La legisladora indígena Edith Palma aseguró que, en reuniones con otras bancadas, le dijeron que las comunidades indígenas “no tienen que ver” en temas de turismo y que no corresponde consultarles al respecto. Una vez que se publique la reforma, anticipó que habrá denuncias.
Carlos Fierro/Raíchali
Fotografía tomada por Gobierno del estado
Chihuahua, Chih. — La diputada indígena Edith Palma, de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, denunció que el dictamen que hace reformas a los llamados corredores turísticos, entre ellos el de la Sierra Tarahumara, fue aprobado sin consultar a las comunidades de pueblos originarios del estado, en violación al derecho de consulta previa libre e infomada que establece la Constitución tanto federal como internacional.
El decreto aprobado establece lineamientos para aprobar recursos y, en su caso, determinar desde la autoridad la necesidad de generar infraestructura y mantenimiento en los corredores turísticos, sin establecer mecanismo alguno de consulta a las comunidades que se ubiquen sobre esos corredores.
Palma indicó que las normas garantizan el derecho a la libre determinación y autonomía de la comunidad indígena, como lo establecen el Artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La decisión responde a la necesidad de proteger sus tierras, recursos naturales y formas de vida ante los graves impactos negativos que esta actividad ha generado.
El dictamen, propuesto por el diputado Carlos Olson Sanvicente, del Partido Acción Nacionak (PAN), fue discutido el jueves 3 de septiembre en el pleno del Congreso, donde la diputada Palma presentó una moción para regresarlo a la Comisión y garantizar así la consulta a los pueblos originarios, tal como lo establece el artículo segundo constitucional. La moción obtuvo solo 12 votos a favor y no prosperó por lo que el dictamen fue aprobado.
La legisladora afirmó que, en reuniones con otras bancadas, se le dijo que las comunidades indígenas “no tienen que ver” en temas de turismo y que no corresponde consultarles al respecto, una postura que contrasta directamente con el caso de Barrancas del Cobre, donde existe además una resolución judicial (expediente 635/2010) que desde 2010 ordena garantizar la participación indígena en la planeación del desarrollo turístico de la zona, y que según Contec, Consultoría Técnica Comunitaria A.C., continúa sin cumplirse en su totalidad.
“Empezamos con la discriminación luego luego, porque el territorio es de las personas que lo habitan, de las personas nativas de pueblos originarios”, afirmó la legisladora.
El mismo reclamo, distintos frentes
Edith citó varios casos en los que, según dijo, actividades turísticas se han impuesto sin consultar a las comunidades, como el caso de Tónachi (del municipio de Guachochi) donde pobladores de pueblos originarios denuncian actividades de razer que consideran agravantes para su entorno natural.
De igual forma, el caso de la Expo Overland 360 ilustra exactamente el tipo de situación que denuncia Palma: un evento turistico anunciado por la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Chihuahua, programado del 18 al 21 de septiembre en territorios de Huitosachi, Bacajípare y Mogótavo, sin que las comunidades fueran consultadas. Estas denunciaron el ingreso de razer, motocicletas y vehículos todoterreno a sus territorios, con afectaciones que incluyen destrucción de caminos, contaminación de ríos y muerte de peces, tortugas, ajolote y demás fauna silvestre.
De la comunidad de Tónachi denuncia que, pese a un acuerdo tomado en asamblea ejidal para restringir el paso de vehículos tipo “razer” y muebles 4×4 modificadas pasen por su territorio, los recorridos han continuado sin que el gobierno municipal de Guachochi haga cumplir la medida, ya que múltiples incidentes ocurridos en diversas zonas como el caso del niño Gildardo Cruz Valencia quien fuera víctima de un conductor de un vehículo todo terreno, razer, quien atropelló a un niño rarámuri y se dio a la fuga en la comunidad de Cabórachi, municipio de Guachochi en el año de 2025.
América Ramos, presidenta seccional de Tónachi explicó que el gobierno del estado se comprometió a respetar el acuerdo tomado en la asamblea, pero las rutas continuaron ingresando al territorio pese a la señalización colocada por la comunidad.
El gobierno municipal, por su parte, argumentó que no podía restringir el paso con patrullas porque frenaría el desarrollo turístico y económico del municipio, aunque sí se comprometió a colocar elementos de seguridad para evitar el ingreso al río, compromiso que, afirma Ramos, no se cumplió.
Al igual se suma el caso de la comunidad de San Ignacio de Arareko y Bosques San Elías Repechique del municipio de Bocoyna, dichas comunidades ya han interpuesto una denuncia formal a las instancias correspondientes pero que hasta la fecha en todos los casos han hecho caso omiso de las demandas de las comunidades ya antes mencionadas.
El rechazo comunitario a un evento específico y la denuncia legislativa sobre el corredor turístico, apuntan al mismo problema estructural: decisiones sobre el territorio y el turismo en la Sierra Tarahumara tomadas por autoridades estatales sin garantizar la consulta previa, libre e informada que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece para los pueblos originarios.
Para Huitosachi, Bacajípare y Mogótavo, el rechazo a la Expo Overland 360 forma parte de la defensa de sus territorios y del medio ambiente. Las comunidades pidieron a las autoridades actuar conforme a la ley y respetar sus decisiones sobre el ingreso de vehículos a sus territorios.
La diputada sumó otro punto donde criticó el manejo cultural del turismo en la región, y puso como ejemplo desfiles en Guachochi donde mujeres mestizas visten prendas tradicionalmente masculinas de la cultura rarámuri. “Es una burla, es una violación a la vestimenta de nuestra cultura”, señaló.
La diputada informó que la bancada de Morena espera la publicación del dictamen en el Periódico Oficial del Estado para interponer una denuncia formal ante las instancias correspondientes.
Palma aclaró además una nota publicada por el medio La Patrona, que afirmaba que ella “se oponía al turismo en la Sierra Tarahumara”. Tras ejercer su derecho de réplica, el medio corrigió la información, precisando que la legisladora no se opone al turismo, sino que exige que se respete la consulta a los pueblos y comunidades indígenas.
