Autoridades indígenas que participaron en la consulta señalaron una serie de dificultades para comprender el lenguaje jurídico, así como limitaciones de tiempo, problemas de traslado y diferencias entre variantes lingüísticas
Texto y fotografías por Karla Quintana/ Raichali
San Ignacio de Arareco, Bocoyna – Para algunas autoridades indígenas que participaron en la primera jornada de consulta en Chihuahua de la propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, las principales dificultades fueron conocer el contenido de la propuesta, comprenderla, discutirla y trasladarla a las realidades de sus comunidades. La segunda y última consulta en el estado será el vienes 21 de agosto en la cabecera municipal de Guachochi.
La iniciativa, integrada por 453 artículos y 11 artículos transitorios, está contenida en un cuadernillo de 208 páginas y se divide en ocho libros que abordan desde el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, hasta la libre determinación y autonomía, los derechos de las mujeres, niñas, niños, adolescentes y jóvenes indígenas y afromexicanos, la consulta y el consentimiento libre, previo e informado, así como responsabilidades, procedimientos, delitos, sanciones y el juicio de amparo indígena y afromexicano.
Pero para quienes acudieron a las mesas de trabajo, revisar un documento de esa dimensión en una jornada de consulta representó un desafío.
“Muchas palabras no las entendemos, no las usamos nosotros”, explicó María del Rosario Casavantes, gobernadora warijio de la comunidad de Arechuyvo, municipio de Uruachi, quien también participó en el consejo técnico que trabajó en la construcción de la iniciativa. “Pues ahí nos quedamos mucho, porque no entendemos. Si no preguntamos, pues no entendemos nada”.
Casavantes señaló que una parte de la dificultad estuvo relacionada con los términos utilizados en el documento y con la necesidad de preguntar cuando algún concepto no resultaba comprensible.
Benito Álvarez, gobernador pima de la comunidad de Mesa Blanca del municipio de Madera, explicó que parte del proceso ha consistido en llevar la información a las comunidades y generar espacios para que las autoridades puedan conocer el contenido de la propuesta.
Recordó que acudieron a la comunidad de Yepachi, en el municipio de Temósachi, donde se reunieron gobernadores de distintas comunidades pimas de Madera y Temósachi, además de integrantes del pueblo rarámuri, para dialogar sobre el proceso.
Sin embargo, Álvarez señaló que el contenido jurídico no siempre es sencillo de trasladar al lenguaje cotidiano de las comunidades.
“El libro trae muchas estrategias jurídicas que son términos que muchas veces no entendemos”, dijo. Por ello, consideró necesario consultar y buscar formas de explicar los contenidos para que puedan ser comprendidos de acuerdo con las formas de hablar y entender de cada comunidad.
Álvarez explicó que, desde su experiencia, la propuesta requiere un proceso de explicación y capacitación para que las autoridades puedan posteriormente transmitir la información en sus comunidades.
“Para mí, explicar a la comunidad hasta ahorita nosotros tenemos que ir haciendo concientizando a las comunidades. Porque no es fácil que llegues y que sueltes un tema jurídico”, señaló.
El gobernador pima añadió que las propias autoridades tradicionales necesitan capacitarse y acudir a las asambleas para ir comprendiendo el contenido y posteriormente transmitirlo a sus comunidades.
También se refirió al tiempo disponible para participar en las reuniones.
La consulta coincidió con responsabilidades comunitarias y actividades productivas. Álvarez explicó que durante la temporada de siembra las autoridades tienen compromisos que hacen difícil abandonar sus comunidades para acudir a reuniones.
“El tiempo sí es poco. Ahorita todos tenemos nuestros compromisos y nuestras obligaciones en nuestras comunidades”.
453 artículos y poco tiempo para discutirlos
Miguel Manuel Parra, integrante de la comunidad de Mogótavo y miembro del comité técnico que participó en la construcción de la iniciativa, conoce el proceso desde otra posición.
Explicó que la construcción de la propuesta comenzó años atrás y que el comité técnico estuvo integrado por representantes indígenas y especialistas.
Durante las sesiones, dijo, hubo discusiones y desacuerdos relacionados con el contenido y con la amplitud de la propuesta. “Pues era analizar todo eso y muchas veces sí se debatían mucho porque entraban de lleno y sí está complicado esto”, explicó.
El trabajo del comité tampoco fue breve. Parra recordó que tuvieron siete sesiones, algunas de ellas extendiéndose desde temprano hasta las 10 u 11 de la noche. “Era muy cansado”, refirió.
