Acompañado por la organización DHIA, un estudiante hondureño, residente permanente en la frontera desde la infancia, impugnó las cuotas diferenciadas que se aplican de acuerdo con la nacionalidad de los alumnos; la UACJ reportó no haber sido notificada oficialmente sobre el amparo
Por Redacción de La Verdad Juárez
Ciudad Juárez- Un estudiante extranjero con residencia permanente desde los 4 años en esta frontera interpuso un juicio de amparo indirecto en contra de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), para impugnar el cobro de cuotas diferenciadas de inscripción que la institución aplica los alumnos de acuerdo con su nacionalidad.
En su solicitud de protección a la justicia federal, presentada con el acompañamiento de Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), el estudiante identificado como Emiliano – cuya identidad real quedó reservada– argumenta la presunta violación a los derechos fundamentales a la educación y a la no discriminación por parte de la casa de estudios.
De acuerdo con un comunicado emitido por DHIA, Emilio no pudo formalizar su inscripción a la Licenciatura en Arquitectura en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA) el pasado 8 de junio de 2026, debido a la tarifa que la UACJ le aplicó por tener nacionalidad hondureña.
Ante esta situación, el 30 de junio de 2026 se interpuso el amparo indirecto contra la universidad. Posteriormente, el 2 de julio, el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua concedió la suspensión provisional de las medidas. La resolución judicial ordena a la UACJ emitir una nueva boleta de cobro equivalente a las tarifas aplicadas para la población mexicana, así como permitir que el estudiante formalice su inscripción y curse sus materias ordinarias en tanto se dicta una resolución definitiva.
Consultada sobre este caso, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez informó –a través de su área de Comunicación Social– que no dispone de información oficial ni ha sido notificada formalmente sobre el amparo promovido por el estudiante, por lo que manifestó la imposibilidad de emitir un pronunciamiento sobre el asunto por el momento.
De acuerdo con DHIA, el 9 de junio Emiliano se reunió con autoridades universitarias para consultar las razones por las cuáles debía pagar más solo por ser de otra nacionalidad. La respuesta que recibió fue que eso estaba en los estatutos y que pidiera una prórroga para cubrir la cantidad requerida.
No obstante, la organización civil señaló que la normatividad interna disponible en el sitio web de la UACJ no desglosa las tarifas vigentes ni la fundamentación de dichas cuotas diferenciadas.
A Emiliano le informaron que para iniciar el semestre debía pagar 34 mil105 pesos, más de lo que debe pagar un aspirante mexicano, se mencionó en el comunicado, el cual no especifica la cuota vigente que aplica la institución a estudiantes nacionales.
Como antecedente histórico de estas cuotas, el comunicado de DHIA solo refiere que en el tarifario de la UACJ correspondiente al semestre de febrero a junio de 2015, los estudiantes mexicanos pagaban 2 mil 250 pesos de inscripción, mientras que para los extranjeros la cuota ascendía a 1 mil 461 dólares (aproximadamente 21 mil 885 pesos de la época), sumado a cobros diferenciados por crédito de asignatura.
“Con esta decisión, la UACJ viola los derechos fundamentales de Emiliano a la educación y a la no discriminación. En el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se menciona que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte” afirmó la organización.
Además, DHIA agregó que “aunque la universidad sea autónoma en cuanto a cátedra, gobierno, administración y economía, entre otros aspectos, dicha autonomía debe maximizar el derecho a la educación y no está por encima de lo que establece la Constitución, en materia del acceso a la misma para todas las personas, como lo explica la tesis de jurisprudencia 119/2017”.
La organización expuso que el estudiante reside en Ciudad Juárez desde los 4 años de edad, cuenta con residencia permanente legal en el país y su sustento económico depende de su madre, quien percibe el salario promedio de una operadora de la industria maquiladora.
Además, consideró que pese a la suspensión provisional, el derecho a la educación de Emiliano sigue comprometido mientras no se emita una sentencia favorable; de resultar así, este caso tiene la posibilidad de ser un precedente para las personas en movilidad y sus proyectos de vida. “También pone sobre la agenda pública la urgente necesidad de adoptar enfoques y políticas de integración en Chihuahua”.
De acuerdo con la UACJ, el proceso de inscripción inició el pasado 8 de junio y concluye el 24 de julio.
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Este contenido fue publicado originalmente en La Verdad Juárez, integrante de Territorial alianza de medios. Aquí puedes ver su publicación original.
