Este viernes 5 de marzo se escucharán alegatos finales en un tribunal penal de Parral, Chihuahua, para determinar si existe culpabilidad o no de Feliciano Q. M., en el homicidio del activista Julián Carrillo y de su hijo Víctor. Los crímenes ocurrieron en la comunidad Coloradas de la Virgen, Guadalupe y Calvo, en octubre del 2018 y febrero del 2016, respectivamente.
La cita inicial era el jueves 4 pero se cambió para el viernes a las 9:30 de la mañana. Ahí se presentarán alegatos de clausura por parte de Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos y Desaparición Forzada, la asesoría jurídica que llevan Centro de Derechos Humanos para las Mujeres (Cedehm) y Alianza Sierra Madre, y la defensa del imputado.
Luego el tribunal colegiado, integrado por 3 jueces, definirá si existe la responsabilidad de Feliciano en los asesinatos de Víctor, de Julián y la tentativa de homicidio de un menor que acompañaba a Julián al momento del crimen. En caso de que establezca la culpabilidad, citará dentro de los siguientes 5 días para definir la pena de prisión.
El juicio oral comenzó el 2 de febrero. Durante las semanas recientes se han escuchado los testimonios de 15 familiares e integrantes de la comunidad Coloradas de la Virgen, 6 peritos, 6 elementos de la Policía Investigadora, y 2 analistas de contexto. La defensa se abstuvo de presentar pruebas exclusivas.
También se integró un informe de Amnistía Internacional llamado “Entre balas y olvido”, que establece la ausencia de protección del Estado Mexicano a defensores del territorio en la Sierra Tarahumara.
Ruth Fierro, directora del Cedehm, dio a conocer que en el proceso penal por el homicidio del activista Julián Carrillo se acreditó que la comunidad mantiene la defensa del territorio y de los recursos naturales, una lucha histórica que les ha provocado diversas agresiones y asesinatos desde grupos criminales.
En los alegatos de inicio, el 2 de febrero, ella subrayó que Julián, en calidad de Presidente de Bienes Comunales, acudió ante todas las instancias posibles para denunciar la violencia contra la comunidad y contra él mismo.
Pasó por comisiones tendientes a proteger derechos humanos, de seguridad, mecanismo de protección a personas defensoras, estuvo en eventos públicos, y finalmente nunca se le hizo justicia, refirió.
Hoy estamos ante esta oportunidad para que se le haga justicia, y que por lo menos esos homicidios, el de él y el de su hijo, no queden impunes, subrayó la abogada.
El informe de Amnistía Internacional no solo condena al Estado Mexicano por no haber protegido a Carrillo, sino que hace una cronología de eventos violentos durante la defensa del territorio
En el 2007, por ejemplo, la Semarnat dio un permiso para talar el bosque de Coloradas de la Virgen. A partir de ahí los indígenas y autoridades tradicionales exigieron anular los permisos y en 2013 se intensifican agresiones contra abogados de los líderes rarámuri.
En 2014 Julián Carrillo y otros defensores de la tierra reciben medidas de protección. Un año después el Tribunal Agrario suspendió los permisos para talar el bosque. En reacción fue quemada la casa de Carrillo y asesinado su hijo, además de otros 4 defensores en 2016.
Para mayo del 2018, luego de varios recursos legales, el Tribunal Agrario solicitó reiniciar el proceso de los permisos de tala. Dos meses después asesinaron al yerno de Julián y éste último salió del estado. En octubre de ese mismo año regresa a su comunidad y es asesinado.
Durante esa lucha la familia de Carrillo ha tenido que salir de Coloradas de la Virgen, y otras 60 personas más.
En diciembre sentenciaron a un menor por participar en el crimen
Un menor de edad fue sentenciado en diciembre del 2020 a pasar 3 años de prisión domiciliaria en un albergue localizado en Cuauhtémoc para menores infractores.
El joven, de iniciales P.C.C se sometió a un procedimiento abreviado para aceptar responsabilidad en los hechos y un Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes impuso la pena.
En las pruebas presentadas por Fiscalía Zona Sur se acreditó que el 24 de octubre de 2018, el adolescente y el actual imputado José Feliciano asesinaron a Carrillo e intentaron hacer lo mismo con un menor de edad que acompañaba al activista, sin embargo éste último logró huir.
A P.C.C. lo detuvieron en enero de 2019 en la localidad de Las Papas.
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