La defensa del exgobernador de Chihuahua solicitó prisión domiciliaria e intentó demostrar que su cliente necesita de una mejor atención médica, así como que no podría darse a la fuga ya que supuestamente cuenta con arraigo tanto en la capital del estado como en el municipio de Parral. Sin embargo, tras evaluar las pruebas dadas y los argumentos de la Fiscalía, el juez de control, Humberto Chávez, desestimó la petición y programó una próxima audiencia para el lunes 3 de abril.
Por Raúl F. Pérez Lira y Óscar Rosales
En la audiencia intermedia por el proceso en contra el exgobernador César Horacio Duarte Jáquez, acusado de peculado y asociación delictuosa, el juez Humberto Chávez Allende revisó dos peticiones realizadas por la defensa: sustituir la medida de prisión preventiva y diferir la audiencia por dos meses.
La defensa del exgobernador, a cargo del abogado Juan Carlos Mendoza Luján, pidió dos meses más para revisar las pruebas entregadas por la Fiscalía en DVD, pues éstas fueron entregadas apenas los días 24 y 25 de enero del presente año. También señaló que no les han concedido diversos datos de prueba y registro, como documentos y videos, a diversas dependencias de gobierno, sin especificar cuáles son éstas.
La Fiscalía no se opuso y el juez estuvo de acuerdo, por lo que la audiencia fue diferida para el día 3 de abril a las 9:30 horas.
Sin embargo, la defensa aprovechó para solicitar que su cliente continúe el proceso en arresto domiciliario e intentó convencer al juez de que su cliente tiene un arraigo considerable en la ciudad de Chihuahua, así como diversas propiedades del municipio de Parral, por lo que no podrá huir ni ocultarse, y de que en el Centro de Readaptación Social 1 (Cereso) donde está detenido, no tiene la atención médica que necesita.
Para esto, la defensa presentó el testimonio del cardiólogo clínico Mario Alberto Valles Terrazas, con consultorio en el hospital Star Médica, quien declaró haber atendido a Duarte alrededor cinco veces desde el 2022.
El doctor Valles declaró que su paciente padece de hipertensión arterial, que si bien puede dañar los órganos blandos del cuerpo, como el cerebro o los riñones, se trata de una enfermedad común que se puede controlar con buena alimentación, activación física, la medicación pertinente (que si se le administra) y monitoreo médico constante. Sumado a eso, explicó que el paciente presentó al principio grados de hipertensión 2 y 3, pero actualmente se encuentra en el grado 1, es decir, un grado de menor riesgo. También señaló que el exgobernador se encuentra tomando un medicamento dual que ayuda a controlar este padecimiento.
El juez Chávez Allende preguntó en reiteradas ocasiones si el imputado contaba con las condiciones necesarias para mejorar dentro del Cereso, pero el doctor Valles dijo desconocer si esto es así.
La Fiscalía del Estado de Chihuahua no interrogó al cardiólogo y se excusó con el argumento de que no cuentan con conocimientos médicos necesarios.
“No contamos con conocimientos médicos, no tuvimos el tiempo de receso para consultar a un experto. No podemos ejercer debidamente la contradicción”, dijo la representante de la fiscalía.
El siguiente testimonio fue del fisioterapeuta Ricardo Molina Jacks, quien dijo asistir al exgobernador con terapias de rehabilitación desde hace dos o tres meses, a partir de una cirugía que le causó problemas cervicales.
Molina declaró que su paciente requiere de un tratamiento de dos sesiones de rehabilitación diarias por noventa días para tener la mejoría deseable, lo cual no es posible mientras el acusado permanezca preso en el Cereso, donde no cuentan con los aparatos necesario. Sin embargo, también dijo que él no poseía dichos instrumentos para la recuperación de su paciente.
El fisioterapeuta también señaló que le genera un gran temor cada una de sus visitas al Cereso. “(…) es muy inseguro trasladarse de su celda al área de rehabilitación, hasta miedo me da”, declaró.
Cuando el juez preguntó a Molina si él tiene algún interés en que el asunto jurídico se resolviera en contra o a favor del imputado, respondió que está a favor de que se le modifique la prisión preventiva, ya que “todos tenemos derecho de libertad y todos merecemos calidad de vida”.
