El grupo de 28 personas salió de la sierra de Chihuahua por la violencia. Hoy viven ese desplazamiento forzado en condiciones precarias sin que las autoridades u organizaciones les hayan apoyado.
Fotografías y texto de Leo Barro / Raíchali
Chihuahua – Siete familias ódami, originarias de Guadalupe y Calvo, sobreviven bajo lonas de plástico junto a un arroyo y vías del tren en la colonia Los Leones, en la zona del aeropuerto de la ciudad de Chihuahua. No tienen agua, luz ni atención gubernamental.
Hace tres años ese grupo de familias, integrado por 28 personas, llegaron a la capital del estado huyendo de la violencia que azota su comunidad de origen. Sin papeles, ni redes de apoyo sólidas y con miedo, aún presente, buscaban tranquilidad, pero se encontraron con un panorama de exclusión, discriminación y pobreza extrema.
“Nosotros nos venimos porque escuchábamos los balazos bien cerquita, que tiraban los malos, y nuestros familiares nos dijeron que saliéramos con los niños porque ya venían los malos”, relata una mujer de aproximadamente 55 años, quien encabeza a uno de los grupos familiares.
Como muchos de ellos, salió sin documentos de identidad. Dejaron atrás su tierra, animales, sus cultivos, el maíz, frijol, árboles frutales, durazno, naranjas y sus pertenencias, con la única esperanza de proteger a los menores. Hasta hoy, además de estar fuera de casa, lo que más ha costado es adaptarse al ruido de la ciudad, detallan.

Al llegar a la ciudad, consiguieron un lugar donde vivir. Pagaban una renta de 600 pesos por familia, todas juntas. Sin embargo, las lluvias inundaron sus viviendas, destruyeron sus cobijas, ropa y papeles importantes.
El dueño del inmueble los reubicó, pero pronto la situación se volvió insostenible: el arrendatario, según testimonios, tenía problemas con el alcohol y, tras ser internado por su hermana, regresó y les ordenó desalojar de inmediato. Les dijo que vendería la propiedad.
Desde hace tres semanas, estas familias viven a la intemperie, en un campamento improvisado junto a un arroyo y las vías del tren. Su “hogar” está construido con hule negro, palos y sogas, apenas sostenido para resistir el viento. No cuentan con colchones, camas, baños ni servicio de agua potable; solo obtienen líquido de una toma cercana. Cocinan al aire libre y sus pertenencias están expuestas a la intemperie.
Son cinco casas de hule donde viven un total de 28 personas. El lugar es peligroso, sobre todo por las noches. El aullido de los coyotes y la presencia de animales, particularmente zorros, que se acercan por comida, así como la aparición de víboras, son parte de su cotidianidad. Además, sufren el calor extremo y las lluvias, sin ninguna protección ni acceso a electricidad.

A pesar de haber intentado integrar a los niños y jóvenes en el sistema educativo local, varios de ellos han sido rechazados por su edad o por no hablar español, ya que su lengua materna es el ódami. Esta barrera lingüística y cultural les ha mantenido al margen de cualquier apoyo institucional.
Hasta el momento, ninguna autoridad municipal, estatal o federal, ni organización civil, ha acudido a brindar ayuda. Las mujeres del grupo, visiblemente vencidas por el cansancio y la preocupación en sus rostros, cargan solas con la responsabilidad de cuidar a los menores, pues solo hay un joven de 23 años entre todos ellos.
Esta situación evidencia no sólo el desplazamiento forzado que viven muchas comunidades indígenas en el país, sino también el abandono del Estado y la discriminación que enfrentan al llegar a las ciudades. Las familias ódami que huyeron de la violencia, ahora enfrentan otra forma de violencia: la indiferencia y la impunidad.





