Jaime Armendáriz / Raíchali
A finales de enero se presentó en el Congreso del Estado una propuesta de reforma a la Ley Estatal de Educación, para permitir a padres de familia detener contenidos en las escuelas cuando consideren que son contrarios a “sus convicciones éticas, morales o religiosas”.
Ese planteamiento ha provocado polémica por la contradicción con respecto a la Constitución Mexicana, leyes generales y diversos tratados internacionales con enfoque de Derechos Humanos que contemplan derechos de las niñas, niños y adolescentes.
En las últimas semanas se han observado varias manifestaciones a favor y en contra de la modificación legal, solicitada por la diputada del PRI y exintegrante de la bancada de Encuentro Social (PES), Marisela Sáenz Moriel.
La más reciente se dio este miércoles, por un grupo de activistas en contra de la norma, el cual acudió a la torre legislativa, en el Centro Histórico de la ciudad de Chihuahua, para entregar un documento firmado por 730 personas mayores de edad, 11 adolescentes y 16 grupos y colectivos.
Ahí se encuentran estudiantes, trabajadores/as de la salud, de educación, derecho humanistas, artistas, gestores de cultura, feministas, regidoras, diputadas, senadoras, secretarias de gobierno, entre otras.
Menores de edad que estuvieron en la protesta alzaron la voz y exigieron que los diputados respeten las leyes para tener una educación basada en la ciencia y que garantice su reconocimiento como sujetos de derecho.
La propuesta de la diputada la analizaron como un “veto” de los padres de familia hacia los contenidos educativos, lo cual limita la acción pedagógica del profesorado, el pleno acceso del reconocimiento de sus derechos a la niñez y la juventud chihuahuense, expusieron.
Dos de los aspectos que ven con mayor preocupación es la perspectiva de género y la educación sexual integral. “Somos conocedores de la profusa red de fundamento jurídico que avala e impulsa el hecho de que, en la educación, se tenga como obligación la incorporación de una y otra”.
Al respecto calificaron de contradictorio que se quiera legislar en el contexto estatal con respecto a los planes y programas de la educación mexicana, puesto que hacerlo, es contravenir a la Ley General de Educación.
“Evitar en la escuela el abordaje sobre temáticas referentes a la igualdad entre hombres y mujeres y a la educación sexual y reproductiva atenta contra las niñas, niños y adolescentes chihuahuenses, reconocidos legalmente como sujetos de derecho; además, claramente deja en la indefensión a esta población en lo que se refiere al abuso sexual, embarazos adolescentes situaciones en las que Chihuahua tiene preocupantes porcentajes y vulnera los derechos de quienes tienen orientación sexual diferente a la heteronormativa”, señalaron.
Padres podrían detener contenidos si va contra convicciones éticas, morales o religiosas
La propuesta busca modificar el artículo 130 de la Ley Estatal de Educación para “garantizar el derecho preferente de los padres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”.
La diputada Sáenz indica que por ello es necesario que los padres den autorización sobre los contenidos “que sean contrarios a sus convicciones éticas, morales o religiosas”.
En el texto que será cuestión de debate en el Congreso se establece que los centros educativos deberán informar a los padres con 30 días a las charlas, talleres o materias “que sean ética y moralmente controvertidas para ser autorizados”.
A esa autorización se le denomina PIN Parental, y la justificación de la legisladora es que el modelo educativo actual no ha demostrado eficacia para reducir tasas de embarazo adolescente, prevalencia de enfermedades sexuales y disminución de abusos sexuales a temprana edad.
Para ella, los talleres hacia menores de edad en la actualidad “responden a un modelo obsoleto que no ha funcionado que pretende disminuir la fecundidad en adolescentes, dando como solución el uso de anticonceptivos y preservativos y que además erotizan a los menores en las escuelas y colegios”.
El documento por Oficialía de Partes el 29 de enero, mismo que se turnó el 04 de febrero a la comisión de Educación y Cultura, y el pasado 13 de julio se pasó a comisiones unidas de Educación y Cultura y de Juventud y Niñez.
Es decir que entre ambos grupos legislativos, conformado en total por 9 diputadas y diputados, tendrán que llevar el debate para argumentar a favor o en contra de la propuesta: Marisela Terrazas, legisladora del PAN, Martha Lemus de Encuentro Social, Lourdes Valle, Humberto Chávez y Gustavo de la Rosa, integrantes de la bancada de Morena, Rocío Sarmiento y Arturo Parga de Movimiento Ciudadano, Deyanira Ozaeta del PT, y René Frías, de Nueva Alianza y actual presidente del Congreso.
