Tres magistrados de los tribunales de Chihuahua ponen en tela de juicio la última prueba de vida de la activista trans Mireya Rodríguez, asesinada a finales de agosto del 2020, lo que absolvió al único detenido. La sentencia recuerda al fallo que dieron los jueces del caso Escobedo hace más de 10 años, aseguran acompañantes legales.
Texto de Óscar Rosales y Raúl Fernando
Fotografías de Raúl Fernando
La inexactitud en el reporte de necropsia y el criterio de tres jueces, fueron los elementos necesarios para decidir el pasado ocho de julio la liberación de Iván Arturo G.P., único detenido por el transfeminicidio de la activista Mireya Rodríguez Lemus, reveló Laura Hernández, abogada observadora del caso, tras la lectura oficial de la sentencia este viernes 15 de julio en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Previo a la audiencia, la asociación civil Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses, fundada por Mireya, e integrantes del Comité de la Diversidad Sexual de Chihuahua, protestaron ante el Tribunal con un féretro que cubrieron con la bandera de los colores trans.
En entrevista con Raíchali, Laura Hernández, abogada de Letra S, una organización mexicana defensora de los derechos LGBT+, explicó que el informe de necropsia establece que Mireya murió entre el 29 y 30 de agosto, mientras que la última prueba de vida que se tiene de ella es una conversación que tuvo con su padre durante la noche del 29, alrededor de las 11:30 pm.
Sin embargo, la jueza Lucero Anaid Moreno Navarrete y los jueces Aram Delgado García y Ricardo Márquez Torres, ponen en duda la evidencia de esta última comunicación. A partir de eso, y del dato de la necropsia, determinan que Mireya probablemente ya había muerto el 28 de agosto.
Esa conclusión a la que llegan los magistrados parece insuficiente y sinsentido para la defensora legal, debido a las más de 70 pruebas existentes que hay en contra de Iván Arturo, entre ellas el robo y venta que hizo del vehículo de Mireya después de que la asesinó, así como la posesión del imputado del celular de la víctima.
“Cuando yo estaba escuchando al juez, has de cuenta que estaba escuchando el fallo de Marisela Escobedo”, comparó Laura Hernández, refiriéndose al famoso caso en el que tres jueces dejaron libre al asesino de Rubí Marisol Frayre, todo frente a su madre Marisol.
Hernández señaló que los mismos jueces reconocieron que la resolución se basa en una “apreciación” de ellos, y que “esto ahí no se acaba”, ya que aún hay recursos legales que aplicar para el caso.
Durante la manifestación, Regina Gardea, amiga de Mireya y presidenta de Unión y Fuerza de Mujeres Trans, recordó que del 2014 al 2021 se cometieron 24 transfeminicidios en Chihuahua y que, a excepción del presente caso, ninguno ha tenido una línea de investigación.
“El 8 de julio del 2022 tres jueces y el estado de Chihuahua nos mataron a todas las personas y mujeres trans del estado, dándonos la espalda, demostrándonos que no valemos nada. (…) El transfeminicida fue liberado y nosotras condenadas a vivir en el miedo, a tener miedo por caminar en las calles, a vivir en el miedo en nuestras calles donde la mayoría de nosotras ejercemos el trabajo sexual, porque solamente esa opción tenemos, ser trabajadoras sexuales, porque ni para acceder a un espacio digno, libre de discriminación, tenemos ese privilegio”, reclamó Gardea.
La activista trans también aclaró que nunca culpó a la fiscalía de la liberación de Arturo, como fue publicado en medios locales, sino a los tres jueces que emitieron el fallo, y pidió la rectificación de este dato.
Laura Hernández, que iba en representación del padre de Mireya, señaló que fue necesario insistir en que se diera la lectura al fallo, sumado a que la audiencia tuvo casi una hora y media de retraso.
A la audiencia también asistieron elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua (CEAVE), a quienes durante la protesta se les demandó el acompañamiento y protección de las mujeres que integran Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses.
La defensora legal de Letra S, informó que están a la espera de que el titular de la Fiscalía, Roberto Fierro, y la Fiscalía Especializada en Investigación de Derechos Humanos y Desaparición Forzada, confirmen una cita con ella y las organizaciones el martes 19 de julio para hablar sobre la apelación del fallo.
“Lo mismo que pasa con los feminicidios, está pasando con los transfeminicidios”, declaró la abogada, pues considera que ambas situaciones quedan en la total impunidad en el estado.
Hernández y las organizaciones civiles esperan poder dar más detalles del caso luego de las reuniones con las autoridades.
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