Mireya fue una férrea defensora de los derechos de las mujeres trans y las trabajadoras sexuales. Tras dos años de investigaciones y con más de 70 pruebas en contra del presunto transfeminicida, los tribunales de Chihuahua han decidido dejarlo en libertad. Su familia, amigxs y compañerxs de lucha, la recuerdan con cariño y exigen justicia por ella, en un estado que durante los últimos siete años acumuló 24 crímenes del mismo tipo.
Texto de Óscar Rosales
Fotografías de Raúl Fernando
Martes. Son las siete de la tarde, el sol no se ha ocultado. Frente a la casa número 309, en la estrecha calle 12ª del centro de la ciudad de Chihuahua, un grupo de mujeres cargan una mesa blanca, extienden sus patas de fierro y la ponen en el suelo. Sobre el rectángulo de pástico, tienden un lienzo con dos franjas azules, dos rosas y una blanca por la parte de en medio: es la bandera del orgullo trans.
Los vehículos pasan lentamente por ese rincón ubicado en la “zona de tolerancia”, llamado así por ser donde se concentran la mayoría de las trabajadoras sexuales de la ciudad. Los conductores miran como un grupo de personas colocan encima de la mesa varios vasos de vidrio rellenas de un sólido blanco: son veladoras. Algunas mujeres intentan dejar encendidas las mechas, ya que los ligeros vientos insisten en apagarlas.
Junto a esas pequeñas llamas, hay dos retratos. En el más grande se ve a una mujer de cabello lacio y castaño, adornado con flores, que mira hacia su derecha, como si observara a sus hermanas trans que la acompañan en ese momento. En el más pequeño de los recuadros, hay otra fotografía de la misma mujer y encima, escrito con letras negras dice: “No + muertes trans”.
Esa mujer es Mireya Rodríguez Lemus, activista y defensora de las trabajadoras sexuales y mujeres trans, asesinada el 30 de agosto del 2020. Su cuerpo fue hallado tres días después, al interior de su vivienda en Aquiles Serdán, a las afueras de la capital, luego de que se reportó su desaparición. Hoy, el único imputado por su asesinato está libre.
Mireya fue una aguerrida defensora de derechos humanos, fundó Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses A.C., promovió la lucha contra el VIH/SIDA, la tuberculosis y la malaria, e impulsó políticas públicas a favor de la salud sexual.
Gracias a su trabajo en conjunto que realizó con el Consultorio Virtual Arturo Díaz Betancourt, Letra S y otras organizaciones, se logró que, a partir de 2016, mediante una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), las autoridades municipales de Chihuahua dejaran de hostigar y sancionar arbitrariamente a las mujeres trans y trabajadoras sexuales.
Tras la presión de activistas, sociedad civil y organismos nacionales, el 11 de septiembre de ese mismo año se giró una orden de aprehensión en contra de Iván Arturo G.P., el presunto transfeminicida de Mireya. El 13 de septiembre se llevó a cabo dicho arresto.
De acuerdo con las organizaciones civiles que dieron seguimiento al caso, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) encontró más de 70 evidencias en contra del sospechoso, entre ellas el robo y venta del vehículo de Mireya por parte de Iván, así como el hallazgo de la sangre de Mireya en la ropa del mismo. Su caso marcó un precedente, ya que fue el primer asesinato de una mujer trans investigado con perspectiva de género.
Dos años después, durante la tarde de este viernes ocho de julio, Iván fue liberado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Su absolución, señala la sociedad civil, se debe a algunas imprecisiones en uno de los resultados de la investigación.
“El mensaje que envía el estado de Chihuahua, tras la decisión de liberar al presunto culpable, es que hay una total impunidad hacia quienes agreden y asesinan a las mujeres trans, pues no se les sanciona ni se les juzga”, denunció en un pronunciamiento colectivo, Regina Gardea, activista y amiga de Mireya. Actualmente es presidenta de Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses.
