Los hijos de José Pedro López Elías acusan al fiscal Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela, y a la gobernadora María Eugenia Campos Galván de persecución y hostigamiento, debido a que su padre se negó a firmar una declaración contra Javier Corral Jurado
Por Redacción de La Verdad Juárez
Los hijos de José Pedro López Elías, exconsultor externo del Gobierno del Estado Chihuahua en la administración de Javier Corral Jurado, solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares debido a una situación de persecución, hostigamiento y riesgo contra su familia que enfrentan presuntamente de la administración de María Eugenia Campos Galván.
Fátima López y Mauricio López, hijos de José Pedro, acudieron hasta la sede del organismo internacional en la ciudad de Washington D.C., para señalar al titular de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo, El Bayo, Valenzuela, y a la gobernadora María Eugenia Campos Galván, como los principales responsables de las presiones que derivan de una investigación penal en contra de su padre.
En junio pasado, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua solicitó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México la localización y detención de López Elías, director del despacho Finanzas Públicas, por su presunta implicación en la carpeta de investigación en contra del exgobernador Corral por el supuesto desvío de 98.6 millones de pesos.
Las autoridades estatales señalan que la contratación de dicho despacho se realizó sin sustento legal ni apego a los procedimientos administrativos normados. Asimismo, sostienen que el Gobierno estatal efectuó los pagos al consultor sin que se acreditara la ejecución efectiva de los servicios contratados.
Fátima López declaró este lunes que las acusaciones responden a “un delito fabricado”. Aseguró que, tras el intento fallido de detención de Javier Corral en la Ciudad de México, la Fiscalía Anticorrupción buscó a su padre para exigirle que firmara una imputación formal en contra del exmandatario.
Al negarse a firmar, afirmó, fue incluido dentro de la misma carpeta de investigación que involucra a Corral y a Arturo Fuentes Vélez, exsecretario de Hacienda del estado.
“Nunca ha firmado un documento sobre un delito que no existe y nunca lo va a firmar” dijo Fátima este lunes en entrevista concedida a Aristegui Noticias.
Aseguró que su padre no fue contratado directamente por el Gobierno de Chihuahua, sino por un fideicomiso dirigido por BanRegio que dio el servicio durante la administración de Corral.
Tanto ella como su hermano Mauricio denunciaron que la familia —incluyendo a un nieto de dos años— es víctima de constantes presiones, vigilancia invasiva mediante drones, actos de intimidación y afectaciones patrimoniales.
“No estamos pidiendo impunidad ni que se detenga ninguna investigación. Pedimos que se respeten sus derechos y que ninguna actuación provoque un daño irreversible a su salud o a su vida” coincidieron en la entrevista donde hablaron de su petición al organismo internacional, presentada este 17 de agosto.
José Pedro López Elías, de 66 años, padece una condición oncológica que requiere atención médica especializada y tratamiento continuo. De acuerdo con el abogado de la familia, Héctor Alberto Pérez Rivera, las presiones han repercutido negativamente también en la salud y tranquilidad de su esposa, hijos, nueras y nietos.
La petición formal ante la CIDH busca que el organismo evalué la gravedad del caso y determine la emisión de medidas cautelares para salvaguardar la vida, salud, integridad física y el debido proceso de López Elías y su núcleo familiar, sin interferir con los cauces jurisdiccionales del Estado mexicano, según precisó en un comunicado el despacho legal Pérez Rivera, Salas y Peña.
Entre las medidas solicitadas destacan: garantizar la continuidad de su atención médica, establecer salvaguardas ante una eventual detención o traslado que pudiera comprometer su salud, prevenir actos de acoso, intimidación o represalia, y proteger a los integrantes de su familia.
La denuncia se acompañó de documentos judiciales, informes médicos y otros elementos para que la CIDH valore el contexto y el riesgo denunciado, se informó.
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Este contenido fue originalmente publicado en La Verdad Juárez, integrante de Territorial alianza de medios. Aquí puedes ver la publicación.
