Aunque el Congreso de Chihuahua mantiene “congelado” el proceso legislativo para reformar el Código Penal de Chihuahua y dejar de criminalizar a las mujeres y personas gestantes que abortan, colectivas feministas trabajan en estrategias legales que permitan el acceso a este derecho de una forma libre, gratuita y segura. El paso que sigue: promover un amparo colectivo.
Texto y fotografías de Óscar Rosales
Por primera vez en Chihuahua, una mujer obtuvo un amparo contra el delito de aborto, tras la resolución del Tribunal Colegiado de Chihuahua ante la negativa de un juez federal por conceder este recurso legal, lo que le permitirá acceder a este derecho sin que se le aplique la ley vigente del Código Penal de Chihuahua, informaron colectivas feministas en conferencia de prensa durante la mañana de ayer miércoles.
La mujer, que por cuestiones de seguridad ha preferido mantenerse en el anonimato, promovió el recurso de amparo en abril del 2021, meses antes de que el Pleno de la Suprema Corte se pronunciara sobre la inconstitucionalidad del delito de aborto en Coahuila y que marcó un precedente para los demás estados.
Actualmente, esta mujer chihuahuense promovente del amparo no está embarazada ni enfrenta algún proceso penal, explicó Laura Dorado, integrante y acompañante legal de Marea Verde.
Sin embargo, al no estar en un proceso de gestación ni tener una carpeta de investigación en su contra, Salvador Jiménez, juez federal del Decimoprimero Distrito, consideró que no se producía ninguna afectación contra la chihuahuense y negó el amparo.
Ante la sentencia de Jiménez, la mujer promovió un recurso de revisión para que el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito examinara y determinara la decisión del juez federal.
Fue hasta el pasado siete de julio, que los magistrados del tribunal le dieron la razón a la demandante, quienes argumentaron que la sanción a las mujeres que abortan voluntariamente viola sus derechos reproductivos, al no permitirles tomar decisiones autónomas sobre la continuidad de su embarazo. La publicación de esta sentencia se dio durante la semana pasada.
“La resolución del juez federal es más profunda, pues manda el mensaje de que el Código Penal de Chihuahua está mal. Ni el ejecutivo, ni el congreso tendrían porqué negar nuestro derecho a decidir”, declaró la chihuahuense en un mensaje anónimo compartido por las colectivas.
Este amparo forma parte de una estrategia legal que busca garantizar condiciones para que desde los centros de salud pública se permita el acceso a un aborto libre, gratuito y seguro, para mujeres y personas gestantes en Chihuahua, explicaron las colectivas.
Laura Dorado agregó que en este momento se encuentran promoviendo un amparo colectivo para materializar el acceso al aborto en el estado. En ese sentido, invitan a las mujeres y personas gestantes de la entidad que quieran sumarse a este amparo, a contactarse a través de redes sociales, con las colectivas de Marea Verde y Aborto Seguro Chihuahua.
Hasta la fecha, solo los estados de Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero y la Ciudad de México, han reformado su Código Penal para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación.
Conservadurismo del congreso local detiene proceso legislativo
A pesar de que la iniciativa para despenalizar el aborto en Chihuahua fue presentada desde el 10 de marzo de este año, el proceso legislativo se encuentra detenido.
Ya se instaló una mesa de discusión, sin embargo, los diputados no han fijado una fecha para iniciar el trabajo, lo que se traduce en la dilación del tema como una estrategia, explicó Mariela Castro, vocera de Marea Verde Chihuahua.
“Hay otro tipo de iniciativas progresistas que corren con la misma suerte, como las ECOSIG (terapias de conversión), ha tardado mucho, entendemos que un poco es por la mayoría conservadora del congreso”, señaló Castro.
Actualmente, de los 33 diputados que hay en el Congreso de Chihuahua, 15 pertenecen al PAN, 10 a MORENA, 5 son del PRI, 2 de Movimiento Ciudadano y uno del PT.
Diputados de la fracción parlamentaria del PAN, como Mario Vázquez, Marisela Terrazas, Rosa Isela Martínez, Rocío Sarmiento y Carlos Alfredo Olson, ya han expresado públicamente, y en diversas ocasiones, su rechazo a la despenalización del aborto y apoyo a grupos conservadores “pro-vida” de Chihuahua.
En el mismo ánimo, el diputado priista Omar Bazán Flores, presentó ese mismo marzo una iniciativa ante el Congreso para “proteger la vida desde la concepción”, en la que se garantice la protección de los embriones con un certificado médico.
Desde el ejecutivo de Chihuahua también ha existido una fuerte postura “pro-vida”, ya que el mismo Secretario General de Gobierno, César Jauregui, declaró el mismo marzo pasado que “el Gobierno del Estado le apuesta a favor de la vida”.
María Eugenia Campos desde sus funciones como alcaldesa ha expresado abiertamente su apoyo a grupos “pro-vida” y ahora como gobernadora, también se le ha visto apoyar a este movimiento de manera más simbólica.
Con el panorama en contra, las colectivas que luchan por la despenalización del aborto en Chihuahua aseguran que no desistirán y que utilizarán todos los instrumentos legales a su alcance para que se garantice el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.
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