Chihuahua

lunes 22 julio, 2024

Exsecretarios, exdiputados y un notario, los testigos para defender a Duarte

La larga lista de testimonios ofertados por la defensa del exgobernador y por la Fiscalía será analizada por un juzgado de Control para establecer cuáles admitirá para el juicio oral, que aún no tiene fecha para realizarse

Por: Jaime Armendáriz / Raíchali

Chihuahua.- La defensa de César Duarte y la Fiscalía General del Estado propusieron el testimonio de 2 mil 200 personas para el juicio oral del exgobernador de Chihuahua por la causa penal 3041/2019, con las acusaciones de peculado y asociación delictuosa para el desvío de 96 millones de pesos durante su mandato (2010-2016).

La jueza local de Control, Delia Valentina Meléndez, encargada de esta etapa del proceso penal, dio por finalizada la tarde de éste martes la escucha de evidencias probatorias de ambas partes, y las citó a las 11:30 de la mañana de este miércoles 30 de agosto para definir cuáles serán admitidas en el juicio oral y luego establecer fecha para éste.

Además de esa carpeta de investigación, el viernes pasado quedó vinculado a proceso por otra causa penal distinta.

En términos numéricos, la Fiscalía General del Estado ofertó cerca de 200 testimonios para comprobar su caso ante tribunales, principalmente exfuncionarios del gobierno de Javier Corral, quien inició los procesos contra los “duartistas”.

Mientras que la defensa de Duarte pretende que sean llamadas casi 2 mil personas para contradecir las acusaciones por el desvío de recursos. Para ello quiere respaldarse a varias personas que ocuparon puestos de primer nivel durante su mandato, no sólo del Poder Ejecutivo, sino también del Legislativo y hasta de una Notaría Pública.

La larga lista propuesta por los abogados de Duarte requirió de 3 horas de lectura durante 2 días de audiencias. Una gran parte de nombres son familiares y personas conocidas del exmandatario, pero hay otra parte que integra a personas con un perfíl político elevado.

Tal es el caso de Raymundo Romero Maldonado, secretario General de Gobierno de enero del 2012 a febrero del 2015. Él ya enfrentó acusaciones penales por desvío de recursos.

También quieren el testimonios de Marcelo González Tachiquín y Ricardo Yáñez Herrera. Ambos fueron, en diferente etapas, secretarios de Educación con Duarte.

El segundo de ellos fue sentenciado por el desvío de 250 millones de pesos, pero logró un acuerdo para acabar su condena en libertad y la garantía de pagar ese dinero al gobierno. Según solicitudes de transparencia respondidas por Fiscalía del Estado y por el Tribunal Superior de Justicia, si pagó el recurso pero no existe evidencia documental de ello.

De igual forma la defensa del exgobernador quiere interrogar en el juicio a los exdiputados locales Rodrigo de la Rosa Ramírez y Fernando Reyes Ramírez. El primero de ellos fue coordinador de la bancada del PRI del 2013 al 2016, la segunda mitad del gobierno “duartista”, mientras que el segundo recibió sentencia condenatoria en libertad al reconocer que recibió dinero de Duarte para aprobar una serie de reformas en el Congreso local.

Asímismo buscan citar al extitular del Trabajo, Fidel Pérez Romero, al exfiscal Jorge González Nicolás, así como al exsecretario de Obras Públicas, Eduardo Esperón, y al Notario Público número 2, Fernando Rodríguez García.

Con esos y otros testimonios Duarte pretende defenderse de la carpeta de investigación que motivó su detención en el año 2020 en Miami, Florida. Luego fue extraditado a México a mediados del año pasado y trasladado al Cereso número 1 de Chihuahua para enfrentar los señalamientos de peculado y asociación delictuosa.

En esas acusaciones se establece que Duarte presuntamente desvió recursos públicos mediante varios programas de ganadería y agrícolas. Unas de sus principales herramientas habrían sido la Unión Ganadera Regional División del Norte S.A de C.V, creada por el propio exgobernador cuando era diputado federal en el 2007, la Financiera División del Norte S.A de C.V.S.OF.O.M.E N.R y la institución crediticia Unión Progreso, que intentó convertirla y operarla como banco pero no lo consiguió.

Una gran cantidad de pruebas que tiene el MP contra el exmandatario se basan en esa Unión Ganadera, en la que siempre tuvo al frente a colaboradores cercanos: Carlos Hermosillo Arteaga, exdiputado federal fallecido en accidente carretero en 2017, y Pedro Baca Gómez, sobrino de la esposa de Duarte.

Por ejemplo entre septiembre a noviembre del 2013, desde el Gobierno del Estado, se le transfirieron 4 millones 600 mil pesos a esa organización como “apoyo económico para repoblamiento de ganado bovino productor de carne”.

Otro ejemplo. En noviembre del 2014 se le entregaron otros 5 millones a la Unión Ganadera Regional “División del Norte” por concepto de adquisición de maíz, avena y frijol.

Según la información probatoria de la Fiscalía, en ambos casos no existe evidencia del producto final de esos programas, pero si se tienen oficios realizados por varios funcionarios a cargo de Duarte para enviar el dinero a la organización.

En el caso de Unión Progreso, uno de los principales accionistas era el propio Duarte y su titular de Hacienda, Jaime Herrera. Esa institución financiera se convirtió en banco gracias al flujo bancario recibido, que, según se ha denunciado, se logró por depósitos masivos realizados desde el gobierno estatal en el sexenio del hoy imputado.


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