De acuerdo con datos de Letra S, del 2014 al 2021, se han cometido 24 transfeminicidos en Chihuahua. Los mismos registros señalan que durante el 2020, Chihuahua fue el segundo estado de México con mayor número de crímenes de odio contra la comunidad LGBTTTIQ+.
Al pequeño homenaje, también acudieron otras amigas y compañeras de Mireya, integrantes de Unión y Fuerza de Mujeres Trans, así como miembros del Centro Humanístico de Estudios Relacionados con la Orientación Sexual (CHEROS).
El Comité de la Diversidad Sexual de Chihuahua también se ha posicionado al respecto, y señalan en un comunicado la incompetencia de la Fiscalía para manejar el caso.
“La decisión del Tribunal deja desprotegidas y expuestas al riesgo de sufrir posibles represalias a las mujeres trans, compañeras de Mireya Rodríguez que testificaron en el proceso judicial. Agrava la situación de vulnerabilidad en la que viven al exponerlas a sufrir daños a su integridad personal”, agregó Regina durante el homenaje. Para ella, las mujeres trans son obligadas a vivir en el miedo.
Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses, el Consultorio Virtual Arturo Díaz Betancourt, Letra S, y el Grupo de Estudios sobre Derechos, Géneros y Diversidades, reclaman que la Fiscalía permita la revisión de la carpeta de investigación, para saber si se tomaron en cuenta elementos de identidad de género que hayan motivado al presunto asesino.
Las organizaciones también exigen a la gobernadora, Maru Campos y a los diputados del Congreso local, que se modifique el Código Penal de Chihuahua para tipificar los crímenes de odio, motivados por la orientación sexual y/o la identidad o expresión de género. En su honor, buscan que esta ley sea llamada “Ley Mireya Rodríguez Lemus”.
También piden a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Chihuahua (CEAVE), que se brinde apoyo y acompañamiento a los familiares de Mireya Rodríguez, junto con los recursos necesarios para revertir el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
En el mismo sentido, solicitan a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que se les otorguen medidas cautelares a las integrantes de Unión y Fuerza de Mujeres Trans, y a las compañeras que sientan en situación de peligro.
La justicia en Chihuahua, un privilegio
En entrevista con Raíchali, Regina Gardea recordó que los recientes sucesos violentos en Chihuahua y la forma de abordarlos, exponen la desigualdad en cuanto a la impartición de justicia y el privilegio que, lamentablemente, algunos gozan.
“Voy a mandar esta reflexión, igual sé que voy a trastocar muchas emociones (…) pero yo lamento que mi hermana Mireya no haya sido jesuita”, compartió Regina Gardea.
“Si ella hubiera sido jesuita, todo el estado se hubiera volcado, (…) yo quisiera ver a Maru Campos haciendo un posicionamiento sobre el caso de mi hermana Mireya Rodríguez, quisiera verla ahorita acompañando a los familiares de la doctora asesinada en San Juanito, entonces ahí se ve el privilegio que otorga el estado, el privilegio que tiene la justicia”, señaló la activista trans.
Las organizaciones no alcanzan a entender como una imprecisión pudo absolver al presunto transfeminicida y desestimar toda la investigación.
“No creo que haya algún error como para que tumbes 70 pruebas, desde un examen de sangre que dio positivo, hasta el robo del carro y celular”, comentó Gardea.
Roberto Fierro, titular de la Fiscalía, declaró que no consideran correcto el fallo del Tribunal y afirmó que impugnarán esta decisión. Sin embargo, existe temor de activistas trans de que la demora en este proceso permita que Iván Arturo G.P., eluda la justicia a través de otras opciones. El fiscal prefirió no dar detalles sobre una aparente estrategia ante dicho escenario.
Se espera que durante el viernes 15 de julio, la resolución del tribunal se haga pública y puedan darse más detalles de las razones detrás de la absolución.
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