Las instituciones encargadas de prevenir la violencia familiar, desde su área de competencia, no cuentan con información pública respecto a las acciones que han ejecutado para disminuir el delito, así como su respectiva evaluación
Fernando Merino Noriega / LadoB
La violencia familiar incrementa año con año en Puebla y los datos respecto a los programas emprendidos para prevenirla, así como sus resultados, no son de acceso público. Esta información no está disponible en los apartados de transparencia de las instituciones, y al ser solicitados directamente a las y los funcionarios, estos piden que se agote la vía de solicitud de información para acceder a ellos, pese a que muchos tienen plazos de suspensión debido a la pandemia por COVID-19.
Además, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (Idhie) de la Ibero señala que tampoco hay un seguimiento adecuado de los casos de violencia familiar que les ha tocado acompañar, en especial donde las mujeres son víctimas de este delito, pues cuando se emite una orden de protección y esta concluye: no verifican que el riesgo haya desaparecido, lo cual pone en peligro a las víctimas.
Para empezar, es importante destacar que hay una Ley de Prevención, Atención y Sanción de la Violencia Familiar para el Estado que establece que son las Secretarías de Gobernación, Educación Pública, y Salud; la Fiscalía General de Estado, el Sistema Estatal DIF, el Instituto Poblano de la Mujer y la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla, quienes deben emprender las estrategias para disminuir la violencia familiar, pero estas no han tenido resultados positivos, al menos eso es lo que evidencian las estadísticas.
Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) revelan que este delito aumentó un 0.53 por ciento en 2020, respecto al 2019. El incremento del delito de 2019 a 2020 apenas alcanza medio punto porcentual, pues el año pasado se abrieron 9 mil 125 carpetas de investigación (CDI) por este ilícito, mientras que en 2019 fueron 9 mil 77.
Sin embargo, esta tendencia al alza ha permanecido en los últimos cinco años. De 2018 a 2019 el aumento fue del 24.4 por ciento; de 2017 a 2018 el incremento fue del 15.31 por ciento; de 2016 a 2017 el aumento fue del 13.2 por ciento; y de 2015 a 2016 el incremento fue del 11.1 por ciento.
Y la misma opacidad se encuentra en las comparecencias ante el Congreso de las y los titulares de las dependencias que tienen un papel importante para prevenir, y disminuir, la incidencia de este delito, pues no brindan datos concretos sobre los resultados de las acciones que están obligados a emprender.
Ese es el caso del titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gilberto Higuera Bernal, quien no brindó mayor información sobre la prevención del delito durante su comparecencia, el 9 de febrero, ante el Congreso.
A pregunta expresa: “¿Qué campañas se han implementado para prevenir el delito de violencia familiar y cuántas han sido las campañas para impulsar la cultura de la denuncia sobre el delito de violencia familiar?”, formulada por la diputada Guadalupe Esquitin Lastiri (MC), Higuera Bernal no contestó y se limitó a dar algunos datos generales sobre del delito.
En el caso de Mónica Díaz de Rivera Álvarez, titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva (SIS), dijo durante su comparecencia, el 25 de enero, que en 2020 emprendieron diversos programas para prevenir la violencia familiar en contra de las mujeres, entre ellos “Por una cultura libre de violencia” 一que estuvo dirigido a niñas, niños y adolescentes, y que tenía el fin de informar sobre el tema con diversos foros y talleres lúdicos一, pero no brindó más detalles en materia de prevención.
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