Chihuahua

jueves 24 junio, 2021
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    ONG’s impulsan audiencia pública sobre el medio ambiente en la Sierra Tarahumara

    Bajo el apoyo de la Ley de Participación Ciudadana, se busca abrir diálogo sobre las diversas problemáticas ambientales que vive el territorio indígena, a fin de visibilizarlas y plantear soluciones, cuya aplicación sea garantizada por el gobierno mexicano.

    Por Óscar Rosales y Raúl Fernando

    Con el objetivo de formar una mesa de trabajo con autoridades estatales y federales, varias organizaciones civiles, a través de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (TDT), exigen que se realice una audiencia pública el próximo 15 de junio, para generar una conversación sobre las crisis medioambientales por las que atraviesa la sierra chihuahuense, así como la búsqueda de soluciones ante estas dificultades.

    La petición colectiva (a la cual puedes acceder aquí), al ampararse bajo la Ley de Participación Ciudadana (LPC), es vinculante, es decir, el Secretario de General de Gobierno de Chihuahua, Luis Fernando Mesta, se ve obligado a responder a esta iniciativa, al igual que las demás autoridades estatales.

    Dichas autoridades deberán citar a las personas de los organismos federales correspondientes para que se integren a la audiencia, sin embargo, éstas últimas no están obligadas a presentarse.

    La plataforma en línea, en la que cualquier ciudadano puede participar, genera por cada firma recabada, un correo electrónico que es enviado directamente a los servidores y funcionarios encargados de los distintos organismos de poder tanto en el gobierno local como el nacional. 

    A pesar de que se trata de una acción en la que también asistirán habitantes de los territorios indígenas, no es la primera vez que organizaciones civiles de Chihuahua buscan tener contacto con autoridades federales para tratar estos temas y buscar soluciones que garanticen el libre desarrollo de las mismas.

    La constante falta de interés, sumado a las restricciones de la pandemia por COVID-19, ha provocado que la respuesta del Estado ante estos esfuerzos de los colectivos sea insuficiente.

    “Ha habido muchos foros. El tema del medio ambiente y de la sierra tarahumara fue un tema de la alerta de defensores. Había dos mesas para eso, ahí se veía todo lo que estamos volviendo a plantear y venían autoridades de México a esas reuniones. Llegó el coronavirus y se suspendieron”, explicó la Consultoría Técnica Comunitaria (CONTEC), una de las organizaciones promoventes de la audiencia.

    Las distintas dependencias federales, como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) han realizado reuniones interinstitucionales a las que las organizaciones civiles no son convocadas.

    “Ellos dicen que sí han tenido reuniones y con base a eso han cerrado aserradores y detenido camiones. Pero nosotros vemos que de todas formas sigue el problema, pese a que dicen que se juntan”, señaló CONTEC.

    Este mecanismo para buscar la audiencia, promovido por la TDT, tiene el respaldo de 86 organizaciones civiles en el país, quienes a su vez acompañan los procesos de los colectivos en el estado.

    “Nos parecía preocupante responder al llamado de las organizaciones de Chihuahua”, detalló la Red TDT.

    Asimismo, la Red TDT recordó que ya se ha intentado abrir el diálogo en otro tipo de oportunidades y canales, pero la atención que se le da a estos llamados no parece tomar relevancia en la agenda de las autoridades. Apuntan a que sólo una suma de esfuerzos en todos los ámbitos podrá generar resultados, de ahí la necesidad de contactar directamente con cada persona en los organismos. 

    “Se necesitan articular las estrategias y hacer muchos movimientos: políticos, litigios estratégicos, todo se va complementando”.

    El saqueo de los bosques

    La tala ilegal e inmoderada, que arrasa cada vez más con miles de hectáreas de bosques en la sierra, es uno de los principales temas que se buscan plantear durante la audiencia pública. 

