Chihuahua

miércoles 21 febrero, 2024
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    Comunidad ralámuli de Chihuahua defensora de su territorio se ampara para exigir protección

    Tanto el gobierno federal como el estatal han fallado en cumplir los acuerdos de protección a miembros de la comunidad de Coloradas de la Virgen, la cual desde hace décadas enfrenta una lucha contra caciques que le ha costado la vida a al menos 15 líderes comunitarios.

    Por Raúl F. Pérez Lira

    La comunidad ralámuli de Coloradas de la Virgen, localizada en el municipio chihuahuense de Guadalupe y Calvo, se amparó contra el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, así como autoridades del estado de Chihuahua, por incumplir con el plan de protección que acordaron en las mesas de trabajo que tuvieron el 29 y 30 de noviembre de 2022.

    “Nos parece el colmo tener que presentar este amparo por parte de la comunidad,” dijo Ruth Fierro, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), una de las organizaciones que acompaña a la comunidad en su lucha legal, en conferencia de prensa.

    “Ha sido la incapacidad del Estado en brindarles seguridad jurídica sobre su tierra, pero también protección a las personas que defienden su tierra, lo que ha colocado a la comunidad en riesgo”.

    Desde la década de 1960 que Coloradas de la Virgen enfrenta una situación agravada de violencia por parte de grupos armados que han ocupado su territorio. Más de 15 líderes comunitarios han sido asesinados desde entonces por su labor de defensa del bosque y de sus tierras, sin que a la fecha hayan podido resolver su conflicto.

    “Nosotras no conocemos, quizás lo haya, pero no conocemos otra comunidad indígena que se haya tenido que amparar contra el mecanismo de protección por la omisión total de las acciones de protección”, continuó Fierro.

    Varios miembros de la comunidad entraron al mecanismo de protección en 2014 por la vulnerabilidad en que se encontraban. Entre estas estaba Julián Carrillo, autoridad tradicional de la comunidad, quien fue asesinado en 2018. Como consecuencia, su esposa, hijos y nietos tuvieron que huir y es una de las decenas de familias de Coloradas de la Virgen que se encuentran en situación de desplazamiento forzado.

    Actualmente hay 35 miembros de la comunidad considerados “beneficiarios” del plan de protección del gobierno federal, que se apoya en las autoridades estatales y municipales para su ejecución. Hasta la fecha ha habido cinco evaluaciones de riesgo, en las que participan las personas beneficiarias, autoridades federales y estatales, así como miembros de la sociedad civil.

    Sin embargo, en la práctica este plan no ha operado.

    “He dado acompañamiento a estas medidas desde 2014. He estado con los diferentes representantes del mecanismo de protección de la unidad y del director del mecanismo de protección y puedo dar constancia, de mi parte, que ha sido un mecanismo de protección inoperante e ineficaz”, declaró Ernesto Palencia, abogado de la asociación civil Alianza Sierra Madre. “Esa actitud, más que garantizar la vida e integridad de las personas, está provocando ponerlos en situación de riesgo”.

    Las medidas del plan de protección están encaminadas a garantizar la vida, libertad, integridad y seguridad de las personas defensoras. Entre estas está la reubicación de estas personas, que desde hace cinco años viven en una condición de “hacinamiento” en una ciudad del estado, donde no cuentan con las condiciones adecuadas para que vivan más de 30 personas.

    “El mecanismo tiene constancia y ha verificado la situación en que se encuentran los beneficiarios, con falta de agua potable, de luz, en cuestiones de seguridad en la vivienda y otras medidas de tipo social y de acompañamiento médico y psicosocial”, dijo Palencia.

    El amparo también incluye otro tipo de demandas, ya que el objetivo principal de la comunidad es la defensa de su territorio y que puedan vivir en este en paz, por lo que además de las autoridades de los mecanismos de protección federal y estatal, también se incluye a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, entre otras, así como la protección de las personas que siguen viviendo en Coloradas de la Virgen a pesar de la creciente situación de violencia.

    “Yo hago responsable al mecanismo de protección y a la unidad, de cualquier situación que tenga que ver que menoscabe la salud, la vida y la integridad de estas personas beneficiarias”, dijo el abogado de Alianza Sierra Madre.

    Si este amparo se resuelve a favor de la comunidad, podría crearse “un precedente que pueda ayudar a impulsar y a fortalecer el propio mecanismo”, dijo Antonio Palacios, abogado del CEDEHM, “y hacer lo que se ha venido reclamando a nivel nacional”.

    La necesidad de fortalecer este mecanismo de protección también fue recalcada por la Relatora Especial sobre los derechos humanos de los Desplazados Internos de las Naciones Unidas, Cecilia Jiménez-Damary.

    Palencia aclaró que Coloradas de la Virgen continúa el litigio por la defensa de su territorio. El 15 de marzo de 2023, el Tribunal Superior Agrario ratificó la posesión del territorio a la comunidad ralámuli y ordenó a las autoridades correspondientes de los tres órdenes de gobierno a garantizar este derecho, sin que se haya cumplido la orden.

    A nivel estatal, Palencia recalcó que la anterior encargada de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE), Janis Aguirre Herrera, se negó a reconocer a la comunidad desplazada de Coloradas de la Virgen como víctimas, lo que impidió que pudieran acceder a ciertos beneficios. A pesar del cambio de titular de este organismo, las personas solicitantes siguen sin poder obtener este reconocimiento a nivel estatal.

    Otras sentencias a favor de la comunidad, como la revocación de permisos de tala en el territorio, tampoco se han cumplido y, por el contrario, algunas de las personas que permanecen en Coloradas de la Virgen y poblados aledaños han reportado un incremento considerable de esta actividad.

    En 2021, un tribunal reconoció que la comunidad entera había sido víctima del asesinato de Julián Carrillo, ya que este había sido asesinado por su papel en la lucha de la comunidad por defender el territorio, y ordenó al estado reparar el daño. Esta reparación también sigue sin cumplirse.


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