Por Andrea Cárdenas, psicóloga comunitaria. Se especializa en procesos psicosociales y forenses con niñeces, juventudes y sus redes de cuidado
El 24 de marzo del presente año un adolescente de 15 años, fue detenido en Michoacán por asesinar a tiros a dos profesoras en un colegio privado de Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán. El ataque ocurrió en la escuela con un rifle semiautomático AR-15. Horas antes, el chico había publicado en redes un video posando con el arma, que, según declaró su padrastro -quien es militar- ante las autoridades, no le pertenecía.
Esta dolorosa realidad ha estrujado nuestros corazones. No solo por la brutalidad del crimen y la edad del victimario, sino por un elemento inquietante: la presencia de la ideología incel en su entorno digital. Como reportó el diario El País, el adolescente “era investigado también por su afinidad con contenidos misóginos en redes” (El País, 2026)
La reacción social frente este doloroso hecho fue masiva, inmediata, atravesada por la indignación, miedo y exigencias de castigo ejemplar “que se le sentencie como adulto”. La reflexión entorno corre el riesgo de simplificarse peligrosamente. Convertir a un adolescente como único monstruo responsable —aislado, excepcional— nos impide ver el problema estructural que lo produce.
En México, la violencia juvenil no es una realidad aislada. De acuerdo con cifras recientes del INEGI, “más de 33 mil adolescentes fueron imputados por delitos en el país en el último año disponible” y “alrededor del 80% son hombres” (INEGI, 2025). Esto no es casual: habla de una forma específica en que la violencia se construye socialmente y como atraviesa a los hombres. El propio sistema penal juvenil evidencia sus límites. Según diagnósticos retomados por organizaciones de justicia juvenil, “solo una parte de los adolescentes recibe sanciones privativas de libertad” (Reinserta, 2022), mientras que muchos enfrentan procesos prolongados. Más preocupante aún: como ha señalado la organización Reinserta, “uno de cada cuatro adolescentes privados de la libertad no cuenta con una sentencia firme” (Reinserta, 2022). Es decir, ni siquiera el castigo que se exige funciona con claridad ni eficacia.
En ese contexto, la pregunta no es solo qué hizo este adolescente, sino qué condiciones hacen posible que un joven de 15 años llegue a ese punto.
El fenómeno incel —aunque todavía poco estudiado en México— no surge en el vacío. Se alimenta de frustraciones, aislamiento, rechazo y una construcción de la masculinidad que vincula el valor personal con el dominio y el control sobre las mujeres. Como explican diversos análisis académicos sobre cultura digital, estos espacios funcionan como “comunidades de resentimiento donde la exclusión se transforma en agravio colectivo” (Kimmel, 2017; Nagle, 2017).
Pero reducir el problema a “la ideología incel” sería tan simplista como reducirlo a la personalidad del adolescente. En México, los adolescentes en conflicto con la ley suelen hacerle frente a contextos marcados por la desigualdad y exclusión social, violencia familiar y/o abandono institucional. Como advierte UNICEF México, muchos de estos jóvenes “han crecido en entornos donde la violencia no es la excepción, sino parte de su vida cotidiana” (UNICEF México, 2021).
Frente a esto, la respuesta punitiva resulta limitada y, en muchos casos, contraproducente. El sistema de carcelario juvenil, lejos de garantizar reinserción, puede profundizar la exclusión. De acuerdo con diagnósticos de organizaciones civiles, estos espacios “tienden a reforzar trayectorias delictivas más que a interrumpirlas” (Reinserta, 2022).
Encerrar a un adolescente puede satisfacer una demanda inmediata de justicia, pero también puede ser una forma de evitar preguntas más incómodas.
Porque la criminalización individual tiene un efecto doble: castiga al joven y, al mismo tiempo, absuelve al entorno. Permite pensar que el problema está “en él”, y excluye las condiciones sociales, institucionales y estructurales que desencadenaron este hecho tan doloroso e injusto de muchas formas. Esto es particularmente grave cuando se trata de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Estigmatizarlos y aislarlos no solo limita sus posibilidades futuras: reproduce el ciclo de violencia que se busca erradicar.
Nada de esto implica minimizar la gravedad del feminicidio ni relativizar el daño a las víctimas y sus familias. Cada vida arrebatada deja un vacío profundo, y la justicia debe reconocer ese dolor mientras busca prevenir que la violencia se repita, además de incidir en las condiciones que permitieron que esto sucediera
Si realmente se busca prevenir y atender la violencia feminicida, es necesario ampliar el enfoque. Incorporar una perspectiva de género no solo significa generar condiciones dignas para que las mujeres y niñas vivamos libres y sin violencia —lo cual es urgente—, sino también intervenir en la socialización de los hombres desde la infancia. El patriarcado no solo oprime a las mujeres: también moldea a los hombres bajo mandatos de dureza, silencio emocional y dominio. Como señalan especialistas en salud mental y género, a muchos adolescentes “nunca se les enseñó otra forma de habitar sus emociones” (Connell, 2005; UNICEF México, 2021).
Aunque el alumno es adolescente, la Fiscalía de Michoacán refiere que el Ministerio Público buscará que el joven sea juzgado como adulto, principalmente por la gravedad del delito que se le atribuye y basándose en casos similares. Sobre este tema, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció en su conferencia matutina “El caso de ayer es muy doloroso en muchos sentidos, uno pues la muerte de las maestras a manos de este jovencito con un arma larga. Toda la situación tiene que atenderse de manera integral”
La respuesta no puede ser exclusivamente penal. Se requieren políticas integrales: acceso a programas de salud, comunitarios, reducción de desigualdades sociales, exclusión social, acompañamiento y procesos de sensibilización a juventudes y sus redes de cuidado en entornos físicos y digitales donde circulan discursos de odio,
La realidad de Michoacán no es una anomalía. Es un reflejo de dolores e injusticias profundas y complejas lamentablemente cotidianas. Únicamente castigar al adolescente sin atender las causas de estructurales no solo es insuficiente: es una forma de garantizar que la violencia continúe.
*Andrea es Psicóloga comunitaria. Se especializa en procesos psicosociales y forenses con niñeces, juventudes y sus redes de cuidado
