Chihuahua.- “Señores, lo logramos. En 30 minutos la Guardia Nacional los va a dejar entrar y tienen que ver que se cierre la compuerta. Esto es gracias a esta pinche unión”, fueron las palabras que detuvieron las casi 48 horas de protestas y trifulcas en Ojinaga en contra de una nueva extracción en la presa El Granero.
Desde el lunes, productores y ciudadanos de la región tomaron el puente internacional Ojinaga-Presidio ante la reunión que sostendrían autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), del ayuntamiento de Ojinaga, así como el delegado de la Secretaría de Bienestar, Juan Carlos Loera.
A la par, se tomó la caseta Chihuahua- Ojinaga y, en Camargo, más productores cerraron las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El movimiento en defensa de El Granero se reactivó el domingo por el anuncio que realizó Conagua sobre una nueva extracción en la presa para el pago del Tratado de Límites y Aguas entre México y los Estados Unidos.
Pero el conflicto no es nuevo. La guerra por el agua de El Granero inició con el 2020 en el Twitter del diputado panista Mario Mata Carrasco, quien denunció que la presa estaba casi vacía “por la insensibilidad de Conagua”.
A partir de ahí, tanto agricultores y líderes de la región, como políticos y actores sociales, emprendieron varias protestas para impedir que el agua se destinara para los estados de Nuevo León y Tamaulipas, como para el Tratado con Estados Unidos.
En este lapso las manifestaciones han terminado en golpes en por lo menos tres ocasiones y, ayer, en Ojinaga, las agresiones alcanzaron al delegado federal, cuya camioneta en la que se trasladaba a una mesa de diálogo con agricultores, fue volcada.
La persecución inició con el ataque al vehículo y los de sus acompañantes y continuó hasta la plaza principal del pueblo, en donde, molestos, los productores y ciudadanos que exigían el cierre de las compuertas de la presa incendiaron otros dos vehículos oficiales.
En un comunicado, Morena reprobó los hechos violentos y culpó al Partido Acción Nacional de las agresiones contra el delegado en Chihuahua:
Hacemos responsable al Partido Acción Nacional y en particular al diputado federal Mario Mata por los hechos violentos ocurridos hoy, pues resultan de la campaña mediática de desinformación que él ha generado, para polarizar y confrontar a los agricultores contra Morena y contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La violencia ha sido instigada por Acción Nacional, que mediante fotografías y videos tomados a modo desinforma desde hace meses sobre la extracción del agua de las presas, además la posición política que han tomado respalda la violencia por encima del diálogo y la razón, sin que busquen de verdad una solución al Tratado Internacional de Aguas de 1944.
La reunión comenzó, pero no se alcanzó el diálogo entre los presentes. La postura de los funcionarios del gobierno federal se mantuvo en que es necesario pagar el Tratado y en garantizar que el agua para el ciclo agrícola está garantizada.
Los productores y agricultores, en contraste, no cedieron a una nueva extracción a la presa que, según cifras de Conagua, el domingo presentaba presenta un almacenamiento de 177 millones de metros cúbicos, volumen que asegura el agua para los agricultores de Ojinaga para el presente ciclo agrícola.
Para las 21:38 del martes, desde el balcón de la presidencia municipal se escuchó la voz de uno de los representantes de los agricultores que anunciaba el triunfo del movimiento y pedía a los presentes detener la quema de unidades.
Si bien, el Tratado con Estados Unidos se firmó en 1944, los productores explicaron que el problema principal es que no hay transparencia en el pago de agua ni garantía de que el ciclo agrícola, además, sospechan que el agua es en beneficio para un particular.
Aunque el conflicto se disolvió, los productores y agricultores sostuvieron que no hay una resolución definitiva y que no darán su brazo a torcer pues, insistieron en que, “si se llevan el agua, Ojinaga pierde su vida”.
Durante el mes de abril, el Gobierno Federal publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación para establecer como un asunto de seguridad nacional la utilidad pública de los recursos hídricos superficiales y del subsuelo.
En el artículo 2 del decreto se indica que para contribuir con la mitigación de la sequía, los titulares de concesiones podrán ceder o transmitir temporalmente sus derechos durante la emergencia, todo con la finalidad de priorizar el consumo doméstico y público.
Ante ello productores se pronunciaron desde entonces contra ese decreto, al verlo como un posible recurso para legalizar la extracción de agua de Chihuahua y enviarla a otras entidades.
Cuando se hizo esa publicación Salvador Alcántar, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua (Aurech), especificó que Conagua no ha logrado argumentar técnica ni legalmente la extracción de agua para el supuesto pago de tratado de agua, y ahora existe el riesgo de hacerlo con esa herramienta jurídica.
El problema radica en que la propia federación, si sabía que se venía éste problema, porque lo sabían, tuvieron un error en autorizar el plan de riego y ahora están notificando para darle salida al derecho humano al agua, señaló ante medios Alcántar.
Con ello no negó que el uso público urbano esté por encima del agrícola, sino que criticó que se haya permitido una cosecha a Tamaulipas superior a su capacidad de riego, y ahora que ya utilizaron el recurso de la cuenca del Bravo, buscan agua de otros estados para garantizar el consumo general.