En contra de la Constitución y otras leyes
La Secretaria del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes Chihuahua, envió el pasado 26 de junio un documento al Congreso local para evidenciar que la iniciativa va en contra de la Constitución Mexicana, leyes generales y diversos tratados internacionales con enfoque de Derechos Humanos de los cuales México es parte.
En esas normas se contempla el derecho de las niñas, niños y adolescentes a una educación obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica, y una educación sexual y reproductiva basada en la ciencia, con respeto irrestricto de la dignidad de las personas.
Esto implica que los planes y programas de estudio deben contar con una perspectiva de género y orientación integral, “la cual debe ser impartida en consonancia con la evolución de las facultades, dirección y orientación apropiada a niñas, niños y adolescentes, sin que ello pueda justificar limitación, vulneración o restricción alguna en el ejercicio de sus derechos”, indica.
En el documento enlistan como ejemplo la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua, la cual establece que la educación sexual integral se deberá impartir conforme a la edad, el desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, abordando conocimientos sobre la reproducción humana, planificación familiar y prevención de enfermedades de transmisión sexual, entre otros.
También refiere a la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), que señala que los menores de edad necesitan información y educación sobre todos los aspectos de la salud para poder adoptar decisiones fundamentadas en relación con su estilo de vida y el acceso a los servicios sanitarios, la cual debe impartirse como parte esencial del plan de estudios de la escuela.
Por su parte la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) lamentó ese tipo de iniciativas a 30 años de la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño por la Organización de las Naciones Unidas y de las recomendaciones emitidas por el Comité de los Derechos del Niño a México.
Además de Chihuahua, también existen debates similares en Querétaro y Veracruz, para condicionar el ejercicio del derecho a la información sobre sexualidad, salud sexual y reproductiva, a la autorización previa y expresa de sus madres, padres y personas que ejercen la tutela para que puedan recibir esos contenidos en las escuelas.
Ese organismo precisa que el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza que los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá, entre otros contenidos, la promoción de estilos de vida saludables y la educación sexual y reproductiva, con lo cual se garantiza el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Mientras que el Comité de los Derechos del Niño pone la necesidad de que se preste una atención especial a las cuestiones relacionadas con la sexualidad, así como a los tipos de comportamiento y estilos de vida de la niñez y las adolescencias, aun cuando no sean conformes con lo que la sociedad considera aceptable según las normas culturales imperantes en un determinado grupo de edad.
La CNDH indica que la Suprema Corte de Justicia de la Nación puntualiza en varias diversas sentencias que la niñez y las adolescencias necesitan información y educación sobre todos los aspectos de la salud para poder adoptar decisiones fundamentales en relación con su estilo de vida y el acceso a los servicios sanitarios.
También que si bien los padres tienen el derecho de educar a sus hijos conforme a sus convicciones, “lo cierto es que el ejercicio de la patria potestad se encuentra constreñido a la observancia de los derechos de la niñez y adolescencia a fin de atender a su interés superior”.
“Le recordamos a todas las personas legisladoras que los derechos humanos no pueden ser sometidos a consulta”, subrayó la CNDH en un comunicado de prensa emitido el 11 de julio pasado.
Se les incita a la promiscuidad y se normaliza la conducta homosexual, argumentan grupos conservadores
Para los grupos conservadores, como la Coalición de Actores Sociales (Sumas), la opinión de los padres de familia debe ser preferente para la educación de sus hijos, al considerar que existen prácticas actuales que “confunden” a los menores.
Ponen como ejemplo que la “Cartilla de Derechos Sexuales y Reproductivos de Niños y Adolescentes” tiene “información falsa, incorrecta y en donde como método de planificación familiar se promueve el aborto y se les incita a la promiscuidad”.
Además aseguran que hay contenidos que expone a los niños y adolescentes a una hipersexualización temprana, “se les incita a cuestionar y escoger una “identidad” sexual de entre más de 112 géneros que registra la ONU, normalizando así la conducta homosexual”.
Para tener mano en los contenidos educativos alegan que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el día 16 de diciembre de 1966, contempla en su artículo 18 que “Los Estados parte en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo a sus propias convicciones”.
Mientras que del artículo 3 de la Ley de Educación a nivel nacional extraen que “El Estado fomentará la participación activa de los educandos, madres y padres de familia o tutores, maestras y maestros así como de los distintos actores implicados en el proceso educativo y en general de todo el sistema educativo nacional”.
