“Yo me di cuenta por una amiga… Ella me dijo: oye ya encontraron a tu prima, pero tirada , y me enseñó una nota en el face, cuando llegamos a la casa había muchos policías… les preguntábamos, nos decían que no nos podían decir, y le pregunte a mi mama y mientras lloraba me decía, mija son cosas de grandes, vete a cuidar a tus primos […] y pues no nos decía. A nosotros no nos decían nada que porque nos iba a afectar … y pues lo que si nos afecta es no saber”
-Paloma 12 años, prima de niña de 8 años víctima de feminicidio, trata de personas y pornografía infantil
Por Andrea Cárdenas Domínguez
En diciembre de 2014, México aprobó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), lo que constituyó un paso importante en el reconocimiento de este sector de la población como personas sujetas de derechos.
La LGDNNA está alineada con la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), y reconoce al menos 20 derechos y 15 principios rectores que orientan su aplicación.
La LGDNNA establece la creación del Sistema Nacional de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), cuya función principal es definir y coordinar las políticas públicas, servicios y acciones dirigidas a garantizar los derechos de este grupo de población.
También mandata la creación del SIPINNA a nivel estatal y municipal, los cuales deben articularse con el Sistema Nacional.
La aprobación de la LGDNNA y la creación del SIPINNA ha permitido, por primera vez en la historia del País, sentar una base sólida para dejar atrás la lógica asistencialista que ha prevalecido en el ámbito de la infancia y la adolescencia y dar un paso sólido hacia una visión integral que vincula a todos los sectores y niveles de gobierno.
Establece obligaciones y responsabilidades específicas para cada uno de ellos, en torno a la garantía y cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en México.
La LGDNNA indica también la creación de mecanismos específicos de Protección especial para responder frente a casos de vulneración o falta de acceso de niñas, niñas y adolescentes a sus derechos.
Entre estos mecanismos se destaca la creación de la Procuraduría Federal de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de las Procuradurías locales en cada uno de los estados, encargadas de la determinación, coordinación de la ejecución y supervisión de medidas de Protección especial y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes.
Si bien la creación del SIPINNA y de las Procuradurías de Protección representa un avance importante en los últimos dos años, no ha sido suficiente para lograr que todos los niños, niñas y adolescentes del país tengan pleno acceso a sus derechos.
La obstaculización del acceso a vivir una vida libre de violencia, y las complicaciones impuestas que enfrentan las infancias son:
- La falta de difusión y reconocimiento a las infancias como personas sujetas de derecho
- II. El desconocimiento de mecanismos nacionales e internacionales con enfoque de infancias por parte de las diversas autoridades e instancia
- III. La prevalencia en el país mexicano con discursos y narrativas androcéntricas, adultocéntricas, neoliberales, patriarcales de discriminación frente a grupos de personas que históricamente han sido invisibilizadas y oprimidas (las mujeres, los pueblos originarios, la comunidad LGBT+) como las infancias
- IV. El no reconocimiento de las narrativas de las infancias en la memoria histórica y las políticas públicas en contextos de violencias estructurales y políticas
En 2016, México se ubicaba en el lugar 37 de los 38 países integrantes de la OCDE en materia de violencia, con una tasa de 23.4 homicidios por cada 100,000 habitantes (la media de la OCDE es 4.0).
En este contexto de aumento de la violencia y del crimen, la situación de niñas, niños y adolescentes no es alentadora, ya que, según las cifras de homicidios reportadas por el INEGI, entre 2010 y 2016, fueron asesinados en todo el país 8,644 niñas, niños y adolescentes. Es decir, durante los últimos siete años, 3.4 niñas, niños o adolescentes fueron asesinados en promedio cada día.
Los contextos de violencia que vive México, originados por la fuerte desigualdad social, altos niveles de impunidad, presencia extendida de crimen organizado y una normalización social de la violencia, tienen una afectación profunda en la vida de los niños, niñas y adolescentes del país.
A partir del 2010 en el auge de “Guerra contra el narcotráfico”, declarada el 10 de diciembre por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, y concretamente en Chihuahua “Operativo Conjunto Chihuahua”, consistió en la llegada de más de 2,000 integrantes del ejército mexicano quienes estuvieron a cargo de la seguridad pública, así como elementos de la policía federal.
Esta fue la peor crisis de derechos humanos en la historia del país del 2007 al 2014. Según cifras oficiales hubo 127 mil 056 asesinatos y más de 23 mil 600 desapariciones y 1.2 millones de personas desplazadas a consecuencia de la violencia. Solo en el 2014 se presentaron denuncias 5098 por personas desaparecidas, es decir en México desaparecen 14 personas cada día. (CEDEHM, 2014)
Según el derecho internacional de los derechos humanos, se entenderá por víctima a toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario. La anterior es la definición aceptada en el derecho internacional de los derechos humanos, puede considerarse que existen varios tipos de víctimas.
