Jaime Armendáriz / Raíchali
Los tribunales y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) representan uno de los principales impedimentos en México para que a los pueblos indígenas se les reconozca plenamente el derecho a la autonomía y libre determinación, aun y cuando el país está adherido a varios tratados internacionales que los garantizan.
En un foro realizado por la organización Alianza Sierra Madre, que ha acompañado luchas por el territorio indígena en comunidades como Choréachi, municipio de Guadalupe y Calvo, se tuvo esa coincidencia del mal actuar desde el Poder Judicial en el país, con una visión de activistas y juristas con luchas similares en otras partes del país.
Magdalena Gómez Rivera, abogada especialista en derecho indígena y maestra fundadora de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), consideró que en México se está entre la formalidad y la realidad jurídica frente a los derechos históricos de las comunidades.
Esto es porque se tienen normas constitucionales, está firmado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de Derecho de los Pueblos Indígenas, además de contar con tribunales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero desde los tribunales mexicanos se complica hacer valer el derecho pleno
Una de las causas principales son criterios que desde lo nacional hacen complejo la llegada a la Corte de los casos abanderados por las comunidades
La reforma al artículo 1° Constitucional del 2011 marcó un parteaguas para los derechos humanos y pueblos indígenas, al colocar a todos en un bloque paralelo, explicó Magdalena Gómez, pero aún existen problemas para hacerlo valer.
Y es que esa modificación no se dio propiamente por criterios de la Corte, sino por el impulso y la exigencia desde la sociedad civil organizada para darle carácter a los tratados internacionales.
“La Corte zigzagea para mal. Tuvo que reconocer que la mayoría en el Poder Judicial nunca habían leído los tratados internacionales”, precisó la también integrante de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, Miembro de la Junta Directiva del Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA).
Recordó que el desconocimiento quedó evidenciado desde 1997 cuando el entonces ministro Juventino Castro, hoy fallecido, acudió a una reunión a La Paz, Bolivia, para compartir resoluciones en materia indígena, con avances sustantivos en Colombia y en el mismo país sede del encuentro.
Mientras que el jurista mexicano presentó una ponencia de apenas media cuartilla, y dijo que no habían emitido resoluciones en materia indígena porque no llegaban hasta la Corte y acabó cargando la responsabilidad a las organizaciones defensoras de los pueblos.
Todavía en 2013, ese máximo órgano jurídico del país emitió, en una contradicción de tésis, que si bien es cierto que los tratados y convenios internacionales se equiparan a la Constitución, siempre debe prevalecer ésta última cuando exista alguna restricción que contradigan las normas internacionales.
“Con ese criterio desarmaron la fuerza de la reforma al 1° constitucional y la esperanza de tener un derecho de los pueblos indígenas más fuerte. Siempre se cree que llegará un ministro ponente a encauzar el derecho debido pero no sucede”, abundó Gómez.
En su opinión, la tarea de las comunidades es reivindicar los mecanismos internacionales, y hacer uso de los pactos como el de Derechos Civiles y Políticos, y el de derechos Económicos y Sociales, ratificados por México desde los 80´s, que incluyen un artículo primero que dice que todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación para su situación política, cultural y económica.
Para Orlando Aragón Andrade, abogado, historiador y antropólogo, profesor investigador en la UNAM de Morelia, parecía que existía un avance jurídico en los años recientes, al conseguir sentencias desde tribunales electorales en favor de las comunidades para sus derechos políticos, pero desde la Corte siempre se ha tenido una actitud “reacia” con resoluciones contrastantes.
Aragón fue abogado como parte de la estrategia de controversia constitucional en 2012 para el autogobierno del municipio de Cherán, y se logró llevar a juicio al Congreso del Estado de Michoacán y al entonces mandatario Fauso Vallejo, por reformas hechas que establecían la consulta a los pueblos indígenas como una atribución solamente, y no como una obligación.
El proceso determinó la nulidad de la reforma y se reconoció al gobierno mayor de Cherán al igual que un municipio, aunque la propia sentencia tuvo argumentos pobres, recuerda Orlando.
Precisó que con eso se da cuenta que una de las grandes dificultades en México es que la efectividad de los derechos dependen de los tribunales. “Vamos 20 años atrás”, añadió.
En ese municipio de Cherán se logró la escalada del autogobierno a lo municipal pero hay otros sub municipales. Aun así, el llamado autogobierno se concibe como un instrumento útil para defender el territorio, para ir contra la corrupción de las autoridades y luchar contra el crimen organizado. “El pueblo reivindicó las funciones de un gobierno”, precisó.
Pero del 2018 a la fecha, tribunales como el electoral del Poder Judicial de la Federación, que anteriormente había dado fallos interesantes y benéficos para comunidades indígenas, hoy se ha retraído.
El análisis de Orlando es que la llegada de un presidente con fuerza social, como es el caso de Andrés Manuel López Obrador con más de 30 millones de votos en el 2018, algunas instituciones como el Poder Judicial trata de acomodarse a la imagen del Poder Ejecutivo.
“Antes que había presidentes con una mayor debilidad, se veía como, por ejemplo, el Tribunal electoral se atrevía a más, pero hoy no tienen ningún tipo de ánimo de ir más allá de hacer interpretaciones sistémicas”, subrayó.
En el conversatorio organizado por Alianza Sierra Madre, compartió que una estrategia seguida por ellos es tener nuevas herramientas para luchar por la libre determinación y autonomía, con reformas a las leyes orgánicas municipales, que si bien no son directamente a la Constitución, si se basan en la Carta Magna y en el derecho internacional.
Otro de los ponentes, Juan Carlos Flores Solis, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos-Puebla-Tlaxcala, puntualizó que el gobierno parece más preocupado pos hacer a un lado los derechos de las comunidades más que por garantizarlos, y por eso cada vez más se mantiene la depredación desde las empresas a los recursos naturales, que conlleva casos como tala clandestina, desapariciones, desplazamiento forzado y demás.
“El gobierno quiere seguir los intereses del capitalismo, de las empresas transnacionales. Y el tema jurídico es básicamente una lucha de poder, sobre todo porque existen las instituciones que se relajan por la legitimidad que tiene el presidente”, expresó.
Eso queda evidenciado con las sentencias para el llamado proyecto integral Morelos, en beneficio de una termoeléctrica para el uso de agua de las comunidades. “Son sentencias absurdas”.
Estamos bajo una lógica de poderes económicos, no de derecho, insistió, e hizo referencia a una reforma que intentó el Gobierno Federal el año pasado a la Constitución en materia de pueblos indígenas, sin que al final se lograra “porque no dejaba contento a nadie”.
La propuesta que él hizo es caminar el derecho en los juzgados, pero también en las calles, en foros, en medios de comunicación, para que se observe la falta de criterios históricos en México.
En este sentido, Isela González, directora de la asociación civil Alianza Sierra Madre, adelantó que justo el siguiente año la Corte tendrá en sus manos un reto enorme, de conocer un caso emblemático de Chihuahua, como es la resistencia indígena de Choréachi para ser reconocida como poseedora ancestral de más de 32 mil hectáreas en el municipio de Guadalupe y Calvo.