Además de los testimonios, la defensa también incluyó tres reportes médicos para sostener que el acusado requiere de una atención médica más cercana y constante, la cual no puede tener dentro del Centro de Reinserción Social.
Para argumentar que en este proceso no se corre el riesgo de que el imputado se fugue o esconda de la justicia, la defensa declaró que el exgobernador renta un inmueble a Sandra Magdalena Urbina Arzola, ubicado dentro del fraccionamiento Bosques de San Francisco.
Sin embargo, después de un receso, la defensa rectificó y explicó que el acusado César Duarte no renta ese inmueble, sino otro ubicado en Bahía de Quino #8324, en Residencial Bahías. Este domicilio sí pertenece a Sandra Magdalena Urbina Arzola, mientras que el otro ubicado en Bosques de San Francisco es propiedad de Mayra Julieta Urbina Arzola.
Mayra Urbina es viuda del exdiputado Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, señalado como prestanombres de Duarte y quien falleció en un accidente automovilístico en la carretera a Parral el 20 de marzo de 2017. Antes de ser diputado, Hermosillo ocupó cargos clave en el gobierno de Duarte, para el presunto desvío del erario la la asociación Unión Ganadera División del Norte de la que fue presidente, así como a la Financiera División del Norte, ambas fundadas por Duarte Jáquez.
Tanto Duarte como Hermosillo fueron demandados junto con el ex secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral, por el abogado y activista Jaime García Chávez en 2014, ante la extinta Procuraduría General de la República (PGR) por enriquecimiento ilícito y peculado el 23 de septiembre del 2014.
Mayra Julieta Urbina fue detenida en Durango en octubre de 2019 por enriquecimiento ilícito, ya que no pudo comprobar más de 58 millones de pesos obtenidos presuntamente, desde el gobierno de Duarte, según la causa penal 3079/2019. También estuvo en prisión.
Urbina fue jefa de oficina del DIF Estatal, del 20 de octubre del 2010 al 15 de marzo del 2012, cuando Bertha Gómez Fong (esposa de Duarte) era la presidenta.
Hoy, la defensa de Duarte también argumentó que el acusado ha presentado más de cincuenta amparos ante los juzgados para revocar la prisión preventiva, sin embargo, tanto la Fiscalía como el juez Humberto señalaron que ya existe una resolución por parte de un Juez de Distrito que dictamina que la medida cautelar en contra de Duarte no es ilegal ni desproporcionada.
“Un perseguido político de Corral”
Durante su intervención final, el exgobernador César Duarte señaló a Javier Corral como un “mentiroso consumado” y que “la tortura fue una práctica permanente” durante su sexenio. Hizo mención al caso del exfiscal Francisco Arredondo, quien Duarte aseguró no era su fiscal anticorrupción, sino su fiscal de Derechos Humanos.
“Se escucha y se ve muy mal que el fiscal de Derechos Humanos fuera el más fiel torturador de su gobierno”, declaró el exgobernador priista.
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Duarte aprovechó para declararse perseguido político del exgobernador Javier Corral, a quien acusó de haber apoyado a extorsionadores y distribuidores de drogas en la frontera. Dijo que todas las instituciones han estado encima de él y de su familia, así como otras familias del ámbito político a las cuales hizo mención: la familia Esparza, González Tachiquín, Medina, Villegas, Villareal, Garfio, James Barousse, de la familia Campos, Romero y Tarín.
Finalmente , el juez desestimó los argumentos de la defensa para sustituir la prisión preventiva justificada, ya que el imputado tiene la posibilidad de sustraerse de la justicia aunque rente un inmueble en la ciudad. También utilizó los mismos reportes médicos presentados por la defensa como prueba de que el imputado sí tiene la atención médica adecuada dentro del reclusorio y que incluso, ha tenido la posibilidad de salir a atenderse en consultorios privados.
En los últimos segundos del uso del micrófono, César Duarte exclamó la frase más popular de su gobierno: “desde dónde este y como este, seguiré pidiendo al cielo que bendiga a Chihuahua”.
La próxima audiencia en contra del exgobernador de Chihuahua se llevará a cabo el viernes 3 de abril del presente año en el Tribunal de Justicia de la capital.
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