    Un ejemplo de este problema lo vive la comunidad de San Elías de Repechique, en el municipio de Bocoyna, cuyos habitantes han visto como sus arboles son talados sin ningún tipo de intervención por parte de la autoridad, debido a las construcciones del aeropuerto de Creel. 

    Además de la situación vivida en esta comunidad, una de las principales cuestiones que se busca con la audiencia es visibilizar qué empresas son las que se benefician de la tala ilegal, así como exigir que se cumpla con las penas correspondientes establecidas en la ley. 

    “Si hay un problema de tala es porque hay compradores y queremos saber quiénes son los compradores y sabiendo eso queremos que se castigue”, señaló CONTEC.

    Pese a que existen denuncias para señalar a quienes realizan estas actividades, la presencia del crimen organizado en esas zonas representa un gran obstáculo que pone en riesgo la vida de las comunidades. 

    “Es una decisión bastante difícil de tomar. Con el tema de la tala ilegal tenemos desde el 2018, hicimos la red serrana un pronunciamiento junto con la diócesis, pero nos ha costado mucho superar el miedo”, detalló el Centro de capacitación y defensa de los derechos humanos e indígenas A.C. (Cecaddhi). 

    Un caso que expone la resistencia de los pueblos originarios, pese al miedo que permea entre sus habitantes, es la defensa que se ha dado en las Coloradas de la Virgen, una comunidad de Guadalupe y Calvo.

    La indiferencia de las autoridades ante los constantes abusos de los mestizos en esta zona, culminó en el asesinato del activista Julian Carrillo, quien lideró la lucha junto con otros compañeros desde hace décadas. Debido a este crimen, cientos de familias se vieron obligadas a desplazarse de Coloradas.

    Derecho a ser escuchados

    Según CONTEC, otro de los puntos clave en los que se busca centrar la atención en la audiencia, es promover y demandar la aplicación de las consultas libres, previas e informadas a las comunidades indígenas que habiten territorios donde se quieran edificar grandes proyectos mineros, de tala o de cualquier otro tipo, que pongan en riesgo el ecosistema de la zona. 

    “Tiene que ser una condición para que incluso se den concesiones”, puntualizó. 

    No obstante, es común observar que un sinfín de estos proyectos en el país se realizan sin freno en territorios indígenas, sin realizar una consulta previa, mucho menos libre o informada. 

    Para que estas consultas puedan llevarse a cabo, las secretarías correspondientes deben tener claro los proyectos que se realizarán, con un año de anticipación. 

    El segundo elemento necesario, es que el Congreso del Estado designe dos tipos de presupuestos: uno para realizar en sí misma la consulta y otro que permita la revisión de las leyes a discutir. 

    Sin embargo, en el estado de Chihuahua existen actualmente 11 leyes que no tienen avance por la falta de consulta, entre las que se encuentra la reglamentación de las características que debe tener el titular de la Comisión Estatal de los Pueblos Indígenas (COEPI), la representación de los pueblos en el congreso, las regidurías, entre otras. 

    Pero más allá de una cuestión de presupuestos, las organizaciones observan que existe muy poco interés por generar mecanismos que escuchen a las comunidades y por la aplicación de la ley. 

    “Falta voluntad política. Que se lo tomen enserio. Por ejemplo, en la ley forestal si viene que se debe consultar a las comunidades”, explicó CONTEC.

    “Cuando uno va a SEMARNAT y reclama, como en el caso de Repechique, porque dieron permisos de aprovechamiento forestal sin consultar, ellos dicen que no sabían que hay comunidades indígenas”.

    Una solución, plantea CONTEC, sería la inspección previa de los territorios. 

    Aunque no existe un registro oficial en Chihuahua de las comunidades que habitan la sierra, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) cuenta con un registro de localidades indígenas que se puede utilizar de referencia, por lo que las empresas no podrían recurrir a la misma justificación de siempre.

    La audiencia pública, que se pretende realizar pasado el proceso electoral 2021, buscará todas esas voces que, difícilmente, encuentran un espacio para ser escuchadas. 


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