Llaman a acompañar manifestación hoy a las 12 horas enfrente de palacio de gobierno, donde anunciarán medidas legales que tomarán, mientras que la FGE se reúne con otras familias de personas desaparecidas
Por Patricia Mayorga/Raíchali
En el marco del Día Internacional de las víctimas de desapariciones forzadas, que se conmemorar hoy, el colectivo de las familias de personas desaparecidas que acompaña el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), denunciaron que durante la actual administración, la gobernadora María Eugenia Campos Galván no las ha recibido en audiencia pública para ser escuchadas directamente y plantear las propuestas ante la crisis de las desapariciones que atraviesa Chihuahua.
El 7 de agosto fue el último intento. Le solicitaron audiencia pública. “La respuesta no fue la audiencia solicitada. En su lugar, se convocó a un encuentro sin la presencia de la gobernadora y bajo condiciones distintas a las planteadas por las familias”, señalaron en un comunicado.
La decisión del colectivo es no acudir a un encuentro que sustituye su derecho a ser escuchadas por quien tiene la responsabilidad de tomar decisiones, señalaron y llamaron a la ciudadanía a acompañarlas hoy a la manifestación que realizarán hoy a las 12 horas frente a palacio de gobierno, en donde anunciarán las acciones legales que correspondan, anunciaron en el comunicado.
El comunicado de prensa indican que el colectivo de familias desaparecidas que acompaña en Cedehm, integrado por más de 500 familias y que es el más numerosos del estado de Chihuahua, no acudirpo al “Encuentro estatal de atención a familias de personas desaparecidas”, convocado por la Fiscalía General del Estado convocado para ayer sábado 29 de agosto.
Detallan las razones:
Pedimos una audiencia púbica con la gobernadora, conforme a la ley. El pasado 7 de agosto solicitamos formalmente a la gobernadora María Eugenia Campos Galván, con fundamento en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua y su Reglamento, un audiencia presidida personalmente por ella, a celebrarse el 30 de agosto, Día internacional de las personas desaparecidas, con alrededor de 150 familiares provenientes de las distintas regiones del estado.
El propósito: presentar propuestas de política pública y de presupuesto, y que el gobierno rindiera cuestas sobre la búsqueda y la identificación forense. Propusimos, además, que esa audiencia inaugurara un espacio permanente de diálogo y seguimiento entre el Poder Ejecutivo y las familias.
Le ley obliga a responder, nadie respondió lo que la ley exige. Conforme a los artículos 64 de la Ley y 43 de su Reglamento, la autoridad tenía diez días hábiles para responder por escrito, aceptando y negando la audiencia; toda negativa debía estar fundada y motivada. El plazo venció el 20 de agosto sin que la gobernadora- a quien se dirigió la solicitud- diera respuesta alguna. Lo que recibimos fue, el 19 de agosto, un oficio de la Fiscalía General del Estado, autoridad a la que no correspondía resolver, que ni concedió ni negó la audiencia, se limitó a “reconocer la relevancia de los planteamientos” y a manifestar “disposición a participar en espacios “que sean determinados por las autoridades correspondientes”. Y el 27 de agosto, apenas dos días antes, la misma Fiscalía no “invitó” a un encuentro diseñado unilateralmente: en fecha distinta a la solicitada, con un formato por la autoridad y, sobre todo, sin la presencia de la gobernadora.
Por eso no iremos: en los hechos, se nos niega la audiencia. No se atrevieron a negarla por escrito, porque la ley les exigiría fundar y motivar esa negativa, pero la negaron en los hechos; sustituyeron la audiencia pública que la ley nos reconoce por un evento a modo, en sus términos y sin la titular del Ejecutivo. Las familias somos sujetas de derechos, no invitadas de cortesía; los espacios de diálogo se constituye con las víctimas, no se les imponen. Acudir sería validar esa simulación.
Nos indigna que, en casi cinco años, la gobernadora nunca haya recibido a las familias. Lo hemos pedido desde el inicio de su administración. En 2022 caminamos 300 kilómetros de Hidalgo de Parral a Chihuahua para pedir ser escuchadas y la respuesta fue descalificación pública, se nos llamó “raras”. En abril de 2025 se nos convocó por fin a una reunión con la gobernadora, pero fue pospuesta por agenda y jamás fue retomada. Las familias fuimos recibidas por la titularidad del Ejecutivo en las dos administraciones anteriores; la actual, a poco más de un año de concluir, es la excepción. Es lamentable que la máxima autoridad de un estado con miles de personas desaparecidas se haya negado sistemáticamente a escuchar de viva voz a quienes las buscan.
Lo que haremos: este domingo 30 de agosto a las 12 nos manifestaremos frente al palacio de gobierno y ofreceremos ahí una rueda de prensa, en la que anunciaremos loas acciones legales que correspondan frente a la omisión de la gobernadora de dar respuesta a nuestra solicitud de audiencia pública conforme a la ley.
Hacemos un llamado a la ciudadanía en general, a acompañar de manera solidaria a las familias este domingo 30 de agosto a las 12 horas frente al palacio de gobierno. La desaparición de personas nos duele y nos concierne entera: que ninguna familia buscadora esté sola.
A la gobernadora le decimos, una vez más, la búsqueda, la verdad y la justicia son obligaciones del Estado, y escuchar a las familias es el punto de partida en cualquier política que aspire a cumplirlas. No pedimos un favor, ejercemos un derecho.
FGE y Secretaría de Gobierno recibe a otras familias de personas desaparecidas
Un grupo de familias y colectivos de familiares de personas víctimas de desaparición forzada, se reunió con fiscales de Distrito y especializados, coordinadores de Unidades de Investigación de personas desparecidas, personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE) y de Servicios Periciales, “atendieron cada una de las demandas expuestas en cada uno de los casos”, aseguraron en un comunicado de prensa de la FGE.
La reunión fue encabezada por el encargado del despacho de la FGE, Francisco Sáenz Soto y el subsecretario general de gobierno, Óscar González Luna.
La gobernadora no estuvo presente y justificaron que la reunión la realizaron e indicaron que la premisa más importante la desarrollaron “desde la visión de nuestra gobernadora Maru Campos, es evitar el dolor evitable, y que se sientan con toda la confianza para poder decirnos lo que sienten y lo que piensan”, les dijo el fiscal, según el comunicado.
La reunión fue organizada por medio del enlace de la Comisión Ejecutiva de Víctimas del Delito, y de su titular Norma Ledezma Ortega. Los familiares de las personas desaparecidas expusieron “con toda libertad, su posicionamiento ante el funcionamiento de la Fiscalía General del Estado como de su personal, indicando deficiencias y áreas de oportunidad en la tarea de las investigaciones y acciones de búsqueda”.
En la reunión estuvieron presentes el subsecretario de gobernación, Óscar González Luna; el encargado del despacho de la FGE, Francisco Sáenz Soto; la titular de la CEAVE; la Fiscal de violaciones a los Derechos Humanos y Desaparición Forzada, Georgina Bujanda Ríos; el director general de Servicios Periciales, Fernando Solís, Puente y el titular de la Comisión Local de Búsqueda, Víctor Hinojos.
