Es la primera vez que la Ley de Participación Ciudadana de Chihuahua se utiliza para convocar a organismos gubernamentales a rendir cuentas y tomar posicionamientos sobre el tema de tala clandestina en la región.
Por Óscar Rosales / Raíchali
Autoridades locales de Chihuahua y federales abordarán en audiencia pública un tema que ha afectado a decenas de comunidades en esta entidad: la tala ilegal.
El evento será de manera virtual el próximo martes 29 y miércoles 30 de junio, y fue impulsado por organizaciones civiles mediante la Ley de Participación Ciudadana. Son las mismas agrupaciones que durante muchos años han denunciado la tala sin ver respuesta efectiva desde las autoridades.
La audiencia será transmitida por la página de Facebook de la Secretaria General de Gobierno de Chihuahua a partir de las 16:00 horas.
“Deben estar preocupados (los funcionarios), en la disposición de presentar propuestas y sobre todo de tomar en cuenta la necesidad de coordinar”, expresó Diana Villalobos, de la Consultoría Técnica Comunitaria (Contec), una de las organizaciones convocantes.
Las ONG’s buscan que a partir de este ejercicio la ciudadanía conozca cuales han sido las acciones que el gobierno ha llevado a cabo para combatir la tala clandestina, los resultados obtenidos, así como las omisiones y carencias en estos esfuerzos.
El llamado a establecer este diálogo entre Estado y sociedad civil surgió en un conversatorio sobre el medio ambiente en la Sierra Tarahumara realizado por Contec el 20 de abril, dentro de una serie de foros públicos que visibilizaron las diversas problemáticas del territorio indígena durante los meses de abril y mayo.
A partir de eso, se realizó una petición de audiencia pública a través de la Ley de Participación Ciudadana (LPC), que fue promovida por la Red Todos los Derechos para Todos y Todas (TDT), mediante una plataforma en línea que recolectó firmas electrónicas. Cada una de las firmas de la ciudadanía y asociaciones civiles, generó un correo que se envió a los funcionarios estatales y federales correspondientes.
Al ser vinculante, la LPC obliga a los funcionarios estatales a estar en la audiencia, pero no a los funcionarios federales. Sin embargo, según Contec, el retraso en el evento programado originalmente para el 15 de junio se dio debido a que se buscó fechas en las cuales ambas esferas del gobierno pudieran participar.
El espacio será moderado por el Instituto Estatal Electoral (IEE) permitirá a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) realizar diversos planteamientos a los funcionarios públicos, de los cuales se esperan posicionamientos e ideas que contribuyan a solucionar de manera puntual la crisis de tala clandestina.
Los ocho puntos centrales bajo los cuales se regirá la audiencia y se busca un posicionamiento por parte de las autoridades son los siguientes:
- La coordinación interinstitucional entre los tres ordenes de gobierno (ejecutivo, legislativo y judicial) para realizar mesas de trabajo.
- El respeto, la promoción y el cumplimiento del marco jurídico internacional de derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas.
- La publicación o elaboración de un mapa, con información técnica, del impacto de la tala ilegal en la sierra.
- La investigación, publicación y transparencia de los diversos actores comerciales y criminales que provocan la tala ilegal.
- La creación de una campaña permanente de denuncia segura sobre la tala clandestina.
- Actualización y modernización de las guías forestales.
- La creación, en coordinación con las comunidades indígenas de programas destinados a la regeneración del bosque afectado y prevención de incendios.
- Dialogo con los ejidos y comunidades que han sido víctimas de la tala ilegal.
“Se espera que se lleguen al menos a dos o tres propuestas claras. Lo ideal sería una propuesta en cada planteamiento para darle seguimiento por parte de la sociedad civil”, señaló Citlali Quintana, del Centro de capacitación y defensa de los derechos humanos e indígenas (Cecaddhi).
La audiencia se dará después de una ola de incendios que azotó la sierra durante las primeras semanas de junio, los cuales afectaron más de 19 mil hectáreas de bosques e involucraron la participación de más de 700 brigadistas de oficio y voluntarios para apagar el fuego.
Organizaciones civiles y autoridades ya han señalado que varios de los siniestros fueron provocados de manera intencional para borrar los rastros que deja la tala ilegal de árboles en territorio indígena.
“Como lo hicieron con los incendios, que lograron apagarlos, así queremos que se coordinen con la tala ilegal”, precisó la directora de CONTEC.
Entre las demás asociaciones civiles que participan se encuentran la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac), el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), el Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua, la Red de Participación Ciudadana, Pies de la Tierra y la Red Serrana Sierra Tarahumara.
Se espera la presencia de dependencias como la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA), así como de la Secretaria General de Gobierno de Chihuahua, junto con la Secretaria de Desarrollo Rural y el Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas.
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