Normalmente se habla de víctimas directas e indirectas. Las víctimas directas que son las que han sufrido o sufren la violencia política, por ejemplo, la persona desaparecida forzada e involuntariamente. Por otra parte, las victimas indirectas, es decir aquellas que, por sus lazos sociales o familiares, es ente caso las infancias sufren también impactos de las violencias políticas.
Sin embargo, esta terminología no muestra que las infancias familiares víctimas de violencias políticas también sufren sus propias violaciones de derechos humanos, como del derecho a la verdad, a la justicia, a la protección. Es medular Incluir un enfoque diferencial sensible contextualizado parte de tener en cuenta las particularidades de las infancias.
En contraste con las personas adultas, las infancias enfrentan los impactos de las violencias políticas con complicaciones impuestas por la estructura adultocéntrica, para comprender el contexto y los procesos legales que se derivan de esta, sin participar en las decisiones que se imponen para adecuar la dinámica familiar a la nueva realidad, incluso en no pocas ocasiones se les intenta ocultar la verdad, buscando protegerles del sufrimiento, frente a la contundencia de que algo ha trastocado por completo su vida, la de toda su familia, y su comunidad.
La violencia política impacta a las infancias en función de su edad, su desarrollo psicoemocional y fisiológico con formas específicas de violencia política que a veces son invisibilizadas o con necesidades específicas en contextos precarizados como la pobre en función de su rol en la familia, dado que recae en las infancias mayor impacto emocional y social, por lo que la mayoría de los niños y las niñas asumen en su estructura familiar un rol paternal.
Esto hace referencia a que adoptan responsabilidades propias del padre y de la madre, como cuidar a sus hermanos(as), proveer el sustento económico, contener emocionalmente a sus familiares:
“Pues a veces mi hermano y yo nos hacemos el lonche o nos ayudamos para preparar las cosas de la escuela, mi mama esta con cosas de mi tío, mi papá si nos ayuda, pero él también trabaja […] me preocupo por mi mama, a veces no come y se va rápido arreglar las cosas de mi tío, le digo: ¿no vas a comer con nosotros? ¿nos puedes llevar al fut? y ella me dice denme chansa hijos, denme chansa”
-Juan Carlos 10 años, sobrino de víctima de desaparición forzada
En su ámbito escolar las infancias son estigmatizadas, segregadas y criminalizadas ya que las violaciones de derechos humanos las infancias conllevan también un estigma moral, dado que las víctimas directas como los familiares son frecuentemente acusadas o criminalizadas, suponen una pérdida de estatus, recursos sociales y pueden conllevar un cuestionamiento de las creencias sobre el mundo, la justicia y la sociedad, así como la espiritualidad.
En las infancias eso supone frecuentes reacciones de desconfianza frente al Estado que tiene un grado de implicación en las violaciones o en su falta de prevención o frente a la sociedad.
Por último, la falta de reconocimiento de responsabilidad de las autoridades o las amenazas suponen un impacto en la dignidad de las infancias, ya que la sociedad y la autoridad deposita la responsabilidad a la víctima:
“La maestra les dice a mis amigas que ya no se junten conmigo, porque mi papá fue malo y por eso se lo llevaron”
-Andrea 9 años, hija de víctima de desaparición forzada e involuntaria
Este testimonio visibiliza que la sociedad justifica el hecho que se cometan actos crueles contra la persona desaparecida y sus familiares, por no cumplir probablemente con la ley sin tener en cuenta que el estado tiene leyes y códigos que tienen la función de sancionar ese tipo de actos.
Estos impactos son individuales, pero también familiares y colectivos (afectan a su grupo de referencia, redes de apoyo o comunidad). Estos distintos de afectación deberían ser explorados cuando se abordan el impacto y las necesidades psicosociales de las infancias
En este caminar, reconocí el valor y la importancia de dar espacio a las infancias para desarrollar sus propias formas de resistencia y reconocer su participación histórica en la denuncia junto con sus familias víctimas de violencias políticas.
Se enfrentan a la impunidad, la indolencia, la estigmatización, así como un marco legal insensible y descontextualizado a las necesidades e impactos de las infancias mexicanas, por lo que es necesario reconocer a las infancias como sujetos políticos en las formas de resistencia, en la memoria histórica, así como en las políticas públicas dentro del contexto mexicano de guerra y narcotráfico
Es importante articular aportes políticos, y psicosociales que reconozcan a las infancias, ya que la visión adultocéntrica nutren narrativas mexicanas.
Hay que identificar los trazos históricos de las resistencias de las infancias para afirmar y reconocer las narrativas dentro de la memoria histórica y narrativas a quienes se les impuso una infancia en contextos de guerra y narcotráfico, héroes y heroínas de quienes aprendemos caminos de dignidad y resistencia.
*Los nombres son falsos para proteger la identidad de lxs niñxs*
Andrea Cárdenas Domínguez es psicóloga y perita comunitaria en violencias políticas contra Infancias / Becaria de CONACYT / Escritora contra-acádemica
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