La complejidad no desaparece por el hecho de que las personas hablen español o tengan alguna profesión. “Para entenderle es complicado de por sí, aunque hablen español y aunque tengan alguna profesión”, dijo al referirse a la técnica legislativa y a las formas utilizadas en la construcción de una ley.
Y el tamaño de la propuesta da una dimensión del reto. Son 453 artículos y 11 transitorios. Miguel Parra recordó que la versión que llegó al comité técnico tenía originalmente más de 500 artículos y posteriormente fue reducida.
Por ello, consideró que explicar de manera detallada el contenido a una comunidad requiere mucho más tiempo del disponible en una asamblea.
“Para hacer eso tendría que ser una escuela entera de un año y pues no”, advirtió.
El camino también forma parte de la consulta
Para María del Rosario Casavantes, gobernadora warijó de Arechuyvo, el problema no se limita al lenguaje jurídico.
Su comunidad se encuentra a aproximadamente siete horas de la cabecera municipal y, de acuerdo con su testimonio, el camino se encuentra en malas condiciones. El traslado representa una dificultad adicional para participar en este tipo de procesos. “Lo que batallamos es salir de allá de mi comunidad, como no hay carro, no hay en qué movernos”, explicó.
A pesar de ello, las autoridades tienen que dejar sus actividades para acudir y conocer qué se está planteando. “Tenemos que dejar para nosotros enterarnos qué se trata, qué es lo que vamos a hacer, qué hay pues para que podamos pedir apoyo para la comunidad. Entonces uno pues hace lucha y dejamos los trabajos en nuestras comunidades”, relató.
La distancia, el estado de los caminos, la disponibilidad de transporte y las responsabilidades productivas se convierten así en elementos que inciden directamente en la posibilidad de participar en una consulta.
Una consulta que también debe llegar a las mujeres
Dolores de Todos los Santos Vigil, integrante de la comunidad de San Ignacio de Arareco, participó en la mesa relacionada con los derechos de las mujeres indígenas.
Desde ahí observó otra dificultad: que no todas las mujeres de las comunidades están familiarizadas con los derechos que aborda la propuesta. “Yo veo como que quizá, pues no estamos todas familiarizadas sobre estos derechos de las mujeres indígenas”, explicó.
Todos los Santos agregó que en algunas comunidades todavía no se habla de estos temas de manera cotidiana.
Para ella, la información tampoco debería concentrarse en las comunidades cercanas a centros de atención o cabeceras. Hay comunidades ubicadas en los barrancos donde, afirmó, todavía no conocen suficientemente temas relacionados con el acceso a la justicia, la salud o la educación.
Consideró que en la mesa de derechos de las mujeres indígenas todavía faltó tiempo para terminar de abordar la información.
La dimensión del contenido vuelve a aparecer en su testimonio.
Vigil explicó que incluso una persona con experiencia en educación tendría dificultades para revisar de manera completa el material en un solo espacio. Como ejemplo, relató que consultó con su hija, quien es maestra, cuánto tiempo podría tomarle trabajar uno de los libros de la propuesta y la respuesta fue que ni siquiera un ciclo escolar sería suficiente para terminar de abordar su contenido.
“Esto no se necesita un día”, sostuvo.
Desde su perspectiva, la información es demasiado amplia para ser revisada “por encimita” y requiere acompañamiento de personas capaces de explicar los términos técnicos.
Interpretar no es solamente traducir palabras
La cuestión lingüística apareció también durante las mesas.
Miguel Parra explicó que sí hubo interpretación en rarámuri, aunque en su mesa de trabajo decidieron utilizar principalmente el español porque la variante de rarámuri disponible correspondía a la región de la Alta Tarahumara, mientras que las personas participantes provenían de otros municipios.
El propio Manuel Parra señaló que existen variaciones dentro del idioma y que, aunque había traducción, algunas personas pueden no comprender determinadas expresiones. También indicó que había un grupo de participantes warijó que hablan su propio idioma
Todos los Santos Villalobos Vigil planteó una preocupación similar desde su experiencia: La intérprete tuvo poca participación y desde su perspectiva, una parte del problema fue que la variante utilizada no correspondía necesariamente con la de las comunidades de la zona centro.
“No es lo mismo cómo entenderle lo que es de la zona centro”, agregó.
Para ella, una consulta de esta dimensión requiere no solamente una persona que traduzca, sino un proceso de acompañamiento que permita explicar los conceptos jurídicos y, al mismo tiempo, hacerlo desde las variantes lingüísticas que utilizan las comunidades.
“Es como estudiar una licenciatura, un bachillerato o lo que sea, pues sí, de tres años de estar en una escuela mínimo”, dijo al dimensionar la cantidad de información que contiene la propuesta.
“Es bien pesado, es muy apresurado”
Todos los Santos Villalobos considera que el tiempo disponible terminó limitando la posibilidad de profundizar en los temas. “Es bien pesado, es muy apresurado y sobre todo quisieras aportar más, quisieras decir otras palabras, pero no hay ese tiempo”, reclamó.
Su participación en la mesa de mujeres indígenas no fue solamente para conocer el contenido. También buscaba compartir conocimientos y experiencias con otras mujeres, pero afirmó que no hubo suficiente espacio para hacerlo.
Incluso, a ella le hubiera gustado participar en otras mesas, particularmente en las relacionadas con territorio y con la interpretación, debido a su propia experiencia como intérprete. “Yo soy intérprete, pero yo veo que el trabajo de intérprete no está reconocido”, explicó. Sin embargo, el tiempo disponible no le permitió profundizar en ese tema.
La estrategia informativa del INPI
Frente a estas dificultades, representantes del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas explicó que se implementó una estrategia para entregar información previamente a las comunidades.
Víctor Martínez, director local del INPI en Chihuahua, justificó que durante la etapa informativa se revisaron de manera general los ocho libros de la propuesta y se entregaron invitaciones para las asambleas, una copia de la iniciativa, un cuadernillo con el resumen de la propuesta, la convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación y un documento con 20 puntos relacionados con el proceso.
Además, señaló que se utilizó la radio como parte de la estrategia de información.
Los materiales sobre el proceso y sobre la etapa informativa fueron preparados en los idiomas en los que transmite la radio, principalmente ódami, dos variantes del rarámuri y castellano, con la intención de mantener presente el proceso de consulta en las comunidades.
Martínez reconoció que el contenido de la iniciativa es denso, pero consideró importante que las comunidades pudieran conocer los artículos, analizarlos y señalar qué debería modificarse, en caso de que no reflejaran sus necesidades o aspiraciones.
“Que conozcan cada artículo, que lo analicen y que nos digan qué habría que cambiarles si es que fuera el caso o si ese artículo concentra el sentir y el deseo de las comunidades”, informó.
El director del INPI también reconoció las dificultades que implica llevar información a comunidades alejadas.
Martínez puso como ejemplo las comunidades ubicadas a un día de camino por carretera, como una en Cabeza de Viejo, municipio de Morelos, donde la comunicación puede ser complicada.
El funcionario dió a conocer que normalmente se procura avisar con entre 15 y 20 días de anticipación a las comunidades más alejadas, además de recurrir a distintas vías de comunicación disponibles, como teléfono, WhatsApp o el apoyo de personas que cuentan con estos medios.
A esto se sumaron las condiciones climáticas, por lo que Víctor Martínez señaló que julio fue particularmente lluvioso y que esto incidió en la etapa informativa.
434 comunidades visitadas
De acuerdo con información publicada en la página del INPI , en el estado se tienen identificadas 469 comunidades indígenas. Para la jornada de entrega de información realizada durante julio de 2026, el instituto reportó 434 comunidades visitadas y 35 pendientes.
Según un documento compartido por el INPI, 281 personas se presentaron a participar en las mesas de trabajo durante el proceso de consulta.
El proceso de consulta involucró a autoridades comunitarias e instituciones de distintos niveles.
Entre quienes participaron se encuentran autoridades tradicionales, representantes del INPI, la Organización de las Naciones Unidas, la Secretaría de las Mujeres del gobierno de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas estatal, autoridades municipales, el Congreso del Estado de Chihuahua y representantes de pueblos como el rarámuri, warijó y pima.
Los testimonios recogidos durante las entrevistas muestran distintas experiencias sobre el desarrollo de las mesas de consulta, particularmente respecto al tiempo disponible, el lenguaje utilizado, la interpretación y las condiciones de traslado.
Para Vidulfo Rosales Sierra, en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la discusión tiene además un trasfondo histórico. “Durante mucho tiempo nosotros no hemos tenido ley, los pueblos indígenas hemos sido la nada jurídica”, aseveró .
Recordó que existen legislaciones para distintas materias, mientras que los pueblos indígenas históricamente no han contado con una legislación que reconozca plenamente su existencia jurídica.
Para las autoridades y participantes consultados, el reto pasa por algo más básico: tener tiempo suficiente para leer y discutir los artículos, contar con intérpretes de las variantes lingüísticas correspondientes, superar las dificultades de traslado y generar espacios donde las comunidades puedan preguntar y expresar desacuerdos sin que el lenguaje jurídico se convierta en una barrera.
