Desde 2021, los habitantes del Ejido Guajes de Ayala aseguran que tuvieron que armarse para defender su territorio ante los constantes intentos de desplazamiento atribuidos a La Nueva Familia Michoacana. Detrás de la disputa, denuncian, está el control de una región rica en oro, uranio y recursos maderables, además de las rutas de trasiego que atraviesan la sierra de Guerrero
Texto: Camilo Ocampo / Pie de Página
Foto: Redes Sociales Ejido Guajes de Ayala
CIUDAD DE MÉXICO. – Eran las 5:30 de la mañana del miércoles 8 de junio cuando la sierra de Tierra Caliente se cimbró. En el Ejido Guajes de Ayala, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero, las familias despertaron no con el canto de los gallos, sino con el tableteo de las armas y el zumbido de explosivos lanzados desde drones. Otra vez, como en 2021, La Nueva Familia Michoacana intentaba entrar a sangre y fuego para arrancarlos de su tierra.
De inmediato, desde la página de Facebook «Ejido Guajes de Ayala», donde sus habitantes realizan denuncias y comparten el día a día de la vida en la sierra, comenzaron a publicar videos. En el primero, la voz de una mujer narraba lo que estaba ocurriendo, mientras de fondo se escuchaban los enfrentamientos entre los pobladores que hicieron frente al ataque y la célula de sicarios que se desplazaba en camionetas. Desde ese mismo espacio también hizo un llamado a los tres niveles de gobierno para que actuaran y enviaran a las Fuerzas Armadas con el fin de pacificar la zona.
«Hoy amanecimos en el Ejido Guajes de Ayala con drones y rodeados, nos están droneando, por aquí nos acaba de caer una bomba» —y señala una zona donde se aprecia humo—. «Para los tres niveles de gobierno, por favor, si nos pueden venir a apoyar», se escucha en el primer video.
Después comenzaron a difundir más imágenes, en las que se observa a las familias atrincheradas en el único centro de salud que existe dentro de las 18 000 hectáreas que conforman el núcleo agrario de la localidad.
«¡Auxilio, nos están atacando!», grita una mujer, mientras el sonido de las ráfagas de bala comienza a escucharse. Al interior del centro de salud, mujeres, infancias y personas mayores permanecieron resguardadas durante las más de 12 horas que duraron los enfrentamientos.
En el material que hicieron circular también se observa a madres amamantando a sus hijos mientras intentan tranquilizarlos y a mujeres rezando en medio del intercambio de disparos.
Fue hasta un día después de los enfrentamientos cuando las fuerzas de seguridad llegaron al lugar.
Sobre estos hechos, el subsecretario de Desarrollo Político y Social del Gobierno del Estado, Francisco Cisneros, negó que en la localidad existieran indicios de enfrentamientos y aseguró que la vida en la sierra continuaba con normalidad, pese a lo documentado y denunciado por las personas que habitan la comunidad.
Cuando arribó el personal de seguridad —Marina, Ejército, Policía Estatal y paramédicos—, atendieron a las personas que sufrieron crisis de ansiedad y nerviosas.
De acuerdo con lo dicho por las fuerzas de tarea, «lo principal no es dejar a la policía en la zona, sino trabajar para detener a quienes generaron ese conflicto, a los cuales ya tenemos identificados», asegura un policía en un video compartido durante las conversaciones con los habitantes, contradiciendo lo dicho por Francisco Cisneros.
En más videos difundidos, mientras realizan recorridos en la sierra, las fuerzas de seguridad llegaron a una de las casas que fue atacada con explosivos, en la que se pueden apreciar los estragos de la explosión junto con el techo roto y artefactos azules destruidos, presuntamente las bombas que dejaron caer en varias partes de la sierra.
También los casquillos percutidos en varias trincheras improvisadas de ambos bandos.
«La comunidad estuvo advirtiendo sobre la llegada de una célula delictiva semanas antes»
Según lo detallado por Javier Hernández Peñaloza, comisario ejidal de la zona, ninguna persona de la comunidad falleció ni resultó lesionada durante estos ataques.
Sin embargo, el operativo de seguridad se desplegó de manera tardía. Semanas antes, los propios defensores del territorio habían logrado identificar, mediante un dron, el avance de los convoyes de hombres armados que se desplazaban entre la densidad de la sierra. Registraron su trayecto, la forma en que merodeaban las comunidades aledañas y cómo acampaban antes del ataque.
Lo cual también difundieron desde la página de Facebook.
En sus cuentas también denunciaron que los grupos paramilitares «trozaron» la carretera que conecta con las primeras comunidades para intentar dejarlos incomunicados.
El comisario ejidal también hizo llamados a través de redes sociales para alertar sobre la situación y pedir atención. En uno de esos videos acusó a Evelyn Salgado Pineda, gobernadora del estado, y al subsecretario Francisco Cisneros de no tomar cartas en el asunto y de «hacerse de la vista gorda», además de lanzar otras acusaciones de gravedad.
«¿Hasta cuándo van a seguir protegiendo a este cártel de La Familia Michoacana? Ustedes, del gobierno… Usted, señorita gobernadora; su padre [Félix Salgado Macedonio, exgobernador], y usted, señor Cisneros», con esa frase comienza la denuncia que hizo pública.
En ella, además, afirma tener información que comprometería a los personajes que menciona: «Cuando tuvimos el primer conflicto armado con estos compas de la FM, después de un año se comenzaron pláticas de paz, pero en la última reunión, cuando ya estaba la gobernadora en el puesto, en abril de 2022… yo personalmente participé en esa reunión, y ahí se ventilaron las marranadas que tienen tejidas en el estado».
Asimismo, menciona a un hombre llamado Martín Mora como un presunto enlace entre los líderes de La Familia Michoacana y Félix Salgado Macedonio, quien, según su versión, acudió a esa reunión, en la cual no se llegaron a acuerdos.
Junto con eso, además acusa al gobierno de intentar hacerlo pasar como un generador de violencia en la zona, a lo que él responde: «Yo no soy un generador de violencia, solo estoy defendiendo mi tierra».
Una historia que no se puede repetir
Desde 2021, la zona ha sido escenario de conflictos armados con el mismo grupo. Según sus denuncias, la intención es desplazar a la comunidad para apoderarse de las hectáreas en las que yace oro, uranio y recursos maderables.
En un principio, antes de la primera incursión, en las más de 20 rancherías y pueblos cientos de familias vivían en relativa calma, llegando a un total de más de 1600 habitantes. En la actualidad no hay cifras del Inegi que puedan dar datos certeros, pero, de acuerdo con lo dicho por Javier Hernández durante una entrevista el año pasado con este medio, hay pueblos donde ya solo viven 7 familias.
Guerrero históricamente es uno de los estados más afectados por el desplazamiento forzado en México. Miles de personas huyen de sus comunidades debido a la violencia, extorsiones, el control territorial y los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado.
Y estos problemas se agudizan, de acuerdo con varios expertos, con la llegada de empresas mineras. La Sierra y Tierra Caliente son las zonas más afectadas por la disputa de rutas de trasiego y el control de cultivos de amapola y marihuana, que cosechan los propios campesinos ante la falta de programas sociales que solucionen el rompimiento de los tejidos sociales.
La Montaña Baja también sufre de estas problemáticas. Municipios como Chilapa de Álvarez, Zitlala y Heliodoro Castillo han registrado episodios donde cientos de familias se ven obligadas a abandonar sus hogares tras incursiones armadas.
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Este contenido fue originalmente publicado en Pie de Página, integrante de Territorial alianza de medios. Aquí puedes ver su publicación original.
