Las mujeres denunciantes aseguraron que el cambio de género por parte de hombres que no quieren cambiar pensiones es una táctica es una táctica legal que comienza a utilizar la ultraderecha en Latinoamérica.
Texto de Óscar Rosales
Fotografías por Karla Quintana
La organización Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses alertó sobre la usurpación de la identidad de género de cuatro personas en la ciudad de Chihuahua, que antes se identificaban como hombres, con el fin de evadir sus responsabilidades como deudores alimenticios y realizar denuncias en la Fiscalía de la Mujer (FEM) contra activistas que les han denunciado.
En una rueda de prensa este viernes realizada en las oficinas de Fátima IBP, las activistas aseguraron que el diputado panista Carlos Alfredo Olson Vicente financió a Raúl Eduardo R.F., Obeth Aarón T.O., Julián Ricardo J., y Juan Antonio V.V., para que realizaran los cambios en sus actas de nacimiento en el estado de Jalisco.
Aseguraron que junto con Olson, las cuatro personas son protegidas y apoyadas también por Ruth Sánchez Hernández, integrante del Consejo Consultivo de Perspectiva Familiar del Gobierno Municipal de Chihuahua, como representante de la iglesia cristiana Palabra Viva AC.
“Se trata de una usurpación que vacía de sentido la carga simbólica y la demanda histórica de las identidades trans, que ensancha las brechas de desigualdad y desvía recursos públicos críticos de las verdaderas usuarias de los sistemas de protección: las mujeres, las infancias y las propias mujeres trans”, manifestó Mayte Regina Gardea, presidenta de Unión y Fuerza de Mujeres Trans.
El cambio de género visto solo como un acto administrativo abre puerta a que personas abusadoras de menores tengan una salida jurídica de las denuncias en su contra, agregaron.
“¿Esto no es hacerle más daño a tus hijos e hijas? ¿Qué tu papá se haya hecho el cambio de identidad para que siga violentando a tu mamá?”, cuestionaron.
La organización explicó que en el caso de las cuatro personas que antes se idenfiicaban como hombres, su identidad de género es totalmente contraria a su expresión de género. No significa que sea la regla en las personas trans, pero es algo muy poco común.
De acuerdo a Aministía Internacional, el género se refiere a una “vivencia interna y profunda” que cada persona tiene del como se percibe de acuerdo a los constructos sociales: si como hombre, mujer, una combinación de ambos, ninguna o algo distinto. El género puede coincidir o no con el sexo asignado al nacer (masculino, femenino e intersexual).
Por otro lado, la expresión de género es la forma en que las personas muestran su género a las demás, puede ser a través del peinado, la ropa, el maquillaje, la voz, el comportamiento, incluso los pronombres (él, ella, elle). Puede variar entre cada país y cultura (por ejemplo, en Escocia es común el uso del kilt, que asemeja mucho a la falda en México).
Unión y Fuerza de Mujeres Trans manifestó que si hoy en día las verdaderas personas trans pueden cambiar su género en sus documentos oficiales, como el acta de nacimiento o la INE, es el resultado de décadas de lucha encabezada por mujeres trans.
También recordaron que el diputado Carlos Olson durante toda su carrera política ha desinformado y emitidio discursos sobre la población LGBTIQA+, pero se ha posicionado particularmente en contra de las personas trans.
El discurso transfóbico de Olson se contradice con su apoyo financiero para realizar los trámites de cambio de género realizados en Jalisco, afirmaron.
“Aquí se le cae la narrativa, aquí está la doble moral”, señaló Mayte Regina Gardea.
Mayte también explicó que Juan Antonio V.V. realizó su cambio de género para denunciar ante la FEM, tanto a ella como a Karla Arvizo, presidenta del Comité de la Diversidad Sexual de Chihuahua, por un acto de supuesta discriminación.
De acuerdo con Mayte, en un principio la FEM no recibió la denuncia de Juan Antonio por estar registrado como hombre, pero fue aceptada al cambiar su género en el acta de nacimiento. Sin embargo, en fotografías mostradas en la rueda de prensa, la expresión de género de Juan Antonio coincide casi en su totalidad con la de un hombre.
La denuncia en contra de Mayte fue realizada luego de ella misma denunciara públicamente que Juan Antonio fue señalado de abuso sexual contra personas usuarias de drogas inyectables, hecho que afirmó puede ser respaldado por Fátima IBP.
Las activistas aclararon que su denuncia no busca coartar el derecho al libre desarrollo de la personalidad, sino de exigir que los operadores de justicia se doten de herramientas de análisis contextual e interseccional para evitar la ursurpación.
“El género no puede ser reducido a un mero trámite administrativo o un recurso retórico de conveniencia procesal”, afirmaron.
La red de apoyo en Jalisco de Olson
No es la primera vez que Carlos Olson recurre al estado de Jalisco durante su carrera como legislador para posicionarse en contra de poblaciones historicamente vulneradas.
En agosto del 2024, el diputado panista realizó un foro sobre violencia vicaria en las instalaciones del Congreso de Chihuahua, en el que invitó a Alejandro Flores Maya, comunicador de Jalisco que se ha posicionado abiertamente en contra de la lucha feminista.
En dicho foro, se presentó como un “periodista experto en datos” y ridiculizó algunos de los cuestionamientos de la prensa al no empatarse con su narrativa.
En ese mismo mes invitó también a Rodolfo Jr. Ruiz Vega, abogado y activista del colectivo Ex Hijos; con el fin de “reventar” una sesión dónde se votaría para incluir la Violencia Vicaria como concepto en la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
A esa irrupción también se presentaron Saharet Alicia Mendoza Martínez, del Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad, así como Cynthia Tzitzik Rosas Gómez.
Finalmente, la iniciativa de reforma para reconocer la violencia vicaria nunca fue aprobada, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que añadir el término a las leyes locales no es una medida contra los hombres que beneficie a las mujeres, y que ya existen recursos legales que los mismos padres pueden utilizar si quieren denunciar a las madres por violencia contra sus hijos.
