En la reanudación del proceso judicial, un psicólogo del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua confirmó ante una jueza federal que uno de los procesados por terrorismo presenta secuelas de tratos inhumanos tras su detención en 2022; mientras se abre debate por la autenticidad de pruebas presentadas por la FGR
Por Blanca Carmona / La Verdad Juárez
Luego de varios días de receso, el juicio oral por terrorismo en contra de dos personas acusadas por la jornada violenta del 11 de agosto de 2022 —el llamado jueves negro— se reanudó este 13 de agosto. La jornada estuvo marcada por la declaración de un perito que documentó que uno de los procesados fue sometido a tortura y tratos inhumanos.
El enjuiciamiento se sigue en contra de Jorge Antonio C. B. y Juan Carlos V., quienes enfrentan cargos por el delito de terrorismo por presuntamente haber participado en el incendio de un camión de transporte de personal. La unidad se encontraba estacionada en el cruce de las calles Rivera de Tepeyac y Rivera de Delicias, en la etapa VIII de la colonia Riberas del Bravo.
Durante la reanudación del juicio, la defensa de Jorge Antonio presentó al psicólogo Marco Antonio Pérez Enríquez, adscrito al Instituto de Estudios Psicológicos y Socioeconómicos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de Chihuahua. El especialista aplicó al imputado el Protocolo de Estambul, mecanismo internacional utilizado para diagnosticar posibles actos de tortura, así como tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Al responder a las preguntas de Thelma Iveth Núñez Rivera, defensora pública de Jorge Antonio, el especialista señaló que aplicó el Protocolo el 17 de enero del 2023, de forma colegiada con el médico José Martínez Moncada.
Ante la jueza federal Victoria Alejandra Espinoza Alaniz, el testigo relató que el acusado le narró haber sido detenido el 11 de agosto de 2022 por policías municipales. Según la declaración, los agentes lo esposaron, lo colocaron boca abajo en el suelo y, durante el traslado, le pisaron la cabeza y lo golpearon con puñetazos en el rostro, las costillas, las piernas y las rodillas.
Jorge Antonio también le refirió haber sido llevado a una comandancia donde había botes con agua; ahí lo hincaron y volvieron a golpearlo en la cara, el tórax y las extremidades. Enseguida, lo sujetaron, le bajaron el pantalón y el interior para golpearlo con una tabla en los glúteos, además de amenazarlo con hacerle daño a su familia.
Posteriormente, fue trasladado a la Estación Aldama, donde un médico ordenó que fuera llevado a recibir atención médica por la gravedad de sus lesiones. Sin embargo, dicha instrucción no se cumplió. En su lugar, fue remitido a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE). Aunque allí cesaron los golpes físicos, refirió que lo sacaban constantemente de la celda para interrogarlo, lo obligaron a memorizar dos nombres para incriminarlos como quienes le dieron órdenes y le hicieron firmar documentos bajo presión.
En otra parte de su declaración, el psicólogo también indicó que Jorge Antonio le dijo que había sido asfixiado, que lo desnudaron, lo obligaron a permanecer hincado y con las esposas puestas y le taparon los ojos con su propia playera.
El psicólogo Pérez Enríquez aclaró que para hacer su dictamen no se le proporcionó el certificado médico del acusado, tampoco el reporte homologado que se hizo al momento del arresto. Únicamente le dieron acceso a un disco que contenía la grabación de la primera audiencia que se realizó en contra de Jorge Antonio y otras personas, y frente a la jueza de Control del fuero común, Hilda María Márquez.
En esa diligencia, explicó el especialista, la jueza Márquez observó las lesiones del detenido, por lo que dio vista al Ministerio Público del fuero común y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para iniciar las investigaciones correspondientes, además de activar el Protocolo de Estambul. Posteriormente el caso le fue asignado.
Durante la comparecencia de Pérez Enríquez, se incorporó al juicio una memoria USB con el video de dicha audiencia de control. El perito concluyó ante la jueza que Jorge Antonio presentaba signos y síntomas típicos de víctimas de tortura: depresión moderada, ansiedad clínicamente significativa e hipervigilancia ante las intenciones de terceros.
En la audiencia del juicio celebrada el pasado 21 de julio, Jorge Antonio señaló por tortura a policía municipal que compareció como testigo; luego, en la audiencia del 23 de julio, el imputado acusó una agente estatal por forzar su acusación contra otro imputado.
Cuestionamientos de la FGR y tensión en la sala
Un agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR) contrainterrogó al psicólogo para desacreditar su declaración. El fiscal hizo destacar que el acusado contaba con una detención previa por delitos contra la salud donde también refirió agresiones físicas, sugiriendo que el resultado positivo del protocolo podría derivar de hechos pasados. Asimismo, cuestionó si una entrevista de tres horas era suficiente para determinar tortura y enfatizó que el perito no cotejó el dicho del imputado con documentos médicos u oficiales.
El interrogatorio y el contrainterrogatorio se prolongaron por casi dos horas entre constantes objeciones de ambas partes por preguntas “impertinentes, subjetivas o repetitivas”.
En la misma audiencia, la defensa de Jorge Antonio se desistió del testimonio del médico José Martínez Moncada, debido a que ya no labora en el TSJ y no se obtuvo auxilio judicial para su localización.
Debate por nueva prueba y firma cuestionada
Hacia el final de la diligencia, la defensora Thelma Iveth Núñez solicitó la admisión de un testimonio no previsto en el auto de apertura a juicio oral. La petición surgió luego de que días atrás el Ministerio Público introdujera mediante lectura la entrevista ministerial del menor de edad Carlos Adrián Gómez Juárez, actualmente fallecido.
En el auto de apertura, el testimonio del menor había sido admitido como declaración presencial, no como lectura de entrevista. En el proceso penal, las pruebas no incluidas originalmente en el auto de apertura que buscan rebatir evidencias sobrevinientes se conocen legalmente como pruebas de refutación.
La defensa de Juan Carlos explicó a la jueza que la prueba de refutación que quieren presentar es el testimonio de la abogada, Marcela Ivonne Torres, quien fue defensora del menor Carlos en otros procesos penales. El objetivo es evidenciar que la firma plasmada en la entrevista ministerial no corresponde a la del joven, al cotejarla con firmas recabadas por Torres en distintas causas penales.
Los fiscales federales se opusieron a la incorporación de la testigo, alegando que Torres no es perito en grafoscopía y que la defensa conocía la existencia de dicha entrevista desde el 10 de enero de 2024.
Pese a la oposición, la jueza autorizó el desahogo del testimonio de Marcela Ivonne Torres para la próxima sesión. La juzgadora señaló que el menor falleció el 7 de febrero de 2025 y la audiencia intermedia ocurrió el 9 de julio del mismo año, pero el Ministerio Público conoció del deceso hasta que intentó citarlo para la etapa del juicio.
Trascendió que presuntamente Carlos Adrián también fue detenido como sospechoso de la quema del camión y proporcionó información sobre la pandilla Los Mexicles, a quienes se les atribuye la orden de cometer ataques contra la población civil el 11 de agosto del 2022, así como datos de quiénes incendiaron la unidad.
El juicio oral se retomará el próximo lunes 17 de agosto a las 11 de la mañana.
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Este contenido fue originalmente publicado en La Verdad Juárez, integrante de Territorial alianza de medios. Aquí puedes ver su publicación.
