El área de la sede del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez donde murieron 38 migrantes estaba encerrada con llave cuando se desató el incendio.
Por Marco Antonio López y Verónica Martínez / La Verdad
Abel Ortega Oviedo, un venezolano de 29 años de edad, describe como un calabozo el área de alojamiento donde 38 migrantes murieron la noche del lunes 27 de marzo en la estación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez.
El hombre llegó ahí la tarde de ese día, pero por estar acompañado por sus hijos David y Matías, de 4 y 2 años respectivamente, y de su esposa Katiuska, pudo librar el encierro en ese lugar. Su cuñado, Orlando José Maldonado Pérez, de 22 años, no y se quedó recluido en la estación migratoria donde se generó el incendio.
La familia estaba pidiendo dinero en el crucero de la calle Oro y avenida Heroico Colegio Militar para poder alimentarse, cuando al lugar arribaron agentes del Instituto Nacional de Migración y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para retirarlos del lugar. Los llevaron detenidos a las oficinas del INM que se encuentran a un costado del puente internacional de la avenida Lerdo.
A él lo dejaron ir por sus dos hijos alrededor de las 5:00 de la tarde. Le dijeron que le darían un permiso para trabajar pero le entregaron una hoja en la que le notifican que tiene 30 días para abandonar el país, asegura. Pero su hermano, como llama a Orlando, se quedó detenido.
Abel Ortega lo cuenta ahora, después del incendio que dejó un saldo fatal, poco claro por parte de la autoridades del Instituto Nacional de Migración, que hasta la última información mencionó 38 personas migrantes muertas.
Lo cuenta con las palabras atropelladas por el llanto: “Estábamos pidiendo una moneda, llegó Migración, nos gritaban ‘chinga tu madre’, ‘ya valiste madre’, eran agentes de migración con policías, me dieron un papel expulsado del país, me llevaron engañado diciendo que me iban a dar un permiso de trabajo. Me quitan a mi hermano y me dicen que lo van a llevar a la Ciudad de México y cuando me despierto en la mañana me dicen que mi hermano está muerto, pero cómo muerto, si no estábamos haciendo nada”.
“En el calabozo donde llegué ayer había como 300 hombres y casi 100 mujeres con niños. A todas las personas nos agarraron de cruceros y de locales donde trabajan, los sacaron y nos llevaron a todos. Tengo 10 días en Juárez. Tenemos miedo de pararnos en un semáforo porque no sabemos que nos vaya a pasar, tenemos miedo pero si no salimos ¿cómo le damos de comer a nuestros hijos?”, se cuestiona Abel.
De acuerdo con las autoridades de Migración al momento del incendio estaban encerradas 28 personas de Guatemala, 13 de Honduras, 13 de Venezuela, 12 de El Salvador, uno de Ecuador y uno de Colombia, todos hombres. En esa lista aparece el nombre de Orlando José Maldonado Pérez, el cuñado de Abel, al que se refiere como su hermano, pero las autoridades no precisan si murió o está herido.
Por la tarde de este martes Abel y su esposa y sus hijos buscaban todavía en hospitales de la ciudad una respuesta con la esperanza de que Orlando se encuentre con vida.
“Quiero ver a mi hermano y quiero verlo vivo, no quiero que esté muerto, muerto por qué, por nada, eso está mal, nosotros no hemos hecho nada, solo pedir una moneda, yo lo que pido es justicia”, dijo Abel frente a las instalaciones quemadas del Instituto Nacional de Migración.
Al lugar se acercaron integrantes de organizaciones civiles y personas de la comunidad para reiterar su apoyo a la comunidad migrante luego de una tragedia que marca con dolor una herida profunda. Con flores, veladoras y cartulinas con mensajes de solidaridad permanecieron en vigilia.
Ahí las organizaciones de la sociedad civil denunciaron las condiciones de encierro y criminalización en que se tiene a la comunidad migrante por parte de los tres niveles de gobierno. Condenaron el discurso xenófobo por parte del presidente municipal, al que exigieron una disculpa pública, así como los operativos que se realizaron en conjunto por las autoridades municipales y federales.
“Esta lamentable e indignante tragedia ocurrió luego de un operativo a cargo de autoridades municipales y federales, quienes, indolentes, continúan criminalizando a través de los discursos y plataformas oficiales que son replicadas por los medios de comunicación”, leyeron en el lugar a través de un posicionamiento firmado por más de 200 organizaciones en todo el mundo.
“Las autoridades continúan utilizando términos como ‘alojamiento’ o ‘albergue’ para referirse a la detención y privación arbitraria a la libertad en las ‘estancias’ migratorias, respectivamente, el INM categoriza los espacios con diferente nombre pero la finalidad de todos es la misma, privar de la libertad a personas en situación de movilidad. El uso de eufemismos por parte de la autoridad intenta minimizar la grave situación de lo acontecido y evadir la responsabilidad al INM sobre el manejo de sus instalaciones y de protección que tienen que brindar a quienes están bajo su custodia”, mencionaron.
De acuerdo con información confirmada por La Verdad, en el área de la estación migratoria donde se generó el incendio estaban 68 migrantes encerrados bajo llave. Sobre esto las autoridades del Instituto Nacional de Migración no se han pronunciado ni tampoco han respondido a solicitudes de entrevistas sobre el tema.
A través de un comunicado se dio a conocer que el INM podrá a disposición de Fiscalía General de la República y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos testimonios y pruebas de los servidores públicos de la Estancia Provisional de Ciudad Juárez para el esclarecimiento de la verdad de los hechos.
Sin embargo, más de 24 horas después de la tragedia los migrantes seguían en busca de información sobre sus familiares o compañeros con quienes han caminado hasta esta frontera para cruzar con la intención de cruzar a Estados Unidos.
“Aquí desde las siete de la mañana y nadie nos puede decir nada”, grita desesperada Daniela Márquez frente al Instituto Nacional de Migración y con su hijo sobre sus hombros. “Se llama Orlando Maldonado y no nos pueden decir si está vivo o está muerto”.
Los familiares y amigos de Maldonado no les han dado respuestas sobre su paradero. Pasaron por el Servicio Médico Forense y la Fiscalía General del Estado, cuenta Márquez y, finalmente, fue una autoridad consular venezolana quien les hizo llegar una lista en la que figura el nombre de su familiar como una de las personas detenidas esa noche en el centro migratorio.
Márquez, que describe a Maldonado como “casi un hermano”, pues crecieron juntos en Venezuela, está cansada y desesperada. Más que nada angustiada en pensar en la familia de Maldonado pues no sabe qué noticias darles sobre lo acontecido este lunes.
“Hasta ahora no hemos podido comunicarnos con sus familiares porque seguimos con la esperanza de encontrarlo vivo”, dice. “Quisiera tener por lo menos la esperanza de saber que está en el hospital y decirle a sus familiares”.
Frente al Instituto Nacional de Migración se reunieron decenas de personas que, como Daniela y Abel, buscaban saber el nombre de los fallecidos y lesionados por el incendio que ocurrió este lunes en el centro de detención.
Algunos tienen la certeza de que sus amigos y familiares fueron detenidos por autoridades de migración, pero otros simplemente no han tenido contacto con ellos desde la tarde del lunes y temían que podían estar entre las posibles víctimas.
“Mis hijos me preguntan por su tío desde anoche que por qué no regresó su tío, qué les voy a decir, no sé qué decirles”, dice Abel, con las palabras entrecortadas por el llanto y el enojo.
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