
Foto: FGE
“De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presumen inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)”.
Por medios locales, se conoció que la FGE recibió el reporte de un deceso aparentemente natural. Al llegar al lugar, los elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) localizaron al joven sin signos vitales y con lesiones visibles en el cuerpo.
Foto: FGE
Los primeros indicios apuntan a que Eugenio podría haber sido golpeado por otros internos del propio centro de rehabilitación. Por lo anterior, hay dos personas detenidas como presuntas responsables del homicidio.
La escena del crimen quedó a cargo del personal de Servicios Periciales para realizar el procedimiento correspondiente.
El cuerpo de Eugenio Chaparro fue trasladado al anfiteatro del hospital Regional, donde se le practicó la necropsia de ley. Posteriormente fue sepultado por sus seres queridos.
La investigación continúa.
