Por Andrea Cárdenas*
Fotografía del medio Elefante Blanco
El feminicidio de Dafne, una niña de 13 años, ocurrió durante su participación en un campamento de la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas, abriendo exigencia de verdad, justicia y garantías de no repetición.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas inició la investigación bajo el protocolo de feminicidio. En el desarrollo de las indagatorias fueron detenidos el director de la institución, una instructora y una alumna, mientras las autoridades continúan investigando las circunstancias en las que ocurrió el feminicidio, la información difundida por la Fiscalía y medios de comunicación como N+ y El País, una de las líneas de investigación apunta que el asesinato de Dafne ocurrió en el contexto de una posible dinámica de “novatada”.
Su madre impulsa la Ley Dafne, una iniciativa orientada a prohibir las novatadas, los entrenamientos excesivos y cualquier práctica que ponga en riesgo la vida, la integridad y la dignidad de niñas, niños y adolescentes en instituciones con esquemas inspirados en la formación militarizada.
La muerte de Dafne no sólo interpela a las autoridades encargadas de investigar los hechos. También, como sociedad, nos obliga a mirar cómo determinadas formas de organización basadas en estructuras militares han permeado distintos espacios de la vida cotidiana en México.
En este contexto, las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, adquieren relevancia al reconocer que la educación militarizada contrasta con un modelo educativo basado en los derechos humanos, la dignidad, la cultura de paz, la participación y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.
Durante la conferencia matutina del 22 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al caso de Dafne y señaló la necesidad de que se realice una investigación profunda para esclarecer los hechos, la presidenta afirmó: “tiene que hacerse la investigación y tiene que llegar a la justicia”, además de señalar que la Academia Militarizada Marina Doenitz “no pertenece a la Secretaría de la Defensa Nacional”, mientras que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, señaló que la educación militarizada no corresponde al modelo educativo impulsado por la Secretaría de Educación Pública “la educación militarizada o esquemas inspirados en ella no están dentro del sistema educativo nacional” y sostuvo que este tipo de prácticas contrastan con el enfoque de la Nueva Escuela Mexicana implementado en la SEP basado en derechos humanos, igualdad sustantiva y formación integral. Asimismo, se planteó la necesidad de revisar estos espacios y sus mecanismos de operación para garantizar que ninguna práctica disciplinaria sea utilizada como justificación para vulnerar derechos y garantizar el interés superior de niños, niñas y adolescentes
La discusión sobre la educación inspirada en estructuras militarizadas no puede desligarse de la historia de las instituciones y culturas de autoridad que han acompañado la presencia militar en México. Comprender esa trayectoria histórica permite analizar cómo determinadas formas de disciplina, obediencia y jerarquía han adquirido legitimidad social más allá de los espacios estrictamente militares.
En las últimas décadas, la participación de las fuerzas armadas se ha ampliado hacia tareas de seguridad pública, la administración de puertos y aduanas, así como diversos proyectos de infraestructura. Hablar de militarización no significa únicamente hablar de la presencia de las fuerzas armadas en funciones civiles. También implica reconocer la incorporación de valores, prácticas y formas de organización propias del ámbito militar en espacios sociales, educativos y administrativos que han contribuido a normalizar la presencia militar en distintos ámbitos de la vida pública.
Entre las décadas de 1960 y 1990, el Estado mexicano implementó estrategias de contrainsurgencia dirigidas contra movimientos estudiantiles, campesinos, indígenas, sindicales y organizaciones político-sociales. Durante ese periodo se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual.
La contrainsurgencia permanece como una herida abierta en la memoria colectiva del país: sus impactos siguen presentes en las familias que buscan a sus seres queridos y en una sociedad que continúa debatiendo el papel que deben tener las instituciones militares dentro de la vida pública.
Diversas investigaciones han documentado la expansión de la participación militar en ámbitos civiles y sus implicaciones para el Estado democrático. Jorge Luis Sierra periodista, editor e investigador miembro del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE) ha analizado la creciente influencia política e institucional de las fuerzas armadas en México y la transformación de sus funciones dentro de la vida pública. Mónica Serrano, profesora e investigadora del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México (Colmex) y Senior Research Associate en Oxford ha estudiado los efectos de la militarización de la seguridad pública y los desafíos que plantea para los controles democráticos.
Por su parte, Catalina Pérez Correa Jurista, Maestra y Doctora en Derecho por la Universidad de Stanford ha documentado cómo la ampliación de tareas militares modifica las relaciones entre ciudadanía, instituciones civiles y mecanismos de rendición de cuentas.
A estos análisis se suman los informes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que han advertido sobre la importancia de fortalecer los controles civiles, la supervisión independiente y los mecanismos de rendición de cuentas cuando las fuerzas armadas participan en tareas tradicionalmente civiles.
La muerte de Dafne exige verdad y justicia para su familia. Esa exigencia debe ir acompañada de una reflexión colectiva sobre las formas de autoridad que una sociedad considera legítimas. La dignidad humana debe ser el límite de toda forma de autoridad. En el ámbito educativo, esto significa reconocer que la disciplina no puede estar separada del cuidado, la protección y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.
Una educación basada en derechos humanos no elimina la responsabilidad, el orden o la formación ética; establece que cualquier práctica educativa debe tener como principio rector el respeto irrestricto a la persona.La herencia del periodo mal llamado “guerra sucia” no se limita a las graves violaciones de derechos humanos, al despojo o la desaparición de miles de personas; también dejó instaladas formas de organización y prácticas de autoridad que encontraron nuevos espacios de expresión y adquirieron legitimidad más allá del ámbito estrictamente militar.
*Andrea Cárdenas es psicóloga comunitaria, perita en violencias y violaciones a derechos humanos e Investigadora. Se especializa en procesos psicosociales y forenses con niñeces, juventudes y sus redes de cuidado en contextos de guerra, militarización y narcotráfico, a través de metodologías artísticas, colaborativas y lúdicas
