Revolución Atena argumentó que, si bien la libertad de expresión es un derecho fundamental, ésta no protege expresiones que promuevan el odio, la discriminación o la violencia contra personas o grupos históricamente vulnerados.
Karla Quintana/ Raichali
Madres de personas desaparecidas y familiares de víctimas de feminicidio condenaron las declaraciones de una representante de la iglesia cristiana en contra de la activista Marisela Escobedo, asesinada afuera del Palacio de Gobierno el 16 de diciembre del 2010 mientras exigía justicia por el homicidio de su hija.
“Me revienta ver la placa enfrente de gobierno de la señora esta que estuvo ahi durante tanto tiempo manifestándose, cuando ella misma permitió que su hija menor de edad viviera con su propio agresor”, expresó en un medio local Ruth Sánchez, integrante del Consejo Consultivo de Perspectiva Familiar del gobierno municipal y representante de la iglesia cristiana Palabra Viva A.C.
Al respecto, la organización Revolución Atena presentó una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) contra Sánchez por presunta discriminación, estigmatización y revictimización, y contra el diputado local panísta Carlos Olson San Vicente, por mantener un discurso similar en varios temas y quien también es parte del Consejo Consultivo de Perspectiva Familiar municipal..
Al sugerir que Marisela tuvo responsabilidad en el feminicidio de su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo, se integran expresiones que afectan a grupos históricamente vulnerados, particularmente a familiares de víctimas de feminicidio, desaparición y violencia de género, señaló la organización.
El posicionamiento de Revolución Atena se da luego de que familiares de víctimas, acompañados por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), difundieron una carta pública en respuesta a declaraciones de Ruth Sánchez sobre Marisela Escobedo Ortiz.
“La responsabilidad de un feminicidio, de una desaparición o de la violencia, es de quien la ejerce, y del Estado que no lo evitó”, señala la carta.
Asimismo, las firmantes resaltan que responsabilizar a una madre por el crimen cometido contra su hija reproduce prejuicios que han sido desmentidos por la literatura especializada sobre violencia y desvía la atención de las obligaciones del Estado en materia de prevención, protección e investigación.
En un segundo apartado del documento, las madres sostienen que las expresiones de Sánchez “no son una opinión más”, sino que contribuyen a justificar la violencia contra las víctimas y a perpetuar la impunidad.
También rechazan que se cuestione la actuación de Marisela Escobedo y concluyen que ella no le falló a su hija: le falló el feminicida, le falló el sistema de justicia y le falló un Estado incapaz de protegerla”.
Por su parte, Revolución Atena argumentó que, si bien la libertad de expresión es un derecho fundamental, ésta no protege expresiones que promuevan el odio, la discriminación o la violencia contra personas o grupos históricamente vulnerados.
La organización añadió que cuando ese tipo de mensajes provienen de personas que ejercen un cargo público, el impacto trasciende la opinión personal y puede fortalecer entornos de violencia y discriminación.
Además de la queja presentada ante la CEDH, Revolución Atena hizo un llamado al Instituto Estatal Electoral (IEE) para que analice, dentro de sus atribuciones, si las conductas denunciadas podrían constituir violencia política, propaganda o expresiones discriminatorias incompatibles con los principios constitucionales que rigen el ejercicio de la función pública.
La organización solicitó que, en caso de acreditarse infracciones, se apliquen las sanciones previstas en la legislación electoral, incluidas aquellas que eventualmente pudieran afectar la elegibilidad del diputado Carlos Olson para futuros procesos electorales, si así lo determina la autoridad